LEGITIMIDAD

La Legitimidad.

Entendemos por legitimidad la creencia en la validez de un determinado orden político, que se vincula con la garantía del cumplimiento del ejercicio de dominación.

considera que la legitimación es un proceso de reestructuración de las expectativas mediante procesos fácticos de comunicación, lo cual nos lleva a pensar que, la legitimidad es la condición mediante la cual la ciudadanía siente que sus expectativas serán manifiestas mediante los candidatos que ha elegido para que le represente. La legitimidad como tal, ayuda a crear en el animus de las personas la idea de que sus gobernantes lo son debido a su apoyo, y esto lo manifiestan en el cumplimiento de las disposiciones legales.

La legitimidad es un vocablo utilizado con propiedad por sociólogos,

políticos y abogados, cada uno de ellos tiene connotaciones particulares del uso de esta palabra, por ejemplo cuando gobernó caldera en su segundo mandato entre 1994 y 1999, gano con el equivalente al 12% del voto del electorado, razón por las cual se intento crear la matriz, que era un presidente ilegitimo(punto de vista social) sin embargo, con este lastre a cuestas logro gobernar y terminar su periodo constitucional sin acudir a los cuerpos represivos del estado(punto de vista político) y la victoria que obtuvo, aunque fue pírrica,

fue obtenida en base a las leyes que rigen los procesos electorales en Venezuela ( punto de vista legal)La gobernabilidad es hija de la interaccion positiva entre pueblo y gobierno, en la medida que el gobierno otorgue , respuestas oportunas y eficaces a las demandas de justicia social de las mayor ias, este se fortalece

yhace viable el proyecto de pa is,

, en tal sentido la Constitución, Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela

, otorga a los mandatarios dos herramientas que utilizadas convenientemente harán posible la gobernabilidad del país La corresponsabilidad y la participacion ciudadana.Los esfuerzos realizados desde el gobierno central para asegurar la paz social han tomado en cuenta estos factores y en tal sentido existe un viraje total y absoluto destinado a empoderar al pueblo de estas herramientas como

ú nica manera de asegurar la gobernabilidad, realidad estaque se ha venido logrando a traves del traspaso paulatino del poder a lo sectores populares que se han organizados para tal fin.

Gobernabilidad

se constituye en un espacio político en el que concurren, disputan o se equilibran distintas fuerzas sociales.

En este sentido, la justicia y la gobernabilidad representan un factor de vital importancia en el momento histórico que estamos viviendo en Venezuela, en el que el Poder Judicial y, en especial, el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en la caja de resonancia de los problemas de gobernabilidad que nos ha tocado vivir, cuya función parece consistir con frecuencia, no sólo en dirimir disputas, sino también en resolver problemas que otras instituciones no afrontaron, no pudieron o simplemente no trataron de manera satisfactoria.

La importancia social y política debe, sin duda, tomarse en cuenta entre las características que comparten todas las democracias, aunque se manifieste de diversas formas y sobre todo, con diferente intensidad.

La función judicial tiene, pues, un núcleo político, cuya amplitud varía al cambiar los contextos concretos y el tipo de disposiciones que el Juez tiene que interpretar y aplicar.

Por ello, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, el Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido en una instancia requerida ampliamente por diversos sectores de la sociedad en demanda de protección de sus derechos y ante la necesidad de la interpretación de las nuevas normas constitucionales que ahora nos rigen.

Al respecto, al Tribunal le ha correspondido asumir la tarea histórica de hacer los ajustes necesarios sobre la base de los principios y valores de la Constitución para garantizar la gobernabilidad democrática. De ahí la importancia y, a su vez, la responsabilidad que implica para cada uno de los Magistrados y Magistradas, entender a la hora de sentenciar, que en gran medida depende de nosotros, con la mayor transparencia, tender puentes entre los ciudadanos y sus instituciones para que no se pierdan jamás la esperanza y la confianza.

De conformidad con el artículo 6 de la Constitución, “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático”.

La Democracia, desde su surgimiento tiene entre sus presupuestos implícitos o explícitos dos fundamentos esenciales: la Igualdad y la Equidad, a fin de que los ciudadanos puedan participar activa y conscientemente en la cosa pública.

Cuando hablamos de Igualdad, es porque entendemos que todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, raza o credo, deben tener sus necesidades materiales e inmateriales básicas satisfechas; cuando nos referimos a la Equidad, consideramos que todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso al disfrute de los derechos humanos; y en la medida en que estas dos condiciones no estén cumplidas, la democracia carece de un elemento legitimador, lo cual incluso puede llevar a constituir una amenaza para su permanencia.

Por su parte, la gobernabilidad se refiere a la legitimidad y a la eficacia, características de un Estado de Derecho.

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ofreció en 1997 un concepto complejo sobre gobernabilidad, según el cual, cito: "es el ejercicio de dirección de los asuntos de la nación, llevado a cabo por la autoridad política, económica y administrativa. Es el conjunto de mecanismos, procesos e instituciones mediante los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y concilian sus diferencias".

Efectivamente, la gobernabilidad democrática se sustenta en el conflicto político, a la vez que lo regula, proveyendo un marco regulatorio e institucional para su resolución.

"la democracia es un proceso y método de gobierno marcado por la confrontación continua de opiniones, la negociación y la búsqueda de equilibrios". La democracia ofrece procedimientos e instrumentos institucionalizados para resolver conflictos, con reglas y normas definiendo el campo de lo posible de la interacción política.

