Elementos del ambiente: Dentro del marco de la Gestión Ambiental

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA[pic 1]

UNIVERSIDAD YACAMBU

ESTUDIOS AMBIENTALES

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Participante:

Cabudare, Abril de 2017

Elementos del ambiente: Dentro del marco de la Gestión Ambiental

En Venezuela el interés por la dimensión territorial del desarrollo, como ámbito más amplio que el urbanístico y como marco de concreción espacial de las políticas económicas y sociales, cobró auge con la institucionalización de la política de regionalización administrativa, es así como surge el proceso de ordenación del territorio regulado por un conjunto de leyes de carácter orgánico que, incluso, representan una limitación legal a las actuaciones sobre la propiedad privada, al libre juego de las fuerzas del mercado y a la afectación de recursos naturales, aspectos que no entran en consideración en la planificación regional del desarrollo. Este  proceso de ordenación del territorio ha estado articulado a una serie de instrumentos y mecanismos para controlar la ocupación y uso del territorio, no ha sido eficiente en la evaluación de los impactos que causan las actividades económicas sobre el ambiente, ni en la eliminación de problemas sustantivos que afectan a la sociedad, a la configuración territorial y al ambiente en general.

Para ello, se plantea una nueva modalidad de planificación: la ambiental, y como instrumento, el plan de gestión ambiental, término que se refiere al  conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental, donde se involucran áreas normativas y legales, tales como: la política ambiental, relacionada con la dirección pública o privada de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales; ordenamiento territorial, entendido como la distribución de los usos del territorio de acuerdo con sus características; evaluación del impacto ambiental, conjunto de acciones que permiten establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos; contaminación, estudio, control, y tratamiento de los efectos provocados por la adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente, entre otros.

Estos lleva a la afirmación que la gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarcando un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la implementación., tiene que ver con las políticas del estado en materia ambiental, el ordenamiento territorial, evaluación del impacto ambiental, contaminación y la educación ambiental.

Por consiguiente, la ordenación del territorio, como proceso planificado y política del Estado venezolano, es consustancial con el proceso de planificación del desarrollo económico y social. Tiene su razón de ser en la optimización de la estructura socioterritorial, de manera de crear condiciones favorables a la recepción del gasto público y de la inversión privada, intentando armonizar y compatibilizar la ocupación y uso del territorio, la localización de actividades productivas, las exigencias del desarrollo económico y social, con el manejo de los recursos naturales. Su fundamento estratégico es el principio de “colocar cada cosa en su lugar”. Es una concepción de desarrollo armónico, geográficamente equilibrado y desconcentrado, de manera de hacer más eficiente la oferta territorial a la recepción del gasto del Estado y de la inversión privada.

En consecuencia, los propósitos que animan el proceso de ordenación del territorio son la eficiencia territorial en el gasto y en la inversión, la localización adecuada de las actividades productivas en razón de usos recomendables del territorio y la equidad social articulada a un proceso de distribución espacial del equipamiento de infraestructuras y servicios, a través de la promoción de una oferta de capital social fijo capaz de estimular actividades productivas claves y de mejorar el equipamiento de servicios en las comunidades. El manejo de los recursos naturales se concibe como una dimensión de lo territorial en cuanto a que poseen valor de uso y de cambio, para la producción de bienes que se desplazan entre las tendencias del mercado y la zonificación de los usos del territorio.

Para Méndez Vergara (1992) la ordenación del territorio es un proceso planificado y una política del Estado, que se plantea el análisis de la estructura y  dinámica socioterritorial con el objeto de regular, promover, organizar y administrar de manera adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, la localización de las actividades económicas, el equipamiento territorial y la organización de la red de centros poblados, a fin de potenciar las condiciones y cualidades de la oferta territorial y, de esa manera, contribuir a los objetivos del bienestar social de la población, lograr el uso armonioso del territorio y el manejo adecuado de los recursos naturales. Ello exige la propuesta de acciones de intervención que puedan ser llevadas a efecto por los órganos del Poder Público con el apoyo de las comunidades.

