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Evolución del pensamiento administrativo público

Al separarse el Estado y la sociedad, la clase capitalista proclama los derechos del hombre y define el espacio que les corresponde, es decir, la sociedad civil. Así, libertad, igualdad, seguridad y propiedad, como derechos del individuo, son consustanciales a la vida privada, y la función del Estado es reproducir y salvaguardar estos derechos. Paralelamente a los derechos del hombre se instituyen bajo el amparo del Estado los derechos del ciudadano, los cuales, con carácter público, comprenden el sufragio universal, la elección a los cargos de representación, la participación en los procesos políticos y el ejercicio de la “democracia”. Así pues, la clase capitalista sobre la nobleza cortesana, la aristocracia feudal y el conjunto de las clases dominadas. En suma, el esquema del liberalismo resalta el triunfo del parlamento sobre el ejecutivo, distingue el Estado y la sociedad y garantiza la dominación de la clase capitalista.

Sin embargo, el auge del parlamento sobre el ejecutivo deviene una deformación histórica cuando en los marcos del régimen presidencial el mismo ejecutivo se encuentra formalmente debilitado ante el legislativo y la vida política es alterada porque la dirección del Estado y el manejo de la administración pública no recaen en un gobierno parlamentario sino en el congresional. El gobierno congresional consiste en el predominio constitucional del legislativo sobre el ejecutivo, a pesar de que las condiciones políticas y económicas del sistema capitalista reclaman el fortalecimiento del ejecutivo: pero éste se encuentra debilitado por el legislativo que pretende, en desfasamiento histórico, implantar el régimen parlamentario de gobierno. El gobierno congresional vulnera al ejecutivo y lo despoja de sus funciones administrativas relacionadas con la organización y gestión de los asuntos públicos.

Pero el gobierno congresional no es un régimen parlamentario. En el gobierno parlamentario, la administración pública está a cargo del primer ministro que preside el gabinete y en ningún momento sufre la invasión de la asamblea legislativa durante el desempeño de sus funciones. En cambio, en el gobierno congresional los comités del legislativo desplazan de la esfera política al ejecutivo, asumen el mando de la administración pública y, por extensión, gobiernan la sociedad civil. Sin embargo, la función natural del congreso es la legislación y la supervisión, y no el manejo de tareas administrativas. Así, el gobierno congresional deforma la función parlamentaria en la esfera del régimen presidencial y, al usurpar el manejo de la administración pública, estimula la debilidad del ejecutivo.

De este modo, el ejecutivo queda supeditado a la voluntad política de los comités del congreso y sumido en la impotencia, porque como virtual dirigente de la función administrativa es despojado de ésta; son los comités del mismo congreso los que asumen la dirección. En este caso, la dirección administrativa del Estado capitalista no es desempeñada por el ejecutivo y los secretarios de Estado, sino por los miembros de los comités del congreso. El gobierno congresional tiene como objetivo central suplantar al ejecutivo y, al lograrlo, transformarse en instancia administrativa para asumir la conducción de la sociedad civil. Con esto, el ejecutivo queda a merced de las disposiciones arbitrarias del gobierno congresional y desprovisto de facultades que le permitan contrarrestar la invasión de los comités del congreso; es impotente para realizar la función política del Estado en la sociedad civil.

El gobierno congresional no pretende señalar las deficiencias de la esfera ejecutiva, ni corregir la marcha de los asuntos que al ejecutivo corresponden; por el contrario, al gobierno congresional le interesa que el ejecutivo pierda fuerza política y no pueda erigirse como núcleo de la vida política. En consecuencia, el gobierno congresional desvirtúa el papel legislativo del parlamento porque tiende a convertirlo en un organismo administrativo. La administración pública es incompatible con el cuerpo legislativo porque la función administrativa le corresponde al ejecutivo.

El ejecutivo queda paralizado ante los embates del gobierno congresional y, consecuentemente, la acción del Estado en la sociedad se contrae en perjuicio de ésta, porque los efectos demoledores del conflicto político, en lugar de ser refrenados por el gobierno congresional, son estimulados. En efecto, el gobierno congresional no tiene capacidad para gobernar a la sociedad civil, y como el ejecutivo se encuentra imposibilitado para garantizar el orden de la sociedad, la anarquía se cierne sobre la vida de la misma sociedad.

