El Nuevo Paradigma Mexicano

Como hemos sostenido reiteradamente en estas páginas, México ha sido durante mucho tiempo preso de su historia. Ideas, creencias, intereses heredados le han impedido moverse con rapidez al lugar que quieren sus ciudadanos. La herencia del nacionalismo revolucionario estableció tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra, sindicalismo monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo, corrupción consuetudinaria. Éstos fueron vicios, creencias y costumbres que el país adquirió en distintos momentos de su historia, un coctel anacrónico pero que fue bien sembrado en la conciencia y la conducta públicas, y que se resiste aún a abandonar la escena, encarnado como está en hábitos sociales, intereses económicos y clientelas políticas que repiten viejas fórmulas porque defienden viejos intereses.

La noticia es que todo esto puede haber cambiado y el país se dispone a dejar atrás, de una vez por todas, sus lastres mentales. Los años de la democracia han sido de frutos magros, si se les compara con las desorbitadas esperanzas que la propia democracia generó, pero han traído al primer plano de la vida pública al menos el inicio de un nuevo paradigma nacional, una visible convergencia de la mayoría de los mexicanos en torno a valores y exigencias que pueden parecer normales en cualquier democracia y cualquier economía modernas, pero que no se han vuelto parte del paisaje de México sino en los últimos años, justamente con la apertura de su vida política a la competencia democrática, y de su economía al libre mercado y la globalización. Son los valores de una nueva cultura política que bien pudiera ya ser el nuevo piso común donde estamos parados. Son relativas novedades históricas, certidumbres colectivas que poco o nada tienen que ver con el horizonte anterior del nacionalismo revolucionario. Abusando del prestigio del número, digamos diez:

Primero, la convicción de que no hay otra vía legítima para alcanzar el poder o conservarlo que las elecciones y que éstas deben ser: libres, equitativas, minuciosamente democráticas.

Segundo, el clamor nacional contra la corrupción y su contraparte: la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno y de todas las formas de ejercicio del poder.

Tercero, el compromiso universal con los derechos humanos, con la vigencia del Estado de derecho, la igualdad ante la ley y su contraparte: el repudio a la impunidad y al privilegio.

Cuarto, la exasperada demanda en una solución de fondo, propiamente histórica, a la baja calidad de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública.

Quinto, el imperativo moral de combatir la pobreza, asociada a la alta expectativa de un sistema de seguridad social universal que acompañe y consolide el paso de una sociedad históricamente desigual extrema a una de clases medias mayoritarias y homogéneas.

Sexto, el rechazo a toda política de déficit públicos, desequilibrios macroeconómicos o discrecionalidad gubernamental en el ejercicio del gasto público.

Séptimo, una cultura pública contraria a la lógica abusiva de monopolios, oligopolios y poderes fácticos de toda condición y origen, públicos o privados, individuales o corporativos, sindicales o empresariales.

Octavo, una apertura a las ventajas de la globalización, el libre comercio y la integración económica con América del Norte, a la que el país acude con profundidad, eficacia y creciente conciencia de sus enormes oportunidades.

Noveno, un rechazo a la violencia y la exigencia de un Estado fuerte capaz de contenerla, no para regresar a su antiguo estatus de instancia controladora y opresiva sino para cumplir la tarea primera de un Estado que es dar seguridad a sus ciudadanos.

Décimo, una difusa, frustrada, incrédula pero potente aspiración de crecimiento económico, oportunidades, empleos, creación de riqueza y prosperidad.

Ningún actor político de peso puede desafiar hoy en día estos mandamientos de la cultura política mexicana sin encontrar en el público alguna forma clara de rechazo. Éstos son los nuevos valores que rigen el discurso público del país, en muchos casos de dientes para afuera, pero en todos los casos de manera pública: sinuosa o generosa, pero expresa. Decimos discurso, no realidad. Los valores esbozados son una hoja de ruta, no una lista de logros. Hacer realidad esos valores es la nueva aspiración histórica de México, la brújula de su nueva moral colectiva, de su nuevo proyecto de nación, hijo esta vez de la democracia y de la convergencia, no de la hegemonía de un régimen o un partido político.

El nacionalismo revolucionario que engendró al PRI ha sido desplazado a fuego lento por este nuevo paradigma, que la campaña presidencial y los resultados electorales del 2 de julio de 2012 dejaron ver con claridad, aunque no otorgaran a nadie un mandato único para llevarlo a cabo.

