EDUCACION ESPECIAL

DE LA EDUCACION ESPECIAL A LA EDUCACION INCLUSIVA

La escuela de integración surge como una opción innovadora frente a la escuela anquilosada tradicional y excluyente; se define por su apertura y aceptación en las aulas regulares, a alumnos sin distinción de sexo, edad, origen social, situación económica, pertenencia social o étnica, así como a alumnos con necesidades especiales de aprendizaje que, tradicionalmente, eran excluidos o expulsados de la escuela regular.

Tratar el tema de la educación inclusiva implica considerar una transformación de la sociedad excluyente para que, en la construcción permanente de la democracia y la participación ciudadana, se dé la inclusión de todos los sectores de la sociedad, sin distinción de condición económica, sociocultural, étnica, de género o de posición política. La construcción de esta nueva sociedad conlleva la participación de todos los ciudadanos, de las autoridades gubernamentales y de las instituciones sociales, incluida la educación como institución, que puede favorecer la equidad y la justicia social hacia los excluidos no sólo del sistema educativo sino de la sociedad misma.

Cualquier estereotipo conlleva la segregación y el menoscabo de la dignidad de las personas. Por ello, la escuela inclusiva constituye una innovación y una apertura democrática para aceptar a los miembros de todos los sectores sociales.

Convivir y actuar según el enfoque de la inclusión social es un proceso que requiere el involucramiento, acciones coordinadas, unificación de criterios de todos y cada uno de los actores sociales, desde el ámbito gubernamental hasta los “encargados” de la formación de los educandos en las escuelas.

Una de las características de la sociedad incluyente es la apertura de las escuelas a toda la población, de manera que todos los que lo desean tengan cabida y puedan acceder a una educación de calidad, permanecer en el sistema, participar en todas las actividades y prácticas socio-educativas, como parte integrante de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

Equiparar oportunidades, reducir las barreras al aprendizaje, atender a la heterogeneidad y satisfacer las necesidades de todos los alumnos(as) es un reto difícil de lograr, especialmente cuando insistimos en etiquetar, separar, distinguir o discriminar. La escuela inclusiva no surge de la nada, sino que hay un largo camino previo que se ha tenido que recorrer, desde la idea de educación especial, a la de escuela de enseñanza especial, pasando por la escuela de integración, atención a personas con necesidades especiales de aprendizaje y llegando a la idea contemporánea de escuela inclusiva.

Sin embargo, para lograr una escuela incluyente requerimos construir una sociedad incluyente, en la que todos quepamos, con nuestras diferencias y particularidades, con nuestras dotes y habilidades, con nuestros conocimientos e ignorancias. Una sociedad democrática no de nombre, sino en la práctica, que haga sentir a todos sus miembros, a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones para participar de la vida política, económica, social, cultural, con acceso a todos los servicios particularmente salud, educación y vivienda. Una sociedad que dé cabida a todos sin importar condición social, ni sexo, edad, creencias u origen étnico, y todos tengamos los mismos derechos y obligaciones sin privilegios ante la ley y de ninguna clase; esa es una sociedad inclusiva, que brinda oportunidades para todos, sin la ideología de que ofrece las mismas oportunidades a todo mundo o que hace iguales, porque, de hecho, existen diferencias, no sólo las mencionadas anteriormente, sino también de capacidades intelectuales, de intereses, de oportunidades sociales y de preparación remota, en otros términos, existen clases sociales. Una sociedad incluyente es, pues, la sociedad que acepta en su seno a los miembros de las distintas clases sociales, sin discriminación, sin exclusión ni limitaciones para el desarrollo personal y colectivo.

La escuela desempeña un papel fundamental en la transformación de la sociedad, en el tránsito de la sociedad reproductora hacia la sociedad de la transformación productiva con equidad y justicia; por ello, debe ser el pivote en torno al cual gire la política de la inclusión social, de manera que la sociedad se vea reflejada en ella y se construya como modelo de democracia, libertad y tolerancia activa y creativa, es decir, en modelo de aceptación y de respeto total a las diferencias.

La Conferencia Internacional sobre “Educación para Todos” (EPT) de Jomtien, en 1990, constituye un parteaguas en la política educativa internacional y, por consecuencia, en México, como miembro de la UNESCO, puesto que establece que todos los habitantes del mundo tienen derecho a la educación1 y a la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. De manera indirecta hace alusión a la escuela inclusiva, ya que no es privativo de los menores en edad escolar, sino se extiende también a los adultos sin o poca escolaridad, lo que implica necesariamente la apertura de las escuelas a todos los demandantes, sin distinción de condición social o física.

En síntesis, la escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, respetando la diversidad y atendiendo a las necesidades de cada uno de forma diferencial, además de un espacio de integración social, donde se conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al “diferente”. Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr su plena participación e integración social y productiva en el mundo adulto.

La educación escolar conlleva la formación ciudadana, que “implica que las personas se involucren en las cuestiones que atañen a su comunidad, sea en el ámbito familiar, el laboral, el social y respecto de las esferas de poder”.5 Este involucramiento significa también la solidaridad entre los miembros de una comunidad escolar, por ejemplo, de manera que la responsabilidad de la educación recae no solamente sobre el profesor, sino sobre los alumnos mismos, las autoridades, los padres de familia y las autoridades civiles, es decir, sobre el conjunto de la sociedad. Por tanto, la educación inclusiva implica la responsabilidad de todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje y el apoyo hacia niños y niñas con necesidades educativas específicas, sin necesidad de etiquetarlas como discapacidades motoras, visuales, auditivas, etcétera, sino simplemente de denominarlas como necesidades educativas específicas.

Estas propuestas fueron retomadas por el Consejo de Especialistas para la Educación de la SEP, a finales del sexenio 2000-2006, como un punto central para la agenda educativa de México para la justicia y la equidad.

Estos principios se resumen en:

1. Equidad y justicia educativas. Lograr la educación para todos los niños y jóvenes del país. Brindar igualdad de oportunidades educativas como factor para reducir la injusticia social y tratar de reducir la brecha entre los grupos sociales privilegiados y los marginados.

2. Ampliación de la cobertura y crecimiento de la escolaridad media de la población. Se trata de brindar oportunidades de acceso y de calidad educativa principalmente a las zonas marginadas de mayor pobreza y de difícil acceso.

3. Calidad educativa. Una educación de calidad adecuada a las necesidades de los diferentes grupos puede contribuir a superar el círculo vicioso de la pobreza.

La política educativa referente a los niños con necesidades educativas especiales en todos los países no ha sido congruente a lo largo de la historia: desde una concepción separatista, segregacionista de creación de recintos especiales para niños con algún tipo de discapacidad, hasta la escuela de integración, sin tener en cuenta qué es la integración escolar, cómo se puede llevar a cabo y qué tipo de modificaciones curriculares se deberían haber hecho para lograrlo e, incluso, qué tipo de formación se debería dar a los maestros en formación y qué clase de capacitación a los que estaban en ejercicio; tampoco se pensó en dotarlos de auxiliares que apoyasen su labor en el aula cuando contaban con alumnos de estas características.

La democracia en la educación pasa primero por el acceso a la escuela, de modo que ningún ciudadano se quede sin escolaridad y todos –niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, discapacitados o no– satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje.

La política de inclusión implica que todos los ciudadanos sean reconocidos como reales y o potenciales colaboradores y participantes en la búsqueda colectiva de soluciones de cualquier tipo de problemas. Para ello se requiere de la apertura necesaria para generar una cultura de tolerancia, aceptación de la diversidad, de manera que todos, sin restricción alguna, tengamos acceso a ellos.

En el caso de los niños y niñas con NE, éstos deben ser tratados en el mismo plano de igualdad con equidad y respeto.

La USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) es la encargada –por una parte– “de apoyar el proceso de integración educativa de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, en las escuelas de educación inicial y básica de las diferentes modalidades educativas”.

Para entender la evolución de la escuela tradicional hacia la escuela inclusiva, es importante hacer un breve recorrido por la concepción tradicional de lo que se consideraba como discapacidad o

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