DERECHO FISCAL

DERECHO FISCAL

Nacimiento del derecho fiscal.

Desde que la civilización existe, es decir, desde que hay una organización social con una cierta estructura, existen los tributos; de hecho en el Antiguo Egipto, los ciudadanos debían pagar impuestos al faraón y también había un control de la declaración de impuestos de los animales y frutos. Determinadas piezas de c erámica servían como comprobante de dichos pagos. Por eso, el control y la fiscalización no pueden tomarse como aspectos novedosos de nuestro sistema fiscal.

De todas formas, las bases del derecho fiscal, no se sentaron hasta la Antigua Roma; es cierto que en sus comienzos no existía una imposición justa pero con el correr de los años se han ido limando las formas en la que los Estados exigen a sus ciudadanos el tributo. Cabe mencionar que los romanos fueron los primeros en realizar controles sobre los bienes y censar a sus habitantes, y en poseer órganos recaudadores y cuerpos jurídicos; por eso podemos decir que la organización fiscal de la que hoy disfrutamos, sin duda se la debemos a ellos.

Durante la Edad Media el poder estaba representado por el señor feudal, quien poseía abundantes propiedades y que enriquecía cada día más a costa de exigir tributos exagerados a los más pobres. En ese período el pago era de tipo anárquico y arbitrario y los siervos debían no sólo pagar con sus escasos bienes, sino también prestando aquellos servicios que el señor feudal les demandara.

Posteriormente, con el surgimiento del Estado moderno, se impuso la recaudación de impuestos de forma más organizada, a fin de poseer un pozo público común con el cuál subvencionar todo lo relacionado con el gasto público y de poder satisfacer las necesidades de toda la comunidad. Además, se especificó cuáles eran los derechos y obligaciones de cada miembro de la sociedad a fin de que existiera un orden. El Estado, por tanto, era el encargado de velar por esa organización.

Para establecer métodos de recaudación que cada vez fueran más equilibrados y que contemplaran los derechos de todas las personas, ese Estado debía desarrollar un plan de recaudación que se ajustara al marco jurídico que rigiera sobre esa comunidad.

Dentro de las diversas ramas que forman parte del derecho público, se encuentra el derecho fiscal (también conocido como derecho tributario). Su función es la administración de las reglas jurídicas que posibilitan que el Estado desarrolle y ejerza sus facultades tributarias.

Los tributos o impuestos son desembolsos económicos obligatorios que deben realizar todos los ciudadanos para solventar el funcionamiento del aparato estatal. El derecho fiscal es la división del derecho que analiza y establece las leyes relacionadas con este procedimiento.

El vínculo tributario nace de la necesidad estatal de disponer de dinero para el financiamiento de su actividad, que está orientada al bien común. Esto quiere decir que, cuando un sujeto o una empresa paga sus impuestos, está aportando al desarrollo de su comunidad y, por lo tanto, al suyo propio.

La relación tributaria, por lo tanto, supone una serie de responsabilidades y derechos para todas sus partes. En su aspecto más amplio, el derecho fiscal debe centrar su atención en dos cuestiones: el Estado únicamente está en condiciones exigir el pago de impuesto cuando las leyes lo autorizan; el ciudadano, por su parte, sólo tiene la obligación de pagar aquellos impuestos que se encuentren establecidos por la ley.

En la relación tributaria, el sujeto activo es el Estado (apela a su poder para exigir el pago del tributo). La persona física o la persona jurídica que está en el rol de contribuyente, por su parte, es el sujeto pasivo.

Cabe destacar que existen diversos tipos de impuestos. Podemos mencionar a los impuestos directos (que tienen incidencia directa sobre los ingresos) y a los impuestos indirectos (que recaen sobre individuos diferentes al contribuyente), entre otros.

A HACIENDA PÚBLICA Y LAS CONTRIBUCIONES.

De acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, en su articulo 1° dispone que: “La Hacienda Pública Nacional comprende los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la Nación, y todos los demás bienes y rentas cuya administración corresponde al Poder Nacional. La Hacienda, considerada como persona jurídica, se denomina Fisco Nacional”.

De ahí que, dicha administración fiscal o fisco, es un conjunto de órganos de la administración de un Estado encargados de hacer llegar los recursos económicos, así como los instrumentos con los que dicho Estado gestionan y recauda los tributos, englobando tanto los ingresos como los gastos, así como la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el órgano correspondiente (Congreso Federal o Estatal).

LAS FUNCIONES DEL ESTADO CONTEMPORANEO Y LOS RECURSOS FINACIEROS PARA SU REALIZACION.

El Estado contemporáneo es aquel ente constituido como una sociedad políticamente organizada y dirigida por el poder soberano de un determinado territorio.

Dentro de sus funciones podemos encontrar que básicamente se avoca a proyectar y calcular los ingresos de la Federación, Distrito Federal y Entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal; manejar la deuda pública de la Federación: realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público; planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.

Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables; vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; ejercer el control presupuestal de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de.

Principios Constitucionales de las contribuciones

Del artículo 31 constitucional fracción IV antes mencionado, se desprenden una serie de principios que se mencionan someramente y de los cuales se analiza su problemática respecto de las pequeñas y medianas empresas en el capítulo IV, principalmente en lo referente al principio de equidad y proporcionalidad:

Principio de legalidad.

Principio de generalidad

Principio de obligatoriedad.

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