Deerecho Electoral

ÍNDICE

OBJETO DE ESTUDIO VII

CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN

A.- PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO - - - - - - - - - 2

B.- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - - - 9

C.- ACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD - - - - - - - - - - - 14

D.- PROCESO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17

E.- PROCESO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL CIUDADANO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19

F.- CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN - - - - - - - - - - 25

G.- BIBLIOGRAFÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28

A.- PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO

NATURALEZA:

El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad estatal de carácter definitivo que estimen violatorios de sus garantías individuales, o que vulneren el régimen de competencias entre la Federación y los Estados o el Distrito Federal, cuyo fin es restituir al gobernado en el goce de sus garantías conculcadas.

Ello, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que a la letra señala:

Artículo 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;


II.- Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;

III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

En ese orden, debe entenderse como un procedimiento o juicio autónomo extraordinario sui generis, con características propias y específicas propias de su objeto, que es el de lograr la actuación de las prevenciones constitucionales a través de una contienda equilibrada entre el gobernado y el gobernante, lo que lo diferencia de los recursos y en la jurisdicción ordinaria.

PROCEDENCIA:

Existen dos clases de juicios de amparo, el amparo indirecto o biinstancial y el amparo directo o uniinstancial.

En tratándose del primero de los nombrados, cuyo conocimiento compete a un juez de Distrito, el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone contra qué actos procede el juicio de amparo indirecto, de cuyo contenido se desprenden los siguientes:

I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso:

II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.

III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio.

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;

VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley.

VII.- Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional.

Ahora bien, respecto del juicio de amparo Directo a quienes compete su conocimiento es a los Tribunales Colegiados de Circuito, el cual procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, según se dispone en el párrafo primero del artículo 158 de la legislación citada con anterioridad, que a la letra dice:

Artículo 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso

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