Legalidad Y Legitimidad

La legitimidad y la legalidad

El recuento que hasta ahora hemos efectuado nos conduce a la necesidad de aclarar dos conceptos importantes para la cabal comprensión del poder estatal y para enlazar la teorización efectuada con la del apartado siguiente relativa al Derecho. Se trata de los conceptos de legitimidad y de legalidad, el primero propio de la política y el segundo del Derecho.

En el párrafo inmediatamente anterior se dijo que el Estado detenta el uso de la fuerza legítima. Con lo cual se hace énfasis en que la sola utilización de la fuerza no es suficiente para sustentar y mantener el poder estatal, es necesario que quienes obedecen dicho poder tengan razones para aceptarlo. La legitimidad se refiere precisamente a esta idea que tiene que ver con las razones por las cuales las personas aceptan y justifican un poder político. Si revisamos la historia podemos encontrar diversos fundamentos de la legitimidad del poder político: la divinidad, esto es la creencia de que el poder político deviene de Dios, modelo de legitimidad que se dio en gran medida durante la edad media; el carisma del líder, modelo de legitimidad del cual se encuentran ejemplos aún en el mundo contemporáneo y, como característico del Estado moderno encontramos la legitimidad basada en la legalidad. Lo cual genera como resultado la identificación entre legitimidad y legalidad.

Cuando el Estado moderno, asumió el carácter de Estado de derecho, la legitimidad del poder ejercido por el Estado se fundamentó en su sometimiento a la legalidad, en dos aspectos: quienes ejercen el poder estatal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad en el origen del poder; pero además dicho poder debe ser ejercido conforme a lo establecido en la ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, se trata de la legalidad en el ejercicio del poder9 .

El Estado de Derecho significó así la opción por el "gobierno de las leyes", opuesto al gobierno de los hombres. Dicha opción implica tanto gobernar conforme a las leyes como gobernar mediante las leyes, esto es, normas de carácter general válidas para toda la comunidad política.

No obstante, en la actualidad se estima que la sujeción a la legalidad no es ya suficiente para hacer del poder estatal un poder legítimo, por eso podemos afirmar que ese modelo de legitimidad está en crisis. Hoy se considera que es necesario además, que la ciudadanía participe ampliamente en la toma de decisiones y que el Estado sea eficaz en la satisfacción de las necesidades sociales.

Entre la legalidad y la legitimidad

Posted on 17 de February, 2011 by Carlos Th

Parto de la existencia de un concepto muy preciso: la legalidad. Lo legal es aquello que permite u ordena la ley vigente de un estado, dentro de la jurisdicción de tal estado. Algo se puede hablar de leyes internacionales, pero estos son más acuerdos entre los estados que se convierten en legislación interna.

[]La legitimidad, por otro lado, es un concepto abstracto que no se refleja necesariamente en las leyes, sino que es dictado por la ética, entendiéndo como ética a un conjunto de comportamientos y normas sobre lo que pensamos que es correcto o no. Aunque hay quienes hayan intentado establecer una “ética universal”, la verdad es que existen diferentes escuelas éticas y formas de ver la ética lo que conlleva a que existan diferentes formas de interpretar qué es legítimo y qué no.

En algunos casos la legitimidad y la legalidad van de la mano. La mayor parte de las filosofías éticas condenan el homicidio y el robo, siendo estos así medios ilegítimos para obtener resultados e, igualmente, la mayor parte de las legislaciones procriben el homicidio y el robo como actos ilegales penalizables. Homicidio y hurto hablados en términos generales, porque hay casos en los cuales filosofías y legislaciones permiten que un ser humano pierda la vida en manos de otro ser humano, o que permita que una propiedad sea transferida sin contraprestación ni la voluntad de ceder del propietario original.

Ejemplo de estos últimos son la pena de muerte, las muertes en combate o el embargo de bienes.

Una conversación que tuve durante mis vacaciones en enero planteaba un interesante dilema. Muchas ideas políticas actuales plantean que un estado debe funcionar como una empresa. Los bienes públicos deben ser bien administrados. Las actividades poco lucrativas deben ser abandonadas y las actividades que pueden hacer mejor empresas externas pueden entregarse en outsourcing. Algunos de estos planteamientos son base del así llamado neoliberalismo. Pero llevados estos planteamientos al extremo podríamos tener un estado con una corrupción muy baja y con unas finanzas impecables, pero que ha abandonado algunas de las premisas de ser estado. Por ejemplo, la capacidad de servir a la población vulnerable. (Aunque, desde luego, hay filosofías políticas que consideran a las poblaciones vulnerables como pesos muertos que evitan el progreso del resto de la sociedad.)

Entonces, si no podemos llegar a un estado que se autofinancie completamente, es necesario entonces que el estado imponga tributos sobre los súbditos o ciudadanos. El ciudadano se ve obligado a pagar estos impuestos y en contraprestación tiene un estado que le provee de vías, servicios públicos, bienestar y, sobre todo, de seguridad.

Pero los estados no son los únicos que hacen eso. El crímen organizado también lo hace. Las bandas de crímen organizado, llámense bacrim, autodefensas, pandillas, guerrillas, mafia, etc. exigen contribuciones obligadas a la población con el fin de financiar su causa y a cambio ofrecen algún servicio, sobre todo, de seguridad. Quien no acceda a pagar su contribución puede ser sancionado. El estado promete carcel a los evasores. Las Farc promete secuestrosretenciones. Otros, simplemente advierten que algo le podría pasar a su negocio si no paga la contribución. La seguridad que suelen prometer las bandas mafiosas son, principalmente, seguridad ante ellas mismas; aunque algunas mafias también ofrecen protección ante delincuentes comunes y otros indeseables. También ofrecen protección ante competencia desleal (como quiera que se quiera definir competencia desleal, por ejemplo un productor colombiano puede considerar un producto importado de China como competencia desleal y pedir al estadoa su mafia favorita que evite esas importaciones o en su defecto que imponga altos aranceles).

La legitimidad puede verse como aquello que hace aceptable que un estado imponga tributos e inaceptable que una mafia

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