PROYECTO EQUIDAD Y POLITICAS EDUCATIVAS

Proyecto Equidad y Políticas Educativas

Principales interrogantes

Primeras aproximaciones a las dimensiones constitutivas de evaluación para programas socio-educativos y algunos interrogantes fundamentales como construcción de lo educativo-ético:

Compartimos las consideraciones respecto de que la evaluación de programas y servicios públicos puede constituir una herramienta útil de reforma, racionalización y mejora cualitativa de la intervención pública en la sociedad, que permite extraer enseñanzas positivas para acciones futuras y, que su mérito no está tanto en la naturaleza de la investigación como en la relevancia de la información producida en cada caso concreto(1), pero además creemos que está, fundamentalmente, en la relevancia social de las transformaciones producidas en cada caso (en términos de valores o disvalores, capacidades desarrolladas o perimidas, ampliación o disminución de los ámbitos de decisiones participadas, plurales, e incluso de autodeterminación relativa y desarrollo de proyecto común en construcción). Si bien la evaluación permite producir información para la discusión y negociación de las nuevas formas de intervención pública e información útil para pasar cuentas y hacer ciertos balances de situaciones (Ballart); la evaluación también se vincula con la producción y fortalecimiento o no de actitudes y capacidades relacionadas con la participación y reflexión respecto del “juego democrático” en torno a discrepancias y consensos posibles acerca de las diferentes perspectivas, intereses, posibilidades, derechos y disposiciones de los actores sociales en relación con el control de las acciones, recursos y decisiones, por una parte, y la capacidad de debatir y decidir finalidades, bienes, por el otro (tanto por sí misma, como por los diseños e implementación de los programas).

En este sentido, su carácter público debe predominar sobre el de informar a un organismo (meramente administrador) de sumatorias de unidades. La evaluación es en sí misma instancia de lo educativo, ya que en ella se intercambian y validan sentidos y significados en torno a fines y a medios, a usos, deseos y procesos, se construye y también se critica lo común.

La evaluación de programas, entonces, implicaría también propósitos de carácter formativo, ético y político, además de los administrativos y técnicos. A los que pretenderíamos integrar el conjunto de interrogantes que se presentan como pertinentes a la reflexión ética en función de los socio-educativos, pues consideramos que dichos interrogantes permitirán no sólo aportar información a fin de decidir respecto de la continuidad, corrección, culminación o cambios en ciertas políticas o programas concretamente, sino analizar qué producen los mismos y desde qué supuestos morales relevantes, normatividades y finalidades se diseñan, implementan y evalúan; desde una perspectiva que además de rescatar lo teórico-metodológico, rescata lo público-ético.

Dichos criterios serían pertinentes a las nociones de justicia y bien particulares (o en su relación con principios universales), a la producción en el ámbito de lo público de sentidos y significados morales específicos implicados en la constitución del sujeto moral y de las instituciones sociales, que permiten conformar y/o consolidar actitudes y prácticas(2), en este caso educativas y sociales.

Nuestra intuición es que en el desarrollo de cualquier programa social en el actual contexto socio-político-económico de complejidad y cambio creciente, se requiere (además de estimación de efectos netos, medición de resultados, mecanismos de control, análisis económicos y políticos, entre otros aspectos que proponen los distintos modelos) el análisis y discusión acerca de aquellas nociones, concepciones, principios, valores, vinculados a la ética pública, constitutivos de las diferentes dimensiones y decisiones implicadas en los programas socio-educativos, tanto en su diseño, implementación y evaluación, lo que creemos podrá contribuir a los debates necesarios en torno a las nuevas construcciones sociales, la calidad de los servicios en función de lo que se estime como constituyendo valor en cada caso concreto, y los procesos de toma de decisiones respecto, fundamentalmente, de las situaciones preocupantes de pobreza, exclusión, desigualdad, fragmentación y conflicto social.

Las actividades de evaluación estarían llamadas a apoyar y clarificar las implicancias de las distintas decisiones, aportando información significativa a y desde diversos actores sociales involucrados en dichos procesos, de manera de permitir a éstos efectuar decisiones mejor fundadas entre opciones o alternativas que puedan explicitarse de cierto modo. Ante la alteridad de la acción y de las situaciones sociales, develar y discutir fundamentos implícitos en los programas, en su construcción y en su producción social, permitirá decisiones que tiendan a explicitar necesidades, objetivos, finalidades, valoraciones, expectativas, para mejorar la calidad de los instrumentos (intentando prevenir fracasos, desviaciones, consolidación o promoción de “disvalores”, reproducción de injusticias, mal-estar, etc.) de intervención y de evaluación. Para ello, la evaluación no podría contentarse con medir la magnitud relativa de los resultados (sus desviaciones con respecto a lo esperado), sino que debería además, en la medida de lo posible, proveer pistas explicativas e interpretativas respecto de la multiplicidad de causas y posibles consecuencias involucradas en los problemas sociales y educativos, implicando dimensiones políticas, económicas y éticas. En esta forma las evaluaciones son capaces de alimentar y retroalimentar circuitos de construcción a la mera implementación y control de lo implementado, adquiriendo valor como elementos indispensables en un proceso de aprendizaje y producción social de sentidos y significaciones relevantes en pro de la construcción de proyectos comunes, incluyentes.

En este marco, estaríamos intentando proponer una serie de interrogantes (sólo interrogantes) que permitan tematizar y problematizar algunas de las relaciones que creemos merecen un tratamiento en este sentido al interior de las evaluaciones (no pretendemos “resolver” esos problemas, sino abrir caminos que permitan complejizar las investigaciones y análisis evaluativos, desde la reflexión ética hacia -lo que constituye nuestro ya expuesto supuesto- la complejidad del objeto educativo en su construcción ética y política).

Las evaluaciones que se realizan con mayor frecuencia sobre proyectos socio-educativos se centran en el producto de la distribución y obvian el proceso de determinación del problema y de la distribución misma. Esa parcialidad supone

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