Las elecciones de 2012 volvieron a poner a México en la situación de un gobierno dividido, con una izquierda más inclinada a bloquear que a inducir reformas modernizadoras, y una rivalidad del PRI y el PAN que podría echar por tierra en la lucha política de cada día los ostensibles acuerdos estratégicos que ambos partidos comparten sobre los cambios de fondo que el país necesita. El hecho político de fondo es que nunca han estado más cerca los propósitos estratégicos de cambio y las políticas públicas propuestas por el PRI y por el PAN, al tiempo que en la izquierda empieza a verse el atisbo de una corriente dispuesta no sólo a bloquear sino también a pactar y a influir en los cambios.

Conviene recordar que la alianza del PAN y del PRI es la que ha hecho las reformas fundamentales del México moderno desde el año de 1988. La izquierda se ha mantenido al margen de esas convergencias estratégicas, yéndose a la vanguardia, y no es poco, en la legislación liberal de costumbres para la ciudad de México (aborto, matrimonios del mismo género con derechos plenos de pareja).

¿La restauración?

Lo cierto es que el PAN y el PRI pueden volver a ser aliados en los años que vienen pues coinciden en cuestiones fundamentales. Pero el triunfo del PRI en las elecciones de 2012 presenta un problema anterior: la pregunta de si en vez de un salto político México no podría estar viviendo un salto hacia atrás, una restauración priista.

Creemos que la restauración en un sentido estricto, y aun en el laxo, no parece una opción clara y viable para nadie, empezando por el nuevo gobierno, cuyas acciones estarán severamente limitadas por un balance de poderes de realidad innegable. Históricamente en México quien dice restauración dice también populismo, alude a las peores tradiciones del PRI: un Estado autoritario, sostenido en la cooptación de clientelas, cuya irresponsabilidad fiscal crónica (sistémica) engendró las crisis económicas de 1976, 1982, 1987, 1994, y lo hizo perder la presidencia en el año 2000.

La restauración puntual de aquel régimen es imposible porque la democracia hizo pedazos su pieza clave, a saber: la existencia de un partido hegemónico, con mayoría constitucional soviética en las cámaras, cuyo dueño era un presidente sin contrapesos ni en los otros poderes públicos, ni en los órganos de decisión económica, ni en la selección de los altos puestos políticos, otorgados todos desde arriba gracias al control abrumador del PRI sobre las elecciones y sobre la política profesional.

No todo aquel régimen desapareció, ni toda aquella red de intereses. La democracia ha exhibido y desacreditado los restos, pero no los ha erradicado. La corrupción de viejo cuño es moneda corriente en la política local. Los grandes sindicatos públicos son más fuertes y más autónomos que nunca, lo mismo que los monopolios estatales y los privados. Ni unos ni otros se han sometido, bien a bien, ni al poder ni a la ley.

La paradoja es que esos mismos fragmentos conspiran contra la posibilidad de la restauración de un poder presidencial que pueda someterlos. Ni los poderes locales, ni los sindicatos grandes, ni los empresarios dominantes quieren un presidente fuerte. Los votantes tampoco: en todas las elecciones desde 1997 le han negado la mayoría legislativa a cuatro jefes de Estado. Ya eso bastaría para no hablar de restauración, mucho menos del riesgo de un gobierno populista que le repita al país las borracheras presupuestales y las crudas de austeridad que reventaron el dominio priista.

El PRI puede no haber cambiado, pero el país sí. En primer lugar, aunque nadie lo diga en público ni lo reconozca lealmente en privado, Peña Nieto es el primer presidente de la historia del PRI electo por sufragio universal y no por el famoso “dedazo”. Todos sus antecesores, desde 1934, fueron nombrados y, cuando fue necesario, impuestos por el presidente en turno. La forma de la elección puede no tener consecuencias a la hora del gobierno, pero nadie puede negar la diferencia de origen que hay entre ser designado por “dedazo” presidencial y ganarse la elección en una competencia donde el gobierno del propio partido no es el factor central. Quienes piensan que el dedazo simplemente cambió de dueño pasando de Los Pinos a Televisa, simplemente desconocen el antiguo poder de Los Pinos, y probablemente el poder real de Televisa.

Como presidente, Peña Nieto enfrentará los mismos contrapesos, obstáculos y retos que Fox y Calderón: no tendrá mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, tendrá que lidiar

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