Politicas Para Un Crecimiento Con Equidad

POLÍTICAS PARA UN CRECIMIENTO CON EQUIDAD

Este ensayo plantea una aproximación a las políticas necesarias para un crecimiento con equidad en tres ejes de reflexión. La primera parte discute los conceptos y principios generales que deben servir para orientar las políticas públicas orientadas al desarrollo y la equidad, asi como una visión global de los problemas nacionales.

La segunda parte se concentra en la economía y plantea un esquema de análisis y propuestas de política a nivel macro, para promover un crecimiento con mayor equidad, favoreciendo el empleo en el sector capitalista y el crecimiento en el sector de subsistencia. La tercera y última parte está dedicada a las zonas que concentran las mayores tasas de pobreza, la sierra y selva rurales, mediante el análisis de las condiciones geográficas y sociales de la baja productividad de los pequeños productores rurales y el planteamiento de alternativas para elevar esa productividad como la clave para reducir su pobreza por ingresos.

Desarrollo, equidad y políticas sociales

¿Cuál es el objetivo último que tenemos en nuestras políticas públicas?

Desde nuestro punto de vista, el objetivo del desarrollo es mejorar la libertad y las capacidades de las personas, es decir el rango de sus funcionamientos posibles, de manera sostenible. Un enfoque de desarrollo humano como este pone énfasis en la salud, la educación, la participación ciudadana en las decisiones colectivas en democracia, la integración en la vida social y el poder gozar de un medio ambiente no contaminado o destruido. El acceso a bienes y servicios, que es lo que miden los ingresos reales y de alguna manera el PBI, puede ser útil para lograr esos funcionamientos básicos y muchos otros, pero son solamente un medio para ello y puede haber muchos otros factores que los amplíen o reduzcan.

El llamado “enfoque de derechos”, basado en los derechos humanos, es una base conceptual básica a considerar para las políticas públicas. El enfoque de derechos tiene amplias bases comunes con el enfoque de libertades y capacidades, o desarrollo humano.

Hay tres consideraciones propias de un enfoque de derechos que vale la pena resaltar, por sus implicancias sobre las políticas sociales. Una primera consideración a tener en cuenta es que estos derechos en algunos de sus aspectos son de cumplimiento progresivo, dado que el Estado no puede comprometerse a lograr que toda la población peruana tenga, por ejemplo, una atención de salud integral en forma inmediata. Ello, sin embargo, no hace que la obligación del Estado de ese cumplimiento progresivo sea menor. Así, el derecho a la educación, por ejemplo, implica que el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles por asegurar, en el menor plazo posible, que efectivamente todos los ninos peruanos tengan acceso a una educación básica de calidad.

Una segunda consideración a tener en cuenta es que el avance en la realización de esos derechos debe evaluarse desde la situación de los sectores menos favorecidos de la sociedad. El criterio básico de equidad en los derechos es que estos son iguales para todos. Para decirlo de una manera, no hay derecho realizado si no lo es para todos; beneficio para algunos no es derecho. Dado que en nuestro país existen todavía sectores sociales marginalizados y excluidos cuyo acceso, por ejemplo, a una atención de salud es mínimo, ello implica que el derecho a la salud en el Perú es casi inexistente.

Una tercera consideración a resaltar es que la participación ciudadana es parte fundamental de los derechos sociales. Solamente profundizando la democracia se lograran los derechos sociales, con una ciudadanía activa y participante que haga oír su voz La participación ciudadana exige que la ciudadanía se organice en una sociedad civil autónoma y potente. Por un lado, esta debe ser autónoma, relacionada con el Estado y con los partidos políticos, pero diferenciada de ellos, con identidad y funciones propias. Por otro lado, debe articular la voz ciudadana de manera sectorial para proponer políticas públicas y dialogar alrededor de ellas, participar en la gestión y vigilar los compromisos asumidos por el Estado y por los partidos.

En el marco de estas tres consideraciones, una lógica de derechos quiere decir lo siguiente:

1) que el Estado promueve activamente que toda la población, y ojo, decimos toda, pueda gozar de condiciones básicas de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social; es decir, se establece un piso general para el desarrollo humano;

2) que el Estado tiene como primera prioridad y dedica sus mayores esfuerzos a ampliar y mejorar esas condiciones básicas, levantando ese piso;

3) que esas condiciones básicas y esos logros buscados para todos, decididos tras una consulta y decisión democrática, son explícitamente informados por el Estado, de tal manera que la gente sabe cuáles son sus derechos y, por lo tanto, tiene una base para exigirlos.

Esta lógica está ausente en el Perú, debido las siguientes razones:

a) Salvo algunas atenciones de salud muy básica —como vacunaciones— y una educación primaria de baja calidad, no hay servicios públicos que lleguen a más del 90% de la población.

b) Las prioridades, tanto de la política económica como de la política social, no son levantar ese piso mínimo para llegar a los excluidos.

c) En la mayoría de programas sociales no hay compromisos claros por parte del

Estado, o cuando los hay estos son sistemáticamente incumplidos sin ninguna consecuencia jurídica o política, por lo que predomina una distribución discrecional de los beneficios.

En este marco, está claro que una política de derechos sociales en el Perú demanda lo siguiente:

1. Una amplia discusión y una decisión democrática sobre los derechos que queremos

Y podemos asegurar en el corto, mediano y largo plazo.

2. Una política tributaria orientada a recaudar más impuestos de una manera equitativa, de tal manera de aumentar los recursos orientados a la realización de los derechos.

3. Del modo anterior, aumentar significativamente el gasto social, en particular el gasto en educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social.

4. Orientar ese mayor gasto hacia los grupos excluidos

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