El Programa Nacional de Solidaridad

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) instrumento de la política social del gobierno que debería atacar frontalmente a la pobreza, incorporar la protección al medio ambiente y el equilibrio ecológico.

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) se creó en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (diciembre de 1988) con el objetivo de abatir los rezagos sociales y atender a la población en condiciones de pobreza.

Durante ese sexenio, el Pronasol canalizó 46 mil millones de pesos mediante una basta red de comités y células en todo el país, con especial atención en las zonas pobres de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Veracruz.

El sustento de este programa era el hecho de que la sociedad mexicana se había transformado profundamente no sólo en su dimensión, sino en su complejidad pasando a abarcar cada vez más esferas el Estado y menos ésta para transformarse posteriormente en una sociedad más contestataria debido a la inmovilidad política del partido oficial, a las polémicas y fraudulentas elecciones presidenciales de 1998, a la reciente creación de un verdadero partido de oposición el Partido de la Revolución Democrática –inicio de la democratización– y a la pauperización de las condiciones de vida.

En ese sentido el gobierno inventó una nueva forma de atender sus demandas donde existió una reapropiación de los espacios públicos gubernamentales. Se habló por primera vez de la corresponsabilidad, donde Estado y sociedad trabajaban de la mano para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.[1] Así nació “Solidaridad el eje de la nueva política social, que no inventa la solidaridad; tampoco se apropia de ella o la suplanta. La retoma como un valor profundamente arraigado en nuestras tradiciones y funda sobre ella una nueva manera de hacer las cosas.”[2] Como ejemplo el gobierno citó diferentes formas de organizaciones populares que los mexicanos suelen practicar para enfrentar sus problemas vitales –cuya base es la cooperación voluntaria a través de algún trabajo no remunerado para el beneficio comunitario– como son: el tequio en Oaxaca, el sulaltéquetl en la Delegación Milpa Alta del Distrito Federal, las fajinas en Puebla, las fatigas en Nuevo León, las mayordomías, las faenas y la mano vuelta, lo mismo que los comités de electrificación, las juntas de vecinos o de padres de familia.

El objetivo de la Solidaridad que promovió el Estado, era al igual que la Comisión del Programa atender a un gran número de mexicanos que viven en condiciones de pobreza[3] y que sus necesidades básicas no están adecuadamente satisfechas –nutrición, salud, educación, vivienda, medio ambiente, acceso a los servicios públicos y empleo productivo–. Trató de romper el círculo vicioso que la produce y acrecienta generacionalmente. La población objetivo por prioridades eran los pueblos indígenas, los campesinos y habitantes del medio rural en las áreas semidesérticas y serranas, así como los pobres de las ciudades. El Programa trató de orientarse para construir un nuevo piso social para el desarrollo nacional que asegurara la igualdad de oportunidades y justicia especialmente para los que menos tienen, es decir buscó construir la expresión de los derechos sociales que está constituido por el conjunto de bienes y servicios mínimos a los que debe tener acceso toda la población para garantizar un nivel de vida decoroso, y que están plasmados en la CPEUM en los artículos 30, 27 y 123.

De acuerdo con la visión oficial era concebido y aplicado como un nuevo modo de gestión estatal y como un elemento unificador y a la vez descentralizador de las acciones del gobierno federal, al permitir la participación directa de la población –democracia directa–, y fortalecer el federalismo. En palabras del gobierno del presidente Salinas, Solidaridad era considerado como “el programa social más importante en la historia del país”, incluso “algunos de los programas del gobierno …….. eran anunciados con orgullo por sus patrocinadores como modelos dignos de ser exportados para beneficio de los países del Tercer Mundo: fue el caso del entonces Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que, bajo los auspicios del Banco Mundial, fuera diseñado como el principal instrumento del gobierno para combatir la pobreza y pobreza extrema”.[4] La instrumentación del programa y la organización de la burocracia del PRONASOL se le confiaron a Carlos Rojas.

Con respecto al pasado, el gasto –en el régimen nacionalista revolucionario– “el criterio de eficiencia estaba regido básicamente por inquietudes de estabilidad y de evitar el conflicto político, así como por la necesidad de mantener el acuerdo y desviar la protesta. La certidumbre, la estabilidad, la unanimidad en el acuerdo, la ausencia de protesta eran parámetros de eficiencia, no la productividad medida por criterios de costo–beneficio económico.”[5] Ahora de acuerdo con el gobierno el programa era el instrumento de ingeniería de política pública encargado de transformar el ejercicio del gasto en lo operativo, lo técnico, pero fundamentalmente en lo social y lo político. Se dejó atrás la idea de que sólo más gasto público se traducía en más justicia social y se adoptó la racionalidad económica[6] para la provisión del gasto social[7] y la racionalidad social en la política económica que permitieron aumentar los recursos volcados a la promoción del bienestar social, corrigiendo así las fallas de mercado en la distribución y en el uso de los recursos. En esta nueva lógica el gasto social debería contar con fuentes de financiamiento sanas y permanentes, pues de ello dependería su continuidad, profundidad y alcances futuros; a partir de ese momento y en adelante el gasto debería contribuir a la creación de la plataforma socioeconómica necesaria para asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida, pero sobretodo debería ser capaz de no sólo “atender” sino también “promover” el desarrollo de las potencialidades y el incremento de la productividad de la población. Todo esto en aras de que en el largo plazo la política social sería compatible con un esquema de finanzas públicas sanas.

Las dos directrices principales del Programa eran:

a) Material que giró en torno a la provisión de servicios de atención social, la creación de infraestructura y el alivio de la pobreza extrema.

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