EL SISTEMA DE CREDITO PÚBLICO

EL SISTEMA DE CREDITO PÚBLICO

El Crédito Público está regido en la República Dominicana principalmente por la ley 6-06 de

Crédito Público. Doctrinalmente se entiende por Crédito Público como la posibilidad que tiene

un ente público de valerse de la confianza de que puede gozar por parte de otros sujetos de

derecho ya sean público o privado para lograr los medios con que sufragar sus obligaciones. Por

tanto, este ¨crédito¨ bien pudiera traducirse en confianza19

Salvador Oria establece que el término "crédito" tiene en su haber dos concepciones: la

confianza o fe en la moral de una persona dispuesta a cumplir sus deberes y obligaciones, y la

creencia de que podrá cumplirlos por disponer de medios económicos. Sobre este punto Giuliani

Fonrouge acordando con Oria establece que si en el caso del crédito privado pueden influir otros

factores, en el crédito público sólo actúa la fe o confianza que inspira el Estado, no tanto por su

opulencia como por su conducta frente a los derechos humanos y en el ámbito de la política

nacional e internacional. Lo que cuenta, entonces, es la seriedad y unidad de conducta, el

cumplimiento escrupuloso de los compromisos asumidos y el buen orden- de la gestión de la

hacienda pública. (GIULIANI, 1970).

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ue pueda generarse por el otorgamiento de avales, fianzas o garantías,

cuyo vencimiento exceda al ejercicio fiscal;

f) Toda operación de renegociación, consolidación o conversión de la deuda pública que tenga

por objeto refinanciar o reestructurar pasivos públicos.

Relación contractual de la deuda.

La naturaleza contractual de la deuda (adquirida a través del empréstito) es un tema que ha

generado discusiones interesantes entre los doctrinarios. Se ha discutido de si consiste el

empréstito en un contrato o si bien es un acto de soberanía. Aunque la mayoría de la doctrina

establece que el empréstito es un contrato, varios doctrinarios importantes mantienen una postura

contraria.

Entre los que consideran al empréstito como un acto de soberanía tenemos a Giuliani Fonrouge,

Luis María Drago, Sayagués Laso y a Ingrosso. Estos concuerdan que el empréstito no es un

contrato (recordando que hablamos del contrato en su sentido genérico) por las siguientes

razones:

- Los empréstitos nacen de autorización legislativa, estando

de las cláusulas no da lugar a acciones judiciales, y el servicio es

atendido o suspendido en virtud de actos de soberanía;

En el lado contrario, la doctrina que establece que el empréstito es un contrato viene defendida

por la mayoría de los doctrinarios, entre ellos Gastón Jéze, Waline, Zanobini, Ahumada, de

Juano, Duverger, Trotabas, Sainz de Bujanda y Hector Villegas. Estos sostienen que el

empréstito se lleva a cabo debido a que el acreedor desea fungir como tal. Existe un acuerdo de

voluntades que crea un situación jurídica, es decir, que estamos frente a un contrato.

El hecho de que se requiera de la autorización legislativa para el empréstito y que sea la misma

ley la que autorice las condiciones del mismo no es un sustento fuerte para los que defienden la

teoría del acto de soberanía. Es la misma ley la que da luego un sen

ión una de las parte es la Administración (requerimiento indispensable

para que la normativa que rija sea la administrativa) y que la misma actúa como ente público y

no como ente particular. Asimismo cuando la administración contrata un empréstito lo hace

defendiendo un interés colectivo primario, posibilitando el desarrollo de los servicios públicos

en la actividad total del Estado (SAINZ DE BUJANDA, 1991).

También vemos como dichos contratos están normativizados desde el proceso de su licitación

hasta el proceso de su utilización. Dichas normas creadas y ejecutadas por la administración,

permitiendo incluso el uso de las ¨cláusulas exorbitantes¨ que hubiesen sido causa de nulidad en

un

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