Control Social

CONTROL Y CONFLICTO SOCIAL

EL NARCOTRAFICO COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MEXICO 2009-2011

IINTEGRANTES:

HERNADEZ SANDOVAL MARIELA

LOPEZ TUN YAZMN GUADALUPE

VARGAS BALAM ADILENE

EK CARVAJAL ADILENE

VIERNES 13 DE MAYO DE 2011

INTRODUCCION

Este trabajo analizamos el narcotráfico como amenaza a la seguridad pública en México 2009-2011 y el impacto social que se ha venido dando desde que se implemento el uso del ejército por el gobierno federal, en el combate al narcotráfico en México y sus implicaciones. Partimos de la necesidad de definir el término de militarización, que es el uso del ejército en la vida cotidiana de los habitantes para imponer un orden punitivo, a lo largo de la historia de México, en el proceso de colonización, en la independencia y en la revolución y más todavía, hasta 1946, el país es dirigido por generales y lo predominante es la represión, la guerra, discriminación y pobreza.

Se estudian los factores que han propiciado la militarización en México: la doctrina de seguridad nacional, discurso elaborado en la década de los cincuenta por Estados Unidos para hacer frente al comunismo cubano y evitar su expansión en América Latina, fue el sostén ideológico de las dictaduras militares en América Latina en los setenta. En los ochenta el enemigo a vencer ya no son los comunistas, sino los narcotraficantes, tarea interna en la que se involucra al ejército.

Las justificaciones para el uso del ejército en asuntos de seguridad pública son: la corrupción en los cuerpos policíacos, el incremento de la inseguridad, entre las más importantes. Sin embargo, el ejército está preparado para la guerra y/o el combate.

Atender a la población civil, en conflictos internos es competencia de Seguridad Pública a nivel Federal, Estatal y Municipal, lo que abordamos, las funciones declaradas del Sistema de Seguridad Pública.

Felipe Calderón (2006-2012), comenzó a utilizar a los militares en la llamada “Guerra contra la Droga” o “Guerra contra el Narcotráfico”. Desde entonces ha habido un aumento permanente de los despliegues de tropas y una escalada de la violencia. Hasta 2010 se reportan más de 15 mil muertes ocasionadas por la guerra contra el narcotráfico, de los cuales un número importante corresponde a los asesinatos cometidos en Ciudad Juárez (Chihuahua).

La estadística incluye —además de las bajas de los cuerpos armados federales y de las bandas de narcotraficantes— a civiles sin nexos con el narcotráfico, jóvenes, niños y periodistas.

Bajo este contexto, cabe preguntarse si la estrategia utilizada por el Gobierno Federal es la adecuada, en el sentido de que resuelve el problema de las drogas, de manera legal y legitima o/y sin menoscabo de los derechos fundamentales.

Las consecuencias de la utilización del ejército en asuntos internos han sido, fundamentalmente, de violación a los derechos humanos, son varias las quejas de civiles ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra militares, que aumentan significativamente. La violencia, las muertes, los miedos se incrementan y el gobierno sigue justificando la necesaria participación del ejército.

La inversión en profesionalización de la policía y uso del ejército para generar seguridad, hasta ahora no ha dado resultados.

Una política de prevención integral encaminada a generar seguridad debe dirigirse a la atención de grupos vulnerables a crear espacios seguros, disminuyendo situaciones de riesgo y fomentando una cultura de la legalidad.

EL NARCOTRAFICO COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO 2009 -2011.

Las fuerzas armadas son las encargadas de la Seguridad Nacional; el Estado mexicano manifiesta que: “salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de la nación es objetivo y obligación irrenunciable del Estado Mexicano. La larga lucha por erigirnos en una nación libre, en una nación de derecho no puede entenderse sin las fuerzas armadas. México ha depositado en las instituciones militares la enorme responsabilidad y el gran privilegio de ser garantes de la seguridad, de la soberanía nacional y de la protección de los intereses de la nación.”(Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012).

Las fuerzas armadas se pretende: “fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización de su equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y mares nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos naturales, el espacio aéreo y las instalaciones estratégicas”. Para impedir que las fuerzas armadas sean rebasadas por el crimen organizado, se les brindará el apoyo para disminuir cualquier rezago salarial, de equipamiento, tecnológico y de capacitación que pudiera minar su capacidad de respuesta en el cumplimiento de su misión (PND 2007-2012).

