HABILIDADES COMUNICATIVAS

Introducción: La angustia del privilegiado

Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. Por supuesto, se podría imaginar uno todavía mejor, que le garantizara legalmente el derecho a mantener sus privilegios a través de las generaciones. Pero eso (tener una clase nobiliaria y voto censitario, etc) es claramente imposible. Y en rigor innecesario: el sistema chileno es casi perfecto para asegurarle al que tiene privilegio que lo mantendrá.

En efecto, en Chile la ley se pone enteramente a disposición de los ricos para que éstos puedan usar toda su riqueza de manera de garantizar que la situación de la que gozan hoy podrá ser traspasada a sus hijos. Es importante aquí hablar con precisión. No tiene nada de raro, y ocurre en todas partes, que el privilegio encuentre muchas maneras ocultas o evidentes de reproducirse. Que en Chile el privilegiado pueda transmitir su ventajosa situación no es lo que hace de nuestro sistema educacional un escándalo grosero. Lo que sí es escandaloso, en lo que a educación se refiere, es que la ley no hace siquiera el intento de limitar la medida en que el privilegiado puede usar su privilegio para privilegiar a su descendencia. Así el que quiere y puede gastar mil en la educación de sus hijos puede hacerlo sin problemas, y su hijo recibirá una educación de mil, junto a otros niños cuyos padres quieren y pueden gastar lo mismo; el que puede gastar 100, gastará 100 de modo que su hijo recibirá, junto a otros cuyos padres pueden gastar 100, educación de 100; el que puede gastar 10 comprará educación de 10, y el que no puede gastar nada irá a la educación municipal, donde se encontrará con otros que no pueden pagar nada.

Y aquí empieza lo bueno. Cuando la educación termine, sus egresados deberán competir entre sí para repartirse los puestos de trabajo a los cuales están vinculados la influencia, el poder y el dinero. El premio se lo lleva (al menos en teoría, porque esto ya contiene una cierta idealización) el que gana la competencia. Pero en esa competencia a un lado está el que ha estado pagando 1000 por su educación y al otro lado el que no recibió nada más que lo que podía ser provisto con la subvención estatal.

No es una competencia justa: sin embargo el privilegiado, cuando gana, dirá que ganó porque lo hizo mejor que otros, de modo que la queja del que quedó en una posición rezagada es fruto de la envidia y una demostración del “chaqueteo”, una enfermedad “típica chilena”. Dirá que el que se queja es un “resentido” (de hecho, el mismo lenguaje en que están escritas estas líneas es habitualmente acusado de resentimiento o de incitar a la “lucha de clases”: hoy es aceptable en público hablar de “pobres” pero no de “ricos”. Y eso, nótese, en un país que en el concierto mundial se destaca notoriamente por su desigual distribución del ingreso).

Pero cuando el exitoso esté solo, le resultará difícil ignorar el reclamo al que Los Prisioneros dieron una expresión tan certera:

Nos dijeron cuando chicos

Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar

Oían los consejos los ojos en el profesor