El control judicial

El control judicial de las leyes apareció hace doscientos años con el caso Marbury vs. Madison, en los Estados Unidos. Esta efeméride resulta oportuna, para realizar un homenaje a tan trascendental fallo para el desarrollo del constitucionalismo norteamericano y mundial; así como, para valorar el estado actual de la justicia constitucional en el Perú.

El Tribunal Supremo norteamericano, presidido por el juez Marshall, consagró en 1803 con ese emblemático caso, el principio jurídico de la supremacía constitucional, por encima de la soberanía política del Congreso. El fallo expresó, jurídicamente, un claro conflicto político entre el saliente Presidente Adams –federalista– y el entrante Jefferson –republicano o antifederalista–.

Así, Adams antes de traspasar el mando presidencial, nominó a su Secretario de Estado, Marshall, como presidente del Tribunal Supremo, puesto que ocuparía de 1801 a 1835. Pero, Marshall antes de asumir el nuevo cargo, continuó despachando como Secretario de Estado, hasta el cambio de mando presidencial.

Por su parte, el Congreso federalista había aprobado dos leyes: una ley creando nuevas cortes de circuito, que duplicaba el número de los jueces de circuito y otra ley que autorizaba el nombramiento de 42 jueces de paz en el distrito de Columbia. Adams firmó los nombramientos de los nuevos jueces de paz; mientras que Marshall, actuando como Secretario de Estado, selló las órdenes que nominaban a los mismos, prácticamente todos federalistas.

Sin embargo, cuando Jefferson asumió la Presidencia de los Estados Unidos quedaban algunos nombramientos por notificar, entre ellos el del juez Marbury. El nuevo Presidente ordenó al nuevo Secretario de Estado, James Madison, detener los envíos restantes. Contra esta decisión Marbury y otros plantearon un recurso judicial denominado writ of mandamus, ante la renuencia de la autoridad de cumplir un mandato legal y administrativo

De su lado, la nueva mayoría republicana en el Congreso derogó la ley de las cortes de circuito, terminando así con todos los puestos creados en las postrimerías del gobierno de Adams y suspendió el periodo de sesiones del Tribunal Supremo por catorce meses, hasta comienzos de 1803. Reabierto el Tribunal Supremo, el Juez Marshall, no obstante el interés personal que tenía en esa causa, no se inhibió, sino que usó la controversia para plantear la teoría de la supremacía constitucional, al postular la nulidad de las leyes que fueran contrarias a la Constitución.

Con dicha sentencia se logró que el gobierno respetase la independencia judicial, aún cuando en la práctica no se llegara a reponer a Marbury, por cuanto se podía declarar inconstitucional una ley del Congreso, pero no controlar actos discrecionales –políticos o confidenciales– del Ejecutivo. Asimismo, se estableció que dada la supremacía de la Constitución, las cortes federales podían revisar las acciones no discrecionales de las agencias federales, es decir los actos basados en la ley, que afectaran derechos individuales.

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Es indudable que este origen de la justicia constitucional estuvo directamente vinculada con el desarrollo democrático. Desde entonces, no se concibe, la existencia de Estados democráticos donde el gobierno, no este bajo el control de la jurisdicción constitucional, además del político o social. Ya

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