Pineyro señala que la falta de acuerdo político y también conceptual sobre que situaciones sociales pueden ser o no riesgos o amenazas a la seguridad nacional mexicana, es una constante histórica que obedece en gran medida a dos situaciones estructurales. La primera, responde al carácter presidencialista y autoritario del régimen político donde históricamente quien ha definido que se entiende por seguridad nacional es el presidente en turno y donde los secretarios de Estado durante sus declaraciones públicas solo repiten el discurso presidencial o plantean generalidades al respecto. La segunda cuestión corresponde a las múltiples presiones de Estados Unidos para incorporar a México a su esquema de seguridad nacional.

La doctrina de la Seguridad Nacional estuvo alentada por Estados Unidos, ante la amenaza comunista en la región durante la guerra fría, transmitida principalmente desde la Escuela de la Américas en Panamá, que instruyo a militares latinoamericanos en técnicas contra-insurgencia y violaciones a los derechos humanos.

América Latina, rico en materias primas pero pobre en tecnología, educación e industria; Estados Unidos, país industrializado en busca de materia prima de bajo costo, aunado a las elites nacionales de los países pobres, que controlan las instituciones del Estado

En la agenda actual de seguridad el tema de la lucha antidroga es el más importante para los actores externos porque el narcotráfico tiene repercusiones no sólo para las sociedades latinoamericanas (productores) sino también para EEUU y Europa (consumidores).

El combate al narcotráfico se ha convertido en uno de los temas prioritarios dentro de la agenda política interamericana, por lo tanto, en la mayoría de los países latinoamericanos, la nueva tarea de la seguridad se concentra en problemas intra-estatales, siendo los más destacados la lucha contra el narcotráfico, la violencia, la inseguridad ciudadana y un aumento de la creciente conflictividad social como respuesta a la extendida pobreza en la región. Estas nuevas tareas internas en las cuales están involucrados los miembros del ejército podrían provocar nuevos conflictos en las relaciones cívico-militares

El narcotráfico y la lucha contra la delincuencia organizada, han sido la nueva tarea que tiene que combatir el ejército mexicano, para lograr ese objetivo, se lleva a cabo en toda la república la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y la lucha permanente contra el narcotráfico, que consiste en retenes militares en carreteras, casetas de cobro en autopistas, revisiones en aeropuertos y recorridos en las zonas rurales, con el fin de detectar armas y estupefacientes, además de detener a los presuntos responsables de los delitos y ponerlos a disposición del ministerio público federal.

Benítez Manaut , afirma que México vive una remilitarización, pues hay varios fenómenos que emergen de la transición democrática, y amenazan la estabilidad política del país, como el crimen organizado y el narcotráfico

Esta remilitarización se da en algunas regiones e instituciones del estado, principalmente las de la imposición de la ley, aplicación de la justicia y vigilancia de la seguridad pública.

La creciente participación directa del ejército en operaciones de carácter policial no es una situación nueva, pero esta tendencia se va acentuando durante los últimos años. La institucionalización de las Fuerzas Armadas Mexicanas en las tareas de seguridad pública se da claramente a partir de diciembre de 1995 cuando se dio la promulgación de la Ley que Establece las Bases Generales del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En suma vemos que la institucionalización de la participación del ejército y las demás fuerzas militares se establece ya más claramente en marcos jurídicos que buscan atender el problema de la inseguridad, y que además se legitiman a partir de interpretaciones militares que intervienen en la detención de quienes cometen delitos contra la salud, forman parte de una corporación que labora en la campaña contra el narcotráfico, y de acuerdo a lo establecido con el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En ningún punto se menciona a la PGR u otra autoridad federal encargada de perseguir estos delitos, se le confiere toda la tarea a las fuerzas armadas, así como los recursos para lograr el objetivo.

En esta lucha contra el narcotráfico, se encuentra ubicada la “Iniciativa Mérida”, como antecedentes de esta iniciativa se tiene la cooperación internacional contra el narcotráfico, se fundamenta en que el origen y solución al fenómeno del narcotráfico rebasan

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