El gobierno congresional atiza el conflicto social y pone en peligro la existencia de la sociedad, del intercambio mercantil y de las relaciones capitalistas de producción. El desorden y la desestabilización invaden al conjunto social y, contra los efectos anárquicos del gobierno congresional, el ejecutivo tiende a resurgir en la escena política para contrarrestar y encauzar las energías desatadas por el antagonismo de las clases sociales. En medio de la anarquía congresional, el ejecutivo se convierte en un dictador soberano y, violentando el marco jurídico creado por el parlamento y alterado por el gobierno congresional, reconstituye las bases del orden político para la reproducción del capital. Que el ejecutivo gobierne como dictador soberano no significa que el ejercicio del poder político sea de carácter totalitario y tiránico, sino que, en momentos explosivos para la sociedad y el Estado, exige obediencia y acatamiento a sus disposiciones como autócrata.

La dictadura soberana del ejecutivo es consecuencia de las acciones del gobierno congresional, porque desde el ángulo jurídico el ejecutivo carece de facultades suficientes para gobernar y, como está subordinado a la voluntad del legislativo, no puede responder constitucionalmente a las fuerzas congresionales; entonces, se sobrepone a la constitución y al parlamento para rescatar a la sociedad capitalista de los peligros del conflicto político. El ejecutivo procede como dictador soberano y retoma el mando de la administración pública para dar orden y cohesión a la sociedad civil. Así, la dictadura del ejecutivo está encaminada a salvar el sistema capitalista de producción, garantizar el interés político de la clase burguesa, acrecentar la autonomía del Estado frente a la sociedad y desterrar los peligros de la guerra civil provocados por las acciones del gobierno congresional.

La dictadura del ejecutivo es soberana porque no está sujeta a ninguna instancia intermedia; y no sólo suspende la constitución vigente en los momentos del caos congresional, sino que, cuando se restablece el orden y la seguridad de la sociedad civil burguesa, es sustituida por otra. De esta manera, el ejecutivo no se ciñe a ninguna norma constitucional, sino que revoluciona el estado de cosas existentes para garantizar con mayor eficacia el interés político y económico de la clase capitalista. En consecuencia, la dictadura del ejecutivo no es coyuntural, sino que está inscrita estructuralmente en el desarrollo del modo de producción capitalista; es una respuesta histórica a los efectos desorganizados del gobierno congresional. Con la dictadura del ejecutivo la sociedad civil capitalista se desarrolla con estabilidad política y el intercambio mercantil continúa como el eje de las actividades comerciales, industriales y financieras.

Por otra parte, la dictadura del ejecutivo encuentra en la centralización de la administración pública un pilar sólido para acrecentar su fuerza política. Cuando el ejecutivo derrota a las fuerzas congresistas recupera el manejo de la administración pública, y como la sociedad civil se encuentra desajustada por el caos congresional, el ejecutivo promueve el crecimiento diferenciado y especializado del aparato gubernamental a fin de garantizar la reproducción del capitalismo. Esto significa que a mayor desajuste de la sociedad, mayor es el crecimiento de la administración pública. De esta manera, la centralización de la administración pública está vinculada al desarrollo de la sociedad civil para garantizar su reproducción en los marcos del modo de producción capitalista.

La centralización de la administración pública favorece los poderes del ejecutivo y fortalece la autonomía del Estado frente a la sociedad civil. Con la dictadura del ejecutivo, el presidencialismo moderno asume una posición hegemónica en la vida política, fundando su poder en la abolición del congresismo.

En Francia durante 1791 las fuerzas congresistas despojaron al ejecutivo de la administración pública y comenzaron a desempeñar funciones administrativas relacionadas con la inspección y el control de los asuntos del Estado. De este modo, junto a los funcionarios del poder central, el legislativo nombró algunos de sus representantes para que se hicieran cargo de la administración pública, consumando con esto la usurpación del ejecutivo. Sin embargo, el nombramiento de miembros del legislativo en la administración pública acrecienta su carácter centralizado; pero cuando el ejecutivo vence a las facciones congresistas elimina de la estructura gubernamental a los representantes del legislativo y nombra directamente a comisarios adscritos al poder central. El ejecutivo recupera el mando de la administración pública y los resabios congresistas sucumben ante él.

También durante 1848 la Constitución dio pie para que las fuerzas congresistas vulneraran las facultades del ejecutivo; por

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