APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION PUBLICA

APLICABILIDAD DE LOS  PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION  PUBLICA

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA:

Sobre el cual ha previsto el artículo 24 de la ley 80 de 1993, al establecer que la contratación administrativa debe ejecutarse de manera imparcial y publica, buscando garantizar  la objetividad  en el proceso  de selección del contratista, con fundamento  en la igualdad de oportunidades  y condiciones; debiendo las partes  dentro del contrato, acoger  los principios de moralidad  administrativa,  debido proceso,  publicidad, controversia, objetividad y motivación de los actos administrativos, con el lleno de requisitos  y cumpliendo  con al ritualidad  que exigen  los procedimientos  por los cuales  se deba seleccionar la mejor propuesta.

Lo anterior, aunando al deber  que tienen los interesados en la contratación, sea que se trate de ciudadanos  o de aquellas personas  que por presentar  propuestas directamente  relacionadas con el  proceso de selección, contando con la garantía  constitucional  de conocer  y controvertir  los informes,  conceptos y decisiones  respecto de las actuaciones durante  los diferentes momentos de los procesos de selección, así como  para  la solicitud de copias de dichas actuaciones, de los pliegos  de concisiones, de los avisos  de publicación de apertura  de la licitación; junto con otros aspectos que señala el consejo de Estado:

“ el principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas  debe “ edificarse sobre las bases de i) igualdad  respecto de todos los interesados, 2) la objetividad, neutralidad  y claridad  de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas, 3: la garantía del derecho de contradicción; 4)  la publicidad delas actuaciones de la administración  5)  la motivación expresa  precisa y detallada  del informe de evaluación,  del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta.  ^[1] 

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Originado en el artículo 74 constitucional, formando parte de los derechos sociales, económicos y culturales, garantizando que. “Todas las personas  tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo casos que establezca la ley”

Este principio garantiza la oportunidad de presentar ofertas para licitar frente al estado, al ser deber de la entidad, ofrecer  la información adecuada e idónea  para el mismo fin, con la  prioridad  de los participantes  de asistir a  las audiencias de aclaraciones

Además encuentra su soporte en el precepto constitucional del debido proceso en que se  resalta: “se aplicarían a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…)

PRINCIPIO DE ECONOMIA:

Implementado a partir del artículo 209 constitucional, pretende la aplicación de procedimientos agiles  y eficaces, de tal manera que surtan sus fines e el menor tiempo posible y con la mínima implicación pecuniaria  para los intervinientes en tales procesos, con el fin de excluir la exigencia de documentos  y copias que no sean estrictamente necesarios, ni se requiera autenticaciones, ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene expresamente  artículo 25 de la ley 80 de 1993.

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

Este se extiende a todos los actos que involucran acciones u omisiones ilegitimas que buscan perturbar  el desarrollo eficiente de la actividad contractual del estado; es decir, cuando se hace referencia a sus órganos, sus servidores públicos, consultores, interventores, asesores y contratistas, a  quienes por el hecho de incurrir en conductas o hechos reprochables, se les endilgue responsabilidad civil y desinclinaría o incluso la responsabilidad penal, con el objeto de que la contratación  estatal se encuentre investida de rectitud, lealtad y transparencia por parte de los sujetos que intervienen en ella.

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