El Triunfo De La Cuestión Social

1. LA CIUDADANÍA SOCIAL COMO CIUDADANÍA LABORAL: EL TRIUNFO

DE LA CUESTIÓN SOCIAL.

El mercado moderno lejos de ser la extensión del mercado local tradicional –el horizontal mercado de pueblo que idealizan los teóricos de la libre competencia- es la creación de un entramado jurídico que inscribía en la sociedad los nuevos valores, poderes y jerarquías de las burguesías industriales triunfantes. Este Estado liberal disciplinario y ordenancista no tomaba cartas en lo que hoy consideramos como suministro público (y universal) de servicios, y todas sus intervenciones para atajar el subconsumo; por entonces la recién descubierta cuestión social no pasaban de concentrarse en unas mínimas y vergonzantes leyes laborales -inspiradas antes en el pietismo o la caridad que en el más elemental principio de igualdad, justicia o razón social, lo que, cuando más regulaba ciertos colectivos especialmente desprotegidos, como en los casos de la normativa sobre trabajo infantil, femenino, jornadas desproporcionadas de trabajo, etc. Ese Estado cuando acometía algún tipo de función asistencialista tomaba la forma de Estado de pobres, de menesterosos, de beneficencia marginal y degradada para resolver antes un problema de orden público que de reproducción regular de la mano de obra y que indicaba la situación de estrecha coexistencia entre el trabajo y la pobreza que se producía en la sociedad de la primera gran industrialización. Del descompromiso público de la reproducción ordenada de la fuerza de trabajo es buena prueba la hegemonía que tenían las instituciones de características religiosas o pías en la escueta gestión de la cuestión social a través de hospitales, conventos, casas de caridad y socorro, asilos, roperos, sopas de pobres, etc.

Estas funciones de sostenimiento mínimo y remedio paupérrimo se convertían, implícitamente, en formas de disciplina y control social de los amplísimos márgenes del mundo del trabajo, reconocimiento latente de la naturalidad (darwinista) de un orden social regulado por la vulnerabilidad, desprotección radical y semi-indigencia en la que se movía el mundo del trabajo en el modo de regulación prefordista1

Sin embargo, el Estado keynesiano del bienestar supuso, desde mediados del siglo XX, un ensanchamiento de la ciudadanía, hasta tal punto que se llegó a teorizar como una ciudadanía total, que codificaba y normalizaba socialmente a amplios sectores de la población - las nuevas entonces clases obreras blue collars, ligadas a la producción en masa y las nuevas clases medias funcionales white collars, vinculadas a los servicios, a la distribución y circulación mercantil- que a la vez que se estandarizaban y construían simbólicamente sobre una norma de consumo (privado) de masas, se unificaban a partir del suministro de un amplio paquete de salarios indirectos o salarios ocultos dentro de un conjunto de acciones que suponían, al mismo tiempo, elementos eficaces para evitar estrangulamientos de la demanda efectiva, así como la socialización de las bases productivas y reproductivas de la fabricación mercantil, constituyendo una suerte de propiedad social diseminada y mediadora de una red de intercambios de todo tipo.

1

Sobre los orígenes y genealogía intelectual de las políticas sociales modernas relacionadas de manera

cambiante con el mundo del trabajo pueden consultarse dos textos clásicos ya, uno en el ámbito

anglosajón como es el de Piven y Cloward (1971), otro en el contexto francés como es el de Topalov

(1994). 3

La desmercantilización parcial de considerables espacios de las economías

occidentales supusieron a nivel nacional, por tanto, una racionalización del capitalismo

moderno, en el más estricto sentido weberiano del término (burocratización,

juridificación y normalización), con efectos complementarios positivos en la

acumulación económica y la legitimación social. El nuevo consenso democrático o

compromiso histórico de los años gloriosos de la segunda postguerra del siglo XX, traía

consigo una desradicalización del movimiento obrero y un cierto reparto indirecto entre

los sectores intermedios (y bajos) de renta, fraguando un modelo de sociedad del

bienestar donde el pacto keynesiano supuso la aceptación por parte de las ciudadanías

occidentales (y especialmente europeas), de la racionalidad básica del sistema de

producción -el beneficio-, si se compensaba con la socialización parcial y renegociación

activa por parte de los agentes sociales de los costes sociales -externalidades- que se

asumiían, en última instancia, en las esferas públicas2

.

Este proceso de desmercantilización suponía, al fin y al cabo, desvincular

parcialmente el proceso de reproducción y gestión social de la fuerza de trabajo del puro

mercado y con ello, como hemos señalado, el reconocimiento de derechos que no

solamente eran los derechos políticos, sino también los derechos a participar en cierto

grado de distribución social -materializada en bienes públicos-, a la vez, que el

reconomiento del trabajo como identidad central y convención fundante de los Estados

(sociales) contemporáneos. Este Estado funcionaba como relación social -que ajustaba

conflictiva, pero efectivamente acumulación y legitimación social- y se correspondía

con un tipo de intervención que se presentaba en su construcción retórica como la

consecución de una sociedad de la seguridad (frente a la desprotección radical

decimonónica), esto es, de consecución de niveles de vida relativamente asegurados

para ciertos grupos laborales (los trabajadores asalariados masculinos, maduros, fijos,

industriales

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