En este contexto surge la ordenación territorial-ambiental como una modalidad de articulación de los procesos de ocupación y uso del territorio, localización de actividades económicas e infraestructuras de equipamiento con el manejo ambiental. En esencia, este enfoque de planificación pretende responder a las necesidades de organizar el territorio con una base ambiental explícitamente formulada para asegurar un desarrollo responsable, que en una nueva óptica hemos preferido denominar desarrollo responsable.

        Pero cómo se concibe un desarrollo dentro de este instrumento de preservación? Diversas acepciones se le han dado al concepto de desarrollo, vocablo ampliamente difundido y controversialmente interpretado, al punto de que hoy continúa en el “ojo del huracán” de quienes asumen posiciones en torno a las soluciones de los grandes problemas de la humanidad. En consecuencia, quienes participan en los procesos de ordenación territorial-ambiental deben enfrentar de entrada la interrogante sobre ¿qué tipo de desarrollo es el que se quiere?

Sunkel (1981) sitúa el desarrollo como “... un proceso de transformación de la sociedad que se caracteriza por la expansión de la capacidad productiva, el aumento de los promedios de productividad por trabajador y de ingresos por persona, los cambios en las estructuras de clases y de grupos y en la organización social, las transformaciones culturales y de valores, la evolución de las estructuras políticas y de poder, y la utilización de los recursos naturales dentro del criterio de uso sostenido, todo lo cual permite elevar el bienestar social y la calidad de vida de la población”. Esta es una definición que intenta resumir procesos reales sobre la base del conocimiento de los rasgos del crecimiento económico, el desarrollo social, la participación política, la identidad cultural, la capacidad de sustentación ecológica y la autonomía nacional. Es una definición que, además, se adentra en la concepción ecologista del desarrollo al señalar el criterio de uso sostenido de los recursos naturales de manera armónica con el crecimiento económico.

Para Méndez Vergara (1998) entiende el concepto de desarrollo sostenible y responsable como un proceso de desarrollo que se articula a un conjunto de principios de carácter axiológicos y de fundamentos socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales, que tienen como punto central a la gente y a su entorno vital, el cual debe conducir a que cada hombre y todos los hombres en cada lugar del planeta manifiesten su convicción de que allí vale la pena vivir y trascender.

Es una concepción que se articula a una visión ecosocial, ética y pertinente del desarrollo. Este concepto implica obligaciones individuales y colectivas que entran en el dominio del debe y puede ser, pero también en el campo de lo estratégico para alcanzar patrones de conducta y acciones de intervención frente a dimensiones de lo económico, social, cultural, ambiental y político-institucional, cuyo objetivo apunta a la calidad de vida de la población, a la calidad ambiental y al crecimiento económico ordenado. Implica, además, considerar al hombre en sí mismo como ente comprometido con sus semejantes y con la sociedad y con su entorno vital, lo que implica colocar los intereses humanos en el mismo plano de importancia con los intereses del ambiente.

De allí surge la necesidad del  desarrollo de la política ambiental implica un largo proceso de toma de decisiones. Parte de una preocupación ambiental y acaba en la adopción de medidas encaminadas a paliar tendencias desfavorables. Una de las piedras angulares de este proceso es la disposición de información adecuada. Cuando el deterioro ambiental se transforma en una reconocida preocupación ambiental, por lo general existen datos científicos que avalan el problema. Por ejemplo, el fenómeno del cambio climático, una de las preocupaciones ambientales de mayor magnitud, dispone de una ingente cantidad de datos científicos no sólo actuales sino de un largo período histórico. Sin embargo, esta información científica no siempre es útil para el desarrollo de una política. Resulta necesario traducir las observaciones científicas y la abundante información en un número reducido de parámetros capaces de ofrecer información útil, a nivel político, sobre el problema en cuanto a sus causas, su situación y sus tendencias.

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