GOBIERNOS LOCALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

Raúl Martínez

Matr. 11-0117

“Con todo, las instituciones municipales constituyen la fuerza de las naciones libres. Las asambleas de los pueblos son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia: la ponen al alcance de la gente, enseñan a los hombres cómo usarla y cómo disfrutarla. Una nación puede establecer un gobierno libre, pero, sin instituciones municipales, no puede tener el espíritu de libertad.”

Alexis de Tocqueville: “La democracia en América”

I. La nueva trama de de la transición democrática.

Durante las últimas décadas, en América Latina han proliferado diversas experiencias de innovación institucional dirigidas hacia la expansión y profundización de la democracia. En el variado repertorio de iniciativas tendentes a la superación cualitativa de nuestros sistemas democráticos ha desempeñado un papel de singular relevancia la introducción de nuevos esquemas orientados a estimular la participación de los ciudadanos en la tarea de gobernar.

En el presente trabajo, presentaremos sólo algunos rasgos esenciales del nuevo rostro participativo de los procesos de democratización; explorando con mayor detalle la dimensión territorial de estas reformas e innovaciones, al focalizar nuestro interés en el contexto específico de la transición de los gobiernos locales hacia modelos de gestión más plurales, abiertos e incluyentes.

Al reflexionar sobre los gobiernos locales y su rol en la transición democrática, examinaremos con mayor detalle la evolución de este proceso en el caso de la República Dominicana, donde se han producido significativos cambios en el plano normativo en los últimos años, dirigidos a alentar el establecimiento de nuevos mecanismos de participación y control social de la gestión pública municipal.

Esta amplia renovación normativa se produce en el contexto de un nuevo diseño constitucional que ensancha las posibilidades de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas públicas, el cual se combina con un amplio repertorio de normativas legales también inspiradas en el ideario participativo.

Intentaremos demostrar que la República Dominicana ya no puede considerarse como “el polo menos participativo” del continente, como en su momento afirmara Felipe Hevia de la Jara (1), ya que ha adoptado reformas sustantivas encaminadas en la dirección de auspiciar esquemas de gestión pública proclives a la participación y sujetos a mayor control social.

Sin embargo, la introducción de nuevos dispositivos participativos en la legislación dominicana es un proceso muy reciente y, como veremos posteriormente, no han tenido mayor impacto en la configuración fáctica del poder estatal, el cual mantiene a los gobiernos municipales en una clara situación de rezago y postración institucional, frente al avasallante poder de la administración central.

Por último, pretendemos esbozar algunos de los desafíos que encaran los gobiernos municipales dominicanos para cristalizar los objetivos planteados en el nuevo ordenamiento normativo, tendentes a promover el desarrollo de esquemas más plurales y efectivos de gestión en la administración local.

II. La participación: el nuevo lenguaje de la democracia.

El proceso de consolidación democrática que se observa en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos ha incorporado, como indicamos más arriba, la generalización de prácticas dirigidas a promover la inclusión de nuevos esquemas participativos en la gestión pública.

Al resaltar la importancia de estos procesos en la reforma de las democracias latinoamericanas, autores como Dagnino, Olvera y Panfichi destacan que: “… se trata de muchos experimentos que en materia de profundización e innovación democrática, ampliación del campo de la política y construcción de ciudadanía se han venido desarrollando en varios países de América Latina en años recientes, resignificando la idea misma de democracia (subrayado nuestro, R. M.) y demostrando, en distintas escalas y grados de complejidad, que es posible construir un nuevo proyecto democrático basado en principios de extensión y generalización del ejercicio de los derechos, apertura de espacios públicos con capacidades decisorias, participación política de los ciudadanos y reconocimiento e inclusión de las diferencias. Es precisamente la importancia de este campo de experiencias lo que ha dado lugar a una renovación del debate sobre la democracia.” (2)

Como se ve, la introducción de estas innovaciones institucionales coloca a la participación en el abecedario elemental del nuevo lenguaje democrático latinoamericano, al tiempo en que posiciona a estos procesos en el centro del debate contemporáneo sobre la reforma democrática en los países de la región. En este sentido, Adrián Gurza y Ernesto Isunza señalan que: “… las agendas dirigidas a la profundización e innovación democráticas se encuentran fuertemente vinculadas a la idea de participación, ya sea como presencia directa de las personas ocasionalmente afectadas o beneficiadas por decisiones públicas o como presencia inscrita en los procesos de deliberación cara a cara. La participación de franjas de la población consideradas sub (o mal) representadas en los escenarios tradicionales de la representación política constituiría un expediente clave para acicatear el funcionamiento de las burocracias y para sintonizar las decisiones políticas con las necesidades de esta población.” (3)

La creciente presión social dirigida a oxigenar el modelo tradicional de la democracia representativa, auspiciando novedosos mecanismos de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre políticas públicas, ha dado lugar a un nuevo debate que revisa la esencia misma de la teoría democrática contemporánea. En efecto, rasgos elitistas y excluyentes de las democracias electorales han generado como respuesta la validación de nuevos paradigmas, ante el desafío de una ciudadanía más reflexiva y crítica, que demanda más que la simple provisión tecnocrática de servicios públicos.

Una de las deficiencias más sensitivas de los esquemas convencionales que sustentan a la democracia representativa tiene que ver con la ausencia de mecanismos de control efectivos sobre la gestión de los funcionarios elegidos y el desempeño de la burocracia estatal. En este sentido, Smulovitz y Peruzzotti explican lo siguiente: “Cuáles factores hacen del voto un mecanismo ineficiente de control?

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