Encuentro Entre El Presidente Evo Morales Y El Presidente Lula

El acuerdo entre los gobiernos de Brasil y Bolivia sobre el precio del gas fue correcto y va a facilitar la integración energética del continente. La idea fue el denominador común de las opiniones de los parlamentarios más prominentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), en referencia al pacto que firmaron los presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Evo Morales, por el cual Brasilia aceptó pagar más por el carburante producido en la nación quechua. El compromiso suscripto por ambos países significa para Bolivia un incremento de 144 millones de dólares en sus ingresos anules y para Brasil representa un reaseguro en la continuidad del suministro diario, que alimenta a más de la mitad de la industria del estado de San Pablo (26 millones de metros cúbicos importados por refinería estatal Pretrobás) y que provee a la usina termoeléctrica de Cuiabá en el estado de Mato Grosso (1, 2 millones de metros cúbicos).

En particular, para el diputado nacional Mauricio Rands, del PT de Pernambuco, la "oposición está sin banderas y sigue procurando encontrar problemas donde, justamente, fueron resueltos. Todos sabemos que Bolivia, por haber tenido sus riquezas explotadas a lo largo de la historia, está con una nueva política. Un buen acuerdo es siempre la mejor política. Un no acuerdo traería consecuencias negativas. Brasil encontró una buena solución que permite la continuidad de la prestación del servicio".

Tan fuertes fueron las críticas de la oposición que el vice presidente del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) en la Cámara de diputados, Leonardo Vilela, anunció medidas judiciales, que elevará al Supremo Tribunal Federal (STF), contra el tratado. Puede decirse que el PSDB es un opositor en soledad, ya que los partidos de presencia nacional, en su mayoría, se han sumado a la concertación -gobierno de coalición con leyendas compatibles o no desde lo ideológico- propuesta por Da Silva minutos después asumir por segunda vez la presidencia.

El diputado Nilson Mourao, del PT de Acre dijo que "las críticas son absolutamente sin fundamento porque confunden acuerdos y tratados internacionales con contratos comerciales. El PSDB desearía una postura del presidente Lula Da Silva incompatible con su política internacional". Es que algunos arreglos de país a país merecen en Brasil la aprobación del Congreso, pero los convenios de comercio son patrimonio del Ejecutivo.

Mourao también señaló que el arreglo "quita una traba para la aceleración de la integración".

Para los especialistas, el acuerdo es positivo porque garantiza la estabilidad del abastecimiento de gas natural para la industria brasileña y es una seguridad porque promete un flujo de energía para llevar adelante el Plan de Aceleración de Crecimiento (PAC).

El PAC es la primera apuesta fuerte Da Silva para su segundo mandato. Se trata de un plan económico que prevé inversiones públicas y privadas de 234 mil millones de dólares hasta el 2010 y persigue acelerar -duplicar, según las estimaciones oficiales- el crecimiento durante los próximos cuatro años. Fue presentado el 22 de enero pasado en Planalto (palacio de gobierno), en un acto al que fueron invitados los 27 gobernadores, la totalidad del gabinete y los miembros más importantes del Congreso.

El plan, calificado por sus detractores de ambicioso e inconsistente, podría convertirse en el programa de inversiones más amplio de la historia del país si concluye con éxito. Entre las anunciadas están : la construcción o reparación de 42 mil kilómetros de carreteras ; el tendido de 2.500 kilómetros de vías férreas ; la construcción de 20 aeropuertos y 12 puertos ; el trazado de 4.500 kilómetros de gasoductos y 13.800 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad ; la colocación de 46 fábricas de biodiésel y de 77 refinerías de caña de azúcar para producir

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