ESCRITO INICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

C. MAGISTRADOS DE LA SALA

H. SALA REGIONAL DEL CARIBE

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL ADMINISTRATIVA

PRESENTE:

LICENCIADA ANA LUISA PEÑA RUIZ, con cédula profesional número 876490, como apoderado jurídico de la EMPRESA B, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida con la copia certificada de la escritura pública número 56, pasada ante la fe del Notario Público número 2 de esta ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo; con domicilio fiscal en la Calle Adolfo López Mateos número 45 y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la Calle Agustín de Iturbide número 45 cuarenta y cinco del Municipio de Solidaridad en ésta misma ciudad, en los términos del artículo 5° de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Con el debido respeto comparezco para

EXPONER:

Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 11, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y demás relativos de la Ley del procedimiento Contencioso Administrativo y demás relativos aplicables del Código Fiscal de la Federación; vengo a interponer en tiempo y forma demanda para JUICIO DE NULIDAD en contra del acto administrativo siguiente:

I. ACTO IMPUGNADO: la resolución dictada por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, a través de la cual se resolvió desechar el recurso de revisión interpuesto en contra del Título de Concesión otorgado a la EMPRESA A el día miércoles 13 de febrero del año 2012 dos mil doce para:

a) Usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en zona marítima, así como:

b) Para la construcción y operación de una terminal de altura para cruceros, de uso particular, que se localizará en Xcaret, Municipio de Solidaridad Quintana Roo.

II. AUTORIDADES DEMANDADAS: Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Fundo mi demanda en los siguientes

HECHOS:

1. El día miércoles 13 trece de febrero del año 2002 dos mil dos el Secretario de Comunicaciones y Transportes otorgó Título de Concesión a favor de la EMPRESA A para usar y aprovechar bienes del dominio público de la Federación, consistentes en zona marítima para la construcción y operación de una terminal de altura para cruceros de uso particular, que se localizaría en Xcaret, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

2. El día 15 de enero del año 2013 dos mil trece mi representado, La EMPRESA B interpuso recurso de revisión en contra del Título de Concesión otorgado a la EMPRESA A, el cual fue desechado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes.

3. La autoridad administrativa señaló como fundamentos y motivos del desechamiento los siguientes:

a) El acto recurrido no afecta los intereses de los recurrentes, en este caso la EMPRESA B, porque no precisan de qué forma les afecta en su esfera jurídica la concesión otorgada.

b) Además porque los agravios son insuficientes e inoperantes al no probar la afectación de su interés jurídico ni cómo es que les causa agravio.

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN:

PRIMERO.- Es inexacto que se mencione que la EMPRESA B carezca de interés jurídico porque:

Del análisis del Título de Concesión se despende que el uso que se le dará a la misma es de “carácter público”, no obstante que se haya otorgado para “uso particular”.

SEGUNDO.- Debió otorgarse previo concurso público, según lo establece la Ley de Puertos en su artículo 24.

Con lo cual se justifica su interés jurídico, porque como interesado la EMPRESA B pudo participar en dicho concurso público, si se hubiese llevado a cabo el procedimiento descrito en tal artículo.

TRECERO.- Su interés jurídico quedó acreditado con el instrumento notarial que se adjuntó a su recurso administrativo, de donde se desprende su domicilio en la misma ciudad en donde se otorgó el título de concesión y por ello estaría interesada para participar en la licitación pública.

CUARTO.- El derecho afectado es la ausencia de licitación pública e imposibilidad de participar en la misma, violando con ello el procedimiento establecido en la Ley de Puertos, específicamente

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