Vista de este modo, la gobernabilidad democrática viene entendida como la capacidad de los gobiernos para ejercer el poder político democrático de forma continua en condiciones de legitimidad, especialmente en circunstancias de crisis.

El contexto democrático actual, exige una gobernabilidad con responsabilidades compartidas e impone la imperiosa necesidad de lograr el consenso requerido para reformar la arquitectura institucional del Estado y contribuir mancomunadamente a la definición de verdaderas políticas públicas al servicio de la justicia y de los ciudadanos.

En este orden de ideas, el fortalecimiento de la cultura y de los comportamientos democráticos tiene que sustentarse en principios directivos articulados en un código de conducta para la gobernabilidad democrática, para guiar la acción gubernamental y la conducta de la política. Estos principios se basan en: la inclusión; la participación; la responsabilidad política; la transparencia en la acción pública y el Estado de derecho y la independencia efectiva de los Poderes, en particular del Poder Judicial, para garantizar la aplicación consistente e imparcial del derecho.

Con la combinación armoniosa de legitimidad y eficiencia de las políticas públicas, estaremos garantizando un desarrollo humano sostenible con justicia social para reducir la vulnerabilidad económica, política y social de nuestra democracia emergente, en la que han tenido lugar cambios importantes en su modelo de gobernabilidad y desarrollo.

En todo sistema social, la acción colectiva se produce conforme a una estructura institucional, por ello, la calidad de la gobernabilidad está íntimamente ligada a la naturaleza del contexto institucional que subyace tras la relación entre los distintos actores que conforman la sociedad, es decir, la aplicación de la Constitución y las leyes en igualdad de condiciones y oportunidades.

El liderazgo se constituye, entonces, en un elemento clave del desarrollo y del cambio institucional para el desarrollo humano; el liderazgo en la gobernabilidad y en el desarrollo debe necesariamente generar transformación y solamente así se mantiene en movimiento a la sociedad.

Como señala Joan Prats3, el liderazgo requerido para el cambio institucional exige visión. La formulación de la visión requiere: la comprensión de los intereses a corto y largo plazo de un amplio espectro de actores sociales; una percepción afinada de los equilibrios implicados en los arreglos institucionales vigentes y conciencia suficiente de los impactos que las tendencias y fuerzas de cambio actuales y futuras van a tener sobre la sociedad y sus principales actores. Lo decisivo no es que la visión sea innovadora, sino que esté en sintonía con los intereses y motivaciones de amplias audiencias.

En este sentido, los liderazgos en la gobernabilidad democrática requieren de capacidad para tratar adecuadamente el conflicto y convertir demandas, valores y motivaciones conflictivas en cursos de acciones coherentes, que competirán en la arena política con otros planteamientos alternos.

Es aquí, donde quiero resaltar la importancia de los jueces y juezas, como administradores de justicia, ya que somos los llamados a garantizar y a aplicar en forma progresiva, los valores expresos o implícitos que contiene nuestro sistema de convivencia social, la cual nos permite avanzar hacia la consolidación de la justicia.

Los Jueces y Juezas tenemos un compromiso permanente e irrenunciable con la democracia participativa y el estado social de derecho; y la eficacia del sistema de administración de justicia.

Esta es la misión que magistrados, magistradas, jueces y juezas debemos cumplir para conservar el equilibrio y la armonía de la gobernabilidad democrática en Venezuela.

Estamos conscientes del proceso de cambio y de transformación política, social, económica, educativa, cultural, que actualmente vive nuestra patria.

Cuando hablamos de la democracia, nos referimos a los principios y valores que rigen a la sociedad y a las instituciones del Estado, y en este sentido, no existe democracia sin ciudadanía.

Como bien lo plantea la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cito: “...Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por los principios democráticos y someterse a ellos.”. Fin de la cita.

En estos últimos días afloró con vehemencia la necesidad de establecer un diálogo, debido a las confrontaciones que se han suscitado en el escenario venezolano.

En la noción de Estado de Derecho la legalidad significa que las reglas de juego estén claras para la sociedad y para el Estado.

En la situación actual venezolana, uno de los supuestos del Estado de Derecho, que cobra mayor importancia, es el referido a la independencia y autonomía de las instituciones para que las mismas puedan servir al cumplimiento de una serie de funciones esenciales; esto significa el poder ejercer el control político jurisdiccional y administrativo de los actos de los poderes públicos, control que debe estar orientado a garantizar el respeto a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a la legitimidad de las instituciones.

Igualmente significa que, en función del equilibrio interinstitucional, no puede haber un Poder que se sobreponga a otro, sino que debe existir armonía en las funciones de estos Poderes Públicos.

La colaboración entre los poderes es vital y es un mandato constitucional.

Así, en la nueva Constitución se define la organización jurídicopolítica que adopta la Nación venezolana como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Esto supone que la definición de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia conforma elementos que deben interpretarse de manera interdependiente e indivisible convirtiéndose así el ejercicio de los poderes públicos en su horizonte ético, es decir, son conceptos unívocos que reflejan la voluntad de la sociedad.

De manera que la nueva Constitución nos plantea conjugar los elementos que constituyen el Estado con los valores superiores del ordenamiento jurídico.

En las circunstancias actuales, en el desarrollo de una nueva institucionalidad, nos ha correspondido crear e implementar su funcionamiento.

El reto planteado es que en definitiva esta institucionalidad pueda cumplir con independencia y autonomía su función de equilibrios necesarios para el fortalecimiento del Estado de Derecho.

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