APELACION TUTELA DERECHOS

ESPECIALISTA        :  S. Paredes Mestanza

EXPEDIENTE Nº         :  027-2014-05-JIPO

CARPETA FISCAL        :  1306134500-2014-66-0

ESCRITO N°                :  02

SUMILLA                         : APELACIÓN DE RESOLUCIÓN                       N° 02 QUE RESUELVE IMPROCEDENTE TUTELA.            

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SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LA PROVINCIA DE OCROS.-

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OSWALDO JESÚS COTRINA HERBOZO, identificado               con D.N.I. N° 15637369, con domicilio real en la Av. Alfonso Ugarte N° 505 – Distrito y Provincia de Barranca, Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN EL JR. PROGRESO N° 446 - RESTAURANTE MARÌA &  JESÙS – PROVINCIA DE OCROS; en la investigación preparatoria seguida por EL MINISTERIO PUBLICO DE OCROS, en SUPUESTO agravio de ADASAPEJA  ilegalmente representado por LUIS SALECIANO SAENZ ASCENCIOS, ante Ud. con el debido respeto ME APERSONO, y de modo diligente alego:

1. PETITORIO

            Que, ME APERSONO, A LA SEGUNDA INSTANCIA, al amparo de mis Derechos Fundamentales a la Doble Instancia, y formular Critica de Resoluciones, regulado en el Artículo              139 inc. 6^[1] y 20) de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 414º inc. 1, Literal c) del NCPP^[2], y dentro del plazo legal establecido, INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN^[3] DE AUTO, contra Resolución inferior, de fecha 08/09/15, que resuelve declarar IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE TUTELA DE DERECHO -formulada por esta defensa técnica-, con el objeto que se eleven los actuados y con distinto criterio jurídico, su Despacho Superior, REVOQUE LA RESOLUCION APELADA, POR PRESENTAR VICIO EN LA MOTIVACIÓN EN SU MODALIDAD MOTIVACIÓN APARENTE, Y REFORMANDOLA,           DECLARE NULA LA APELADA, Y  FUNDADA LA TUTELA DE DERECHO –CONFORME                          A LOS FUNDAMENTOS VERTIDOS EN EL ESCRITO DE FECHA 21 AGOSTO DEL 2015,                     LA AUDIENCIA ORAL DEL 09.09.2015 Y LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN INCORPORADOS             EN DICHO ACTO DE AUDIENCIA ORAL- POR ACREDITARSE EVIDENTES VULNERACIONES           A LOS ACUERDOS PLENARIOS N° 04-2010/CJ-116 (FUNDAMENTO JURIDICO 10, 17 Y DEMÁS PERTINENTES QUE SON DOCTRINA LEGAL) Y N° 02-2010/CJ-116 DE LAS                      SALAS PENALES PERMANENTES Y TRANSITORIAS DE LA CORTE SUPREMA                                       DE LA REPUBLICA, Y EL ARTICULO 71°, SOBRE DERECHOS DEL IMPUTADO,  INCISO                        2) LITERAL E), EL MISMO QUE A LA LETRA DICE: “QUE NO SE EMPLEE EN SU                        CONTRA MEDIOS…CONTRARIOS A SU DIGNIDAD,…”, E INCISO 4) DEL NCPP, y al Debido Proceso, LEGITIMIDAD EN LA OBTENCIÓN -LICITA- DE LA PRUEBA -ergo elemento                          de convicción CERTIFICADO DE CONDUCCIÓN DE FECHA 03.01.2003, SUSCRITO POR EL JUEZ DE PAZ DE VENADO MUERTO, AARON VILLAORDUÑA CACERES, en favor de ADASAPEJA, siendo su presidente Luis Saleciano Saenz Asencios- que vician de ilicitud                     (la prueba prohibida cuestionada -certificados de conducción y no de posesión- y demás documentos por derivación, que han servido de base de sucesivas medidas, como de desalojo preventivo), las cuales desvirtúan  la presunción iuris tantum de los actos de investigación del Ministerio Publico de Ocros.

Petitorio que será sustentando conforme a los fundamentos facticos-jurídicos, que se expondrán a continuación:

1. VICIO DE LA MOTIVACIÓN APARENTE

La presente defensa técnica, ha detectado que el razonamiento del Ad quo, se encuentra viciado por motivación aparente, por cuanto no ha justificado porque resuelve improcedente, es decir, no ha valorado los aportes de nuestra solicitud de tutela de fecha 21.08.2015, así como lo expuesto oralmente por las partes procesales en acto oral de audiencia de fecha 09.09.2015, y los documentos incorporados                en dicho acto por el apelante, y fiscal inferior como LA LEY N° 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ,   EN SU ARTICULO 17, EL MISMO QUE ENTRÓ EN VIGENCIA RECIEN EN JULIO DEL 2012, SEGÚN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL SOBRE VIGENCIA, ASÍ COMO LA SEPTIMA DISPOSICIÓN FINAL DE DICHA LEY, Y SU REGLAMENTO VULNERANDO CON ELLO EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN Y ORALIDAD, máxime si en la apelada, se encuentra vacía de contenido al respecto, presentado en sus 2.6 considerandos, formulas vacías que NO HAN ANALIZADO ninguno de los argumentos planteados en nuestra solicitud, menos los han subsumido, o aceptándolos o rechazándolos, por lo que, no se justifica ni interna, menos externamente por que se induce a dicho resultado de improcedencia, inexistente como una fórmula de resolver en el Código Procesal Penal vigente.   Sin perjuicio de ello,                   el ad quo, también ha viciado la apelada, cuando no analizado aplicar o no, para               una justificación externa mínima de dicha Resolución, la “Presunción Iuris et de Iure”,              cuando por ejemplo debió analizar si aplicar la “Presunción Iuris Tantum”, en la                licitud de los elementos de convicción que le presentaron los supuestos agraviados,                    y que como consecuencia de ello, incorporo en su disposición de formalización y continuación de la investigación, lo que le sirvió de base, para amparar la medida sucesiva (vulneración del fundamento jurídico 17 del acuerdo plenario arriba citado) dictada por el ad quo (desalojo preventivo).

TERCERO.- En base a ello, se puede determinar que no existe Ratio Decidendi, ni fundamentos citados –que sustenten la improcedencia de la Tutela de Derechos, esto es que             existe vulneración de los derechos alegados -a la Dignidad Humana, Debido Proceso, Oralidad, Derecho de Defensa, Y SOBRE TODO DE LA LEGITIMIDAD EN LA OBTENCIÓN DE LA PRUEBA, QUE HACE ILICITO Y MERECIBLE DE EXCLUSIÓN AL CERTIFICADO DE CONDUCCIÓN DE FECHA 03.01.2003, YA QUE LA FACULTAD PARA EMITIR Y/O SUSCRIBIR CERTIFICADOS DE POSESION A DICHO JUEZ DE PAZ, LE NACE RECIEN CON LA LEY N° 29824 (EN JULIO            2012), Y NO ANTES, POR LO QUE, EN EL AÑO 2003, NO PODÍA EJERCER DICHA FUNCIÓN, ES DECIR, ESTABA PROHIBIDO PODER EMITIR CERTIFICADOS                DE POSESION, SEGÚN LOS ARTICULOS 64, 65 Y DEMÁS PERTINENTES DEL D.S. N° 017-93-JUS, L.O.P.J., YA QUE DICHA FACULTAD NO SE ENCONTRABA REGULADA POR DICHA LEY, EN DONDE NO ESTABA CONSIDERADA COMO UNA MATERIA DENTRO DE SU COMPETENCIA, ES DECIR, NO TENIA DICHA FUNCIÓN PARA CREAR UN DOCUMENTO ASÍ-.  Es más, ni antes (2003), ni ahora (a partir de Julio 2012), los jueces no tiene facultad para emitir certificados de conducción, ya que no existe regulación alguna al respecto que autorice a dicha autoridad judicial (Juez de Paz), poder validar un documento, ya que el mismo no existe regulado por ninguna normativa de nuestro ordenamiento jurídico.

CUARTO.-         En ese sentido se entiende, que al no razonar lo último acotado, por parte del              A quo, para declarar improcedente, el pedido de tutela de derecho, POR PRUEBA ILICITA -específicamente por obtención ilícita de los elementos de convicción certificados de conducción emitido ILEGALMENTE por el Juez de Paz de Venado Muerto, EN FAVOR DEL SUPUESTO AGRAVIADO DENUNCIANTE ADASAPEJA REPRESENTADO POR LUIS SAENZ ASENCIOS, sin ser competentes por razón            de la materia (funcional), ya que no tenia esa función en el año 2003, por que recién se crea esa función en julio del 2012, además de usurpar funciones del                   Área de la Dirección Regional de Agricultura de Ancash, sin perjuicio de haber seguido el procedimiento establecido por Ley-, SIN EMBARGO MAL ENTIENDE              QUE NO EXISTE FORMALIDAD PARA EXCLUIR LA PRUEBA ILICITA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DESCONOCIENDO CON ELLO EL ACUERDO PLENARIO 4-2010, A LA PAR QUE TACITAMENTE ENTIENDE TAMBIEN “COMO RECEPCIONO -RECABO- DICHAS PRUEBAS EL FISCAL, DE PARTE DE LOS SUPUESTOS AGRAVIADOS, SE PRESUME LA LEGALIDAD DE TODOS LOS ACTOS PRACTICADOS COMO EL RECABAR INFORMACIÓN DOCUMENTAL”.

        Por ende, resulta clarísimo que el A quo, ha dotado de una presunción “Iuris et de Iure”, a los actos de investigación del Ministerio Publico.

QUINTO.- _        En primer lugar, el derecho afectado en mérito al Acuerdo Plenario 4-2010,                     y al Artículo 71°, sobre derechos del imputado,  inciso 2) literal e), el                       mismo que a la letra dice: “QUE NO SE EMPLEE EN SU CONTRA MEDIOS…CONTRARIOS A SU DIGNIDAD,…”, e inciso 4) del NCPP, y al debido proceso, en la LEGITIMIDAD EN LA OBTENCIÓN -LICITA- DE LA PRUEBA                  -ergo elementos de convicción- que vician de ilicitud (la prueba prohibida cuestionada - certificados de conducción- y demás documentos por derivación, que han servido               de base de sucesivas medidas) las cuales desvirtúan la presunción iuris tantum                   de los actos de investigación del Ministerio Publico de Ocros, y colocan como que sus actuaciones están revestidas de presunción iure et de iure, lo cual es falso como             más adelante veremos.

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