CREDITO PUBLICO

El sistema de Crédito Público comprende el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos administrativos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento que implican endeudamiento o modificación de la estructura de sus pasivos.

El endeudamiento público se origina en una serie de instrumentos de variada naturaleza. Los principales instrumentos que normalmente utilizan los gobiernos son los siguientes:

• Emisión y colocación de títulos, bonos y obligaciones de largo y mediano plazo.

• Emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.

• Contratación de préstamos con instituciones financieras.

• Contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente.

• Deuda contingente que pueda generarse por el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, con vencimientos que exceden el ejercicio financiero.

Los sistemas de crédito público generalmente están normalizados en forma detallada por los poderes legislativos de los países. La experiencia en Latinoamérica de endeudamiento anárquico e inorgánico demuestra la necesidad de dictar políticas, normas y procedimientos que eviten que los gobiernos incurran en prácticas nocivas en esta materia.

En función de ello, los principales objetivos que deben caracterizar a un sistema de crédito público son los siguientes:

• Optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles en los mercados de capitales.

• Mejorar la capacidad y poder negociador del sector público en su conjunto.

• Lograr un manejo eficiente y sistemático de los pasivos públicos.

• Registrar de manera sistemática y confiable las operaciones de crédito público, en forma integrada al resto de los sistemas de la administración financiera.

• Atender en tiempo y forma los servicios de la deuda pública.

• Controlar y fiscalizar el correcto uso de los recursos provenientes de operaciones de crédito público.

Dichos objetivos pueden resumirse en: "administrar adecuadamente la deuda contraída y atender las necesidades de financiamiento del estado en las mejores condiciones posibles".

Este propósito implica fundamentalmente el acceso a los mercados de capitales voluntarios vía reducción del riesgo-país con la consecuente mejora de las condiciones y el perfil del endeudamiento público, como así también, la mejora de la capacidad y poder negociador del país en su conjunto frente a sus acreedores y frente a las distintas ofertas de financiamiento disponibles en los mercados de capitales internos y externos.

La organización del Sistema de Crédito Público, constituye un complemento imprescindible de todo programa de saneamiento y ajuste fiscal, como condición fundamental para alcanzar la estabilidad y crecimiento económico sostenidos.

AUTORIZACIÓN

La autorización implica definir los roles de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en temas tales como la fijación de los límites de endeudamiento y prioridad de las operaciones. Las normas legales vigentes en cada país definen el grado de participación del Poder Legislativo en este tema.

La realización de operaciones de crédito público está limitada por las posibilidades que tenga el Sector Público para atender el servicio del endeudamiento que las mismas originan y por la prioridad estratégica que desde el punto de vista gubernamental tenga ese endeudamiento.

A partir del inicio de estas dos variables y de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, las autoridades con atribuciones para ello deberán autorizar el inicio de las operaciones de crédito público.

Algunos países han establecido en sus leyes de administración financiera y control, que el Congreso Nacional deberá autorizar las operaciones de crédito público mediante la Ley de Presupuesto u otra específica. (Ejemplo: Argentina)

El reconocimiento de estas facultades al Congreso, a iniciativa del Poder Ejecutivo, significa una participación directa del poder legislativo en decisiones de gran importancia para el financiamiento de programas y proyectos públicos y, por lo tanto, en el desarrollo económico de los países.

Es necesario diseñar los métodos o requisitos que determinen la información que acompañará cada organismo al momento de presentar una solicitud de crédito o avales, que fundamenten

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