ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Para que se cumpla la oferta comercial

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ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Para que se cumpla la oferta comercial

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Pago de los perjuicios ocasionados

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA-Definición/LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA-Acreditación

No acontece igual en cuanto a la legitimación en la causa material, pues ésta se predica de la acreditación, en debida forma, de la condición o calidad que dio origen al derecho cuya afectación legitima para instaurar la demanda, requisito necesario para dictar sentencia favorable al demandante cuya ausencia resulta suficiente para denegar las pretensiones de la demanda

PRUEBA-Carga procesal

Para acreditar la legitimación en la causa material, era necesario que la parte actora hubiese allegado, en debida forma y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la prueba idónea tanto del título como del modo que consolidan su derecho de propiedad, sin embargo tal obligación no fue cumplida

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No 022/ 2012

Bogotá, D.C., 1 de febrero de 2012

Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Dr. ENRIQUE GIL BOTERO

E.                S.                 D.

       Ref:        Proceso No 42.103 (13001233100020068002)

                      Acción de reparación directa

                       Actor: Jairo Guerra Chadid  

                      Demandado: Distrito de Cartagena de Indias y otro

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda.- JAIRO GUERRA CHADID, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda^[1] contra el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA y CORVIVIENDA, para obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“(…) se condene a las entidades demandadas a cumplir la oferta comercial, de que hemos dado cuenta en el capitulo de los hechos, al doctor JAIRO GUERRA CHADID en su condición de propietario, ordenando comprar en consecuencia el predio materia del asunto, en la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.C. actualizando dicha suma al precio actual, mediante el reconocimiento de los intereses moratorios y la inflación certificados por la Superintendencia Bancaria y el Banco de la República. Para tal efecto usted deberá declarar administrativamente responsable a la entidad COVIVIENDA y solidariamente al Distrito Especial Turístico y Cultural de Cartagena en virtud de la organización jurídica como se maneja la primera…”

1.2 Contestación de la demanda.

• El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena (fls 129 a 131 c. ppal), se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones:

• Falta de legitimación en la causa por pasiva.- pues advierte que la única  entidad competente para legalizar predios, es Corvivienda, establecimiento público del orden distrital, descentralizado, con autonomía administrativa y financiera. Que el Distrito de Cartagena no participó en la expedición de la oferta comercial que le fue presentada al demandante y tampoco comisionó a Corvivienda  para que actuara en ese sentido.

• Falta de legitimación en la causa por activa e inexistencia del demandante.- pues al revisar el folio de matricula inmobiliaria del predio objeto de la controversia, figura como propietaria la señora Carmen Helena Tamara de Guerra, por tanto sería la única legitimada para demandar en este proceso. En esa medida el señor Jairo Guerra Chadid, no se encuentra legitimado para demandar pues no probó la calidad de propietario del bien inmueble.

• Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.- pues no se aportó el instrumento público en el cual conste que el actor es el propietario del predio objeto del litigio.

• Haberse dado a la demanda un tramite diferente, que no corresponde a la acción instaurada.- pues la demanda ha debido tramitarse por vía de la acción contractual, toda vez que el asunto se refiere a un supuesto incumplimiento de un eventual contrato de compraventa entre la propietaria del inmueble y Corvivienda.

• El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital – CORVIVIENDA (fls 154 a 161 c. ppal), se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones:

• Inexistencia del demandante y falta de legitimación en la causa por activa.- Toda vez que el señor Jairo Guerra Chadid no probó la condición de propietario del inmueble objeto de la supuesta oferta comercial, y en esa medida no se encuentra legitimado para demandar.

• Inexistencia de la oferta comercial que se alega en la demanda.- Pues aquella no cumple con lo requisitos establecidos en el artículo 854 del Código de Comercio.

• Falta de jurisdicción.- Ya que conforme a lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 9 de 1989, la comunicación contentiva de una supuesta oferta de compra, no es susceptible de controvertir ante la jurisdicción contenciosa.

• El representante legal de Corvivienda no podía contraer obligación alguna respecto a oferta de compra de un bien inmueble, dada la inexistencia de apropiación presupuestal al no ser incorporada al presupuesto de Corvivienda y tampoco se cumplió con la realización de un avalúo comercial del predio objeto de la oferta.

1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Bolívar^[2], declaró administrativa, patrimonialmente y solidariamente responsables al Distrito Turístico  y Cultural de Cartagena de Indias y al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital CORVIVIENDA, por los perjuicios que con sus  omisiones causaron al demandante, señor JAIRO GUERRA CHADID.

Como consecuencia de la declaración anterior, condenó a las entidades demandadas a pagar por concepto de perjuicios, a favor del demandante, la suma de $2.500.000.000, que será actualizada. Ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Distrito de Cartagena la inscripción de esta sentencia en los folios de las matriculas inmobiliarias Nos 060-40579 hasta 060-40765 para que sirva de  título de transmisión de la propiedad a favor del Distrito Turístico  y Cultural de Cartagena de Indias y del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital CORVIVIENDA, respecto del predio mencionado.

Para el a-quo, la administración es responsable de los perjuicios causados al demandante, no solo por no cumplir con su deber de policía, al no repeler las ocupaciones de hecho de las que fue objeto los terrenos de propiedad del accionante, sino también por omitir el cumplimiento de la propuesta de negocio jurídico hecha al propietario del terreno.

En lo que respecta al incumplimiento de la oferta, precisó sobre su existencia y su respectiva aceptación por parte del apoderado del actor, lo cual la hace irrevocable y por ende corresponde  a las entidades demandadas darle cumplimiento y reconocer como indemnización por los perjuicios causados la suma de $2.500.000.000.

En escrito que obra a folios 570 a 571 del cuaderno 5, la parte actora solicitó complementar la sentencia, en sentido de resolver la cesión de derechos litigiosos a favor de Henta Inversiones Ltda. El Tribunal mediante proveído de 13 de mayo de 2011, procedió a complementarla “NOVENO: Dentro del presente proceso, existe cesión de derechos litigiosos entre el señor Jairo Guerra Chadid y la sociedad Henta Inversiones Ltda.; admitida por esta Corporación mediante providencia de 1 de diciembre de 2005. DECIMO: Sin costas”

1.4 Apelación.- Los apoderados de Corvivienda, del Distrito Turístico  y Cultural de Cartagena y el Ministerio Público (Procurador 21 Judicial II Delegado ante el Tribunal Administrativo de Bolívar) interpusieron recurso de apelación, el primero no lo sustentó.

• El Distrito Turístico  y Cultural de Cartagena de Indias (fls 583 a 587 c. 5) insiste en la prosperidad de las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva. En cuanto a la primera, porque no existe prueba alguna que acredite una conducta omisiva por parte del Distrito de Cartagena razón por la cual no es posible la declaratoria de responsabilidad administrativa en su contra, y respecto a la segunda, porque el demandante no acreditó la condición de propietario del predio objeto de la controversia.

• El Procurador 21 Judicial II Delegado ante el Tribunal Administrativo de Bolívar (fls 576 a 582 c. 5), aduce que el ofrecimiento hecho por el representante legal de Corvivienda no cumplió con los requisitos de ley y por ende no surtió efectos.

Que en el caso concreto operó la caducidad de la acción, pues el tema a resolver se concreta en la omisión de la administración de repeler la ocupación del bien del demandante, lo cual aconteció en el año 1978 y como la demanda se presentó en el 2002, concluye que se instauró cuando ya había operado la caducidad de la acción.

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