Politica de descentralizacion

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
GESTION AMBIENTAL LOCAL

DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL

Ing. GAL. LOURDES PABLO

POLITICA DE DESCENTRALIZACION

Grupo No. 2

Ilssy Adriana Palacios Cifuentes.  201630296

Sonia Nohemí Ola Aguilar. 201630359

Marilyn Stefani Gómez Mazariegos.201630685

Irma Rosario Veletzuy Santos. 201631505

José Miguel Quiche López. 201631075

INTRODUCCION

 A lo largo de la historia, el centralismo ha hecho que las entidades subnacionales estén en lucha constante por ganar autonomía y tener más independencia administrativa. En los últimos 20 años, los debates sobre si éstas debían continuar subordinadas al poder nacional originaron un movimiento para exigir que se les otorgara una serie de responsabilidades en la planeación y administración de programas, planes y proyectos para el desarrollo regional y local, acordes a sus necesidades. Así surgió la descentralización, con el objetivo principal de brindar más autonomía a quienes por décadas dependieron de una autoridad central.

a descentralización es un proceso multidimensional que tiene dinámicas políticas, fiscales y administrativas. En términos generales, se define como un proceso de trasferencia organizada y ordenada del gobierno nacional o central a otra autoridad o institución subnacional o local, con atribuciones gerenciales y capacidades para administrar recursos humanos, económicos y financieros regionales, departamentales o municipales, con el fin de mejorar la eficiencia del Estado en cuanto a la redistribución social, con programas que enfrenten la pobreza, aumenten la participación ciudadana y reduzcan la corrupción; en definitiva, tiene el propósito de lograr mayor gobernabilidad democrática.

Desde esta mirada, emprender una descentralización obliga a los gobiernos locales a establecer alianzas entre los demás ámbitos gubernamentales enfocados a satisfacer las demandas políticas localizadas. En este sentido, como lo propone, las "políticas" se ocupan de las esferas consideradas como "públicas", lo que hace que la idea de las políticas públicas presuponga la existencia de una parte de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva, aspecto que contribuye a disminuir la brecha de inequidad territorial y social prevaleciente.

En este sentido, la descentralización se orienta a mejorar la planeación local, para solucionar las necesidades reales de las poblaciones, buscando la corresponsabilidad de la sociedad civil con una participación dirigida tanto a apoyar las decisiones de los gobiernos en programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida, como a la elaboración de propuestas para perfeccionarlos. Por ende, es necesario que los gobiernos estatales, municipales y centrales le den a la descentralización el peso que tiene en la planeación y diseño de políticas públicas con la colaboración social, lo que sólo se logra manejando relaciones intergubernamentales que permitan una acción coordinada.

OBJETIVOS.

Objetivo general:

• Investigar la política nacional de descentralización en Guatemala, a través de fuentes de información verídicas.

Objetivos específicos:

• Analizar la política nacional de descentralización y el proceso del mismo en Guatemala.

• Identificar las instituciones y organismos involucrados en el proceso de la descentralización.

• Identificar y analizar la finalidad de la política nacional de descentralización.

POLÍTICA NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN

El proceso de descentralización en Guatemala ha ido avanzando desde 1986 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que le dio un renovado impulso y contenido al proceso, permitiendo contar con un marco normativo de la organización y gestión de las instancias subnacionales de gobierno, estableciéndose condiciones para una nueva relación de los gobiernos municipales y el Organismo Ejecutivo, y entre estas instituciones y la ciudadanía, en aras de la democratización del Estado y de la sociedad.

La Política Nacional de Descentralización, se sustenta en la Constitución Política de la República de Guatemala, desarrollado a nivel de las normas ordinarias y reglamentarias por el Decreto 14-2002 "Ley General de Descentralización, publicado el 13 de mayo de 2002; el Acuerdo Gubernativo 312-2002 "Reglamento de la Ley General de Descentralización", publicado el 16 de septiembre de 2002 y; el Decreto 11-2002 "Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural", publicado el 15 de abril de 2002.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) es la entidad responsable de la programación, dirección y supervisión de ejecución de la descentralización del Organismo Ejecutivo.

Asimismo, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), coadyuva en las labores de la política de descentralización de la SCEP, como Secretaría Técnica dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, de acuerdo a sus competencias.

Todos los planes y programas que se ejecuten en el marco de la modernización del Estado y del proceso de descentralización son formulados tomando en cuenta el carácter pluricultural de Guatemala y la construcción de la interculturalidad, valorando la diversidad como una oportunidad para trascender hacia el porvenir.

En tal sentido, se ha establecido la Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo, el 25 de mayo de 2005 con la finalidad de impulsar a través de la implementación de esta Política  la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo (SISCODE) para la formulación de una política integral nacional de desarrollo urbano y rural y del ordenamiento territorial.

1. Presentación

Con base en el mandato legal prescrito en la Ley General de Descentralización, el Gobierno de la República ha formulado la Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo, para dar una orientación de largo plazo al proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo. Esta política tiene en cuenta y basa sus programas en el hecho que los habitantes de los departamentos y municipios, pueden definir mejor las medidas que los benefician o los afectan, por lo que el proceso de descentralización promoverá los instrumentos que institucionalicen la descentralización socioeconómica, con la transferencia real de competencias y atribuciones, recursos económicos y poder de decisión, desde el gobierno central hacia las municipalidades, por ser las instancias de gobierno más cercanas a la población. De esa forma, tanto la administración central como las municipales, podrán efectivamente basar sus acciones en las propuestas que emanen de la conciliación de intereses entre las diferentes expresiones de la sociedad. El proceso de descentralización, bajo la visión planteada en esta Política, se constituirá en el medio idóneo para el combate a la pobreza y para la consolidación de la democracia. Sin embargo, su éxito depende de los esfuerzos compartidos y decididos del Gobierno Central, gobiernos municipales, sociedad civil, iniciativa privada y otros agentes del desarrollo local.

1. Antecedentes

La demanda por la descentralización es anterior a la Constitución Política de la República vigente; los constituyentes al aprobarla, establecieron los lineamientos del proceso de descentralización. Es necesario puntualizar su origen constitucional para comprender su diseño y correlato reciente, las leyes denominadas de descentralización, desarrollo social y participación ciudadana y los contenidos de la presente política, así como para poner en evidencia la base legal existente para agilizar y profundizar el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo. Con menor rapidez que la deseada, el referido proceso ha ido avanzando desde 1986. La firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera le dio un renovado impulso y contenido al proceso al punto de promover en la sociedad, los partidos políticos y la academia, un esfuerzo que permitió contar con un marco normativo de la organización y gestión de las instancias subnacionales de gobierno, que al mismo tiempo establece condiciones para una nueva relación de los gobiernos municipales y el Organismo Ejecutivo, y entre estos y la ciudadanía, en aras de la democratización del Estado y de la sociedad.

La Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo se sustenta en el gran movimiento social, político y jurídico por medio del cual se emitieron las leyes de descentralización, proceso que retoma con responsabilidad el actual Gobierno de la República en aras de reconocer que a las demandas sociales debe corresponder una acción política que trascienda los relevos del mandato político expresado en las urnas.

El Organismo Legislativo reconoció en abril del año 2002, la necesidad de legislar para dotar al país de instrumentos normativos que permitieran configurar en el nivel legislativo ordinario y reglamentario, los mandatos constitucionales relacionados con la descentralización, como vía para fortalecer la democratización y permitir al Estado, a través de las entidades del Organismo Ejecutivo, modernizar su acción social mediante una gestión descentralizada, territorial, de sus obligaciones constitucionales.

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