Europa- En Riesgo El Principio De Neutralidad En Internet

Un cibernauta navega en Internet. Foto de Eduardo Miranda

BRUSELAS (apro).- Organizaciones que defienden el llamado principio de la neutralidad en Internet –el cual garantiza que gobiernos y compañías proveedoras del servicio den el mismo tratamiento a todos los flujos de datos sin discriminar la fuente, el destinatario, la plataforma de uso, el tipo de equipo o el contenido de la información– alertan sobre el intento en la Unión Europea (UE) de legalizar el incumplimiento de tal práctica.

Artículo publicado el 3 de enero de 2014 en la sección Prisma Internacional de la Agencia PROCESO

Ese riesgo existe si un comité del Parlamento Europeo adopta el próximo 27 de febrero un polémico texto de regulación para el mercado de las telecomunicaciones que propuso el pasado 11 de septiembre la comisaria Neelie Kroes a nombre de la Comisión Europea.

Pese a que su artículo 23.5 estipula que “los proveedores de los servicios de acceso a Internet no deben restringir las libertades (de comunicación) con el bloqueo, la desaceleración, la degradación o la discriminación de contenidos, aplicaciones o servicios específicos”, la propuesta de la Comisión Europea también autoriza el suministro de “servicios especializados (…) con una mejor calidad de servicio” (facilidades conocidas como Servicio de Calidad Garantizada).

En un análisis fechado el pasado 5 de diciembre, La Quadrature du Net –una asociación francesa sin fines de lucro que protege los derechos y libertades de los ciudadanos en la red–, explica que los ‘servicios prioritarios’ son aceptables en redes privadas siempre y cuando no interfieran con la competencia entre los servicios de Internet ya existentes.

El peligro de la propuesta de la comisaria Kroes, advierte, radica en que “se reutiliza ese concepto para ahora extenderlo en toda la red”.

En consecuencia, la Comisión Europea entregaría el control de tal forma de discriminación a las empresas proveedoras de acceso a Internet y a las grandes compañías de contenidos (como Google o Facebook), asegura la ONG, ya que, de acuerdo con el referido artículo 23.2, éstas serán autorizadas a “contraer acuerdos entre ellas para transmitir volúmenes de datos relacionados (…) con una definida calidad de servicio o capacidad”.

Afirma que esa diferenciación de servicios afectaría comunicaciones, usuarios y compañías, pues se verían subordinadas a los acuerdos comerciales entre actores dominantes de la economía digital, y ello “dañaría severamente la libertad de comunicación en Internet”, que se basa en el flujo de datos ‘de extremidad a extremidad’, o sin interferencias de gestión en su trayecto.

Además, la organización subraya que, en la práctica, las empresas más pequeñas serían marginadas si no cuentan con los recursos para comprar los servicios de alto nivel de las trasnacionales de Internet.

Críticas internas

Existe una “amplia oposición al proyecto de Kroes al interior de la propia Comisión Europea”, sostiene European Digital Rights (EDRi), una coalición de 35 organizaciones originarias de 21 países de la UE que divulgó un documento interno de aquella institución, filtrado en julio de 2013.

En ese documento de consulta –al que tuvo acceso Apro–, la Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales emitió una “opinión negativa” a la propuesta de Kroes (cuyo título oficial es Propuesta para una regulación que establece medidas para concluir el mercado único europeo de telecomunicaciones electrónicas y para lograr un continente conectado).

Ese departamento de la Comisión Europea –al igual que el de Empresa e Industria– criticó que la propuesta diera “derecho a los proveedores de contenidos a negociar con aquellos que ofrecen el acceso a Internet un tratamiento prioritario de sus propios contenidos en Internet”, lo que, cuestionó, tendría efectos discriminatorios y anticompetitivos, ya que redundarían en una reducción en la oferta de contenidos para los cibernautas.

La Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales concluyó que esas limitaciones al acceso de contenidos y servicios en Internet tendrían un “impacto negativo” sobre el artículo 11 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, relativo a la libertad de expresión y de información de los consumidores, lo mismo que sobre su artículo 38, que consagra un alto nivel de protección de los consumidores en las políticas de la UE.

A ese respecto, Internet se ha convertido, “cada vez más, por su naturaleza abierta, en un importante facilitador de los derechos humanos, especialmente de la libertad de expresión, pero también de la libertad de prensa, del acceso a la información y la libertad de asociación”, proclama la eurodiputada holandesa Marietje Schaake en el primer reporte de la Dynamic Coalition on Network Neutrality, cuya copia posee Apro.

Tal coalición la integra un grupo de expertos internacionales –entre ellos el mexicano Alejandro Pisanty, director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM– que abogan por esa causa. Su creación fue aprobada

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