Funcion Policial
antoy27 de Septiembre de 2013
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Introducción
En las dos últimas décadas se han incrementado la criminalidad y la percepción de inseguridad en
las principales ciudades de América Latina, incrementos que han situado el tema de la seguridad
ciudadana como prioritario en las agendas públicas y de los gobiernos y han supuesto la ubicación
del problema de la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y
ciudadanas del continente. Puede decirse que estamos al frente de una violencia implantada en un
contexto de debilitamiento institucional, de amplias desigualdades económicas y de relaciones
sociales profundamente asimétricas.
Sin embargo, esta importancia no ha sido refrendada con el adecuado diseño de políticas públicas
de seguridad ciudadana integrales y estratégicas; más bien, algunas acciones gubernamentales
aparecen dominadas por el síndrome del temor, del corto plazo y la urgencia social del tema con
soluciones que privilegian el uso de la fuerza y las restricciones de libertad y derechos como
mecanismos aptos para delinear soluciones, sin perjuicio, además, de los réditos electorales que
el tema de seguridad posee.
Los abordajes institucionales del tema de seguridad ciudadana son, en el mejor de los casos,
desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos; no obstante escasean los abordajes del
tema de la seguridad ciudadana para la garantía de los derechos humanos.
En el Estado democrático de Derecho, la función policial se erige como un servicio público a la
comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los
derechos y libertades; siendo una labor íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad
de vida de las personas como función superior del Estado. La razón de ser que otorga
legitimidad a la profesión policial es la protección y garantía de los derechos humanos y
libertades fundamentales, razón que constituye su horizonte último.
Sin embargo, la recurrencia de episodios en los que el accionar de las fuerzas policiales genera
consecuencias más dramáticas que las que pretende evitar, permite sostener que el abuso en
el uso de la fuerza por parte de la policía es un problema de tal magnitud que contribuye a
incrementar los niveles de violencia al tiempo que genera una desnaturalización de la
obligación de garantía de la seguridad ciudadana como responsabilidad del Estado y sus
funcionarios.
Las consideraciones que siguen tienen por finalidad presentar, de una parte, una aproximación
al paradigma de la seguridad ciudadana para la garantía de los derechos humanos, al tiempo
que ofrecer un breve análisis sobre la configuración de la función policial y el uso de la fuerza a
partir del deber de promoción y garantía de derechos y libertades que compete a la policía en
el Estado Democrático de Derecho.
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
El elevado y creciente aumento de los hechos de violencia durante los últimos veinte años en la
región y su carácter rutinario e impune es inconsistente con la democracia; muestra una
1
Abogada, Magíster en Derechos Humanos. Oficial del Programa “Seguridad y Derechos Humanos” en
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH. “abdicación de la autoridad democrática” y afecta la credibilidad de las frágiles instituciones
democráticas2
.
Los fenómenos de la criminalidad y violencia se asocian tanto al aumento de la desigualdad, a
la exclusión social y a la progresiva limitación de oportunidades como a la insuficiencia
institucional para enfrentarlos: ineficiencia policial, impunidad asociada a la ineficiencia y
corrupción del poder judicial, limitaciones en la legislación vigente, políticas públicas de
prevenciones inexistentes o inadecuadas, entre otros.
Por ello, una política adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida, en primer
lugar, como parte del conjunto de los esfuerzos de los Estados por avanzar en la inclusión
social y la igualdad de oportunidades y como parte del esfuerzo de fortalecer nuestras aún
débiles democracias y garantizar los derechos humanos y libertades públicas; conquistas
fundamentales de las últimas décadas que no pueden ser arriesgadas.
Las modernas teorías han venido conceptualizando la seguridad de un modo integral
refiriéndose a la seguridad humana3
. Si bien esta noción es determinante en aras a lograr
afectar aquellos factores estructurales generadores de inseguridad y medir los avances en
equidad y democracia al interior de los países; adolece de una amplitud semántica y carece de
la especificidad técnica y conceptual necesaria para posibilitar la evaluación de las políticas
públicas que puedan formularse para su logro4
.
De acuerdo con el paradigma del desarrollo humano, nos referimos a la seguridad ciudadana
como aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente
garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos
institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que
pueden lesionar tales derechos.
De ahí que el derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho
consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre
ejercicio de todos sus derechos. En este sentido, la falta de normatividad y tutela efectiva del
derecho a la seguridad ciudadana per se no puede servir de obstáculo para el establecimiento
de la responsabilidad estatal ante el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar, proteger
y cumplir5
.
El derecho a la seguridad es por ello un derecho fundamental, para todos, por lo que el objetivo
último de las políticas de seguridad desarrolladas por el Estado para el logro de su garantía, no
es el de la protección de una parte de la sociedad a costa de la marginación y criminalización
de otras, sino el de la inclusión de la totalidad o de la gran mayoría de los ciudadanos en la
construcción de pautas de convivencia democrática compartidas, en las que deben primar
políticas de prevención, reparación y sanción con propósitos reinsertadores por encima de las
de represión y violencia sobre los no privilegiados.
2
O¨DONNELL, Guillermo, “Las poliarquías y la (in)efectividad de la ley en América Latina”, en
MÉNDEZ, Juan, O¨DONNELL, Guillermo y PINHEIRO, Paulo Sérgio (eds.), La (in)efectividad de la ley
y los desfavorecidos en América Latina, Ed. Paidos, Buenos Aires, 2002, p. 305.
3
El concepto de seguridad humana, como tal, aparece en 1993 propuesto por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) aludiendo a ocho dimensiones de la seguridad: económica, financiera,
alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de género, comunitaria y política. Véase Informe Anual
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994.
4
Véase ESCOBAR, Santiago et al., La seguridad ciudadana como política de Estado. Un marco
conceptual para la acción de las fuerzas progresistas del Cono Sur, Fundación Friedrich Ebert, Santiago,
2005.
5
El derecho a la seguridad ciudadana, en sentido estricto, no ha sido consagrado como tal en los tratados
internacionales de derechos humanos, sino que aparece como un principio transversal Así, la Declaración
Universal de Derechos Humanos se refiere a la “seguridad de su persona”; en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos la mención a la seguridad aparece como restricción a otros derechos
enunciados. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos alude a la “libertad y
seguridad personales” como derechos de toda persona. El disfrute de los derechos humanos está indisolublemente relacionado a la forma mediante la cual
las sociedades democráticas son capaces de enfrentar el problema de la criminalidad que pueda
manifestarse en su seno. En relación con la situación de la criminalidad y la violencia en
Latinoamérica, el tema de los derechos humanos se relaciona principalmente al menos en tres
sentidos.
En primer lugar, la relación nace de la repercusión que tienen los altos niveles de criminalidad y
violencia y las políticas de control en el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la
vida, a la integridad personal y a la justicia, por sólo mencionar algunos. En el mismo sentido, la
violencia ejercida por particulares obstaculiza también el disfrute de derechos y la dignidad de las
personas, la vida en comunidad, el desarrollo y las posibilidades de profundización de la
democracia. Para controlarlos y reducirlos, es necesario proyectar estrategias comprehensivas
que tomen en cuenta todos los factores que inciden en ellos; cuya responsabilidad es indelegable
e intransferible del Estado.
La magnitud que han alcanzado los homicidios en la última década es tan elevada que es difícil
admitir que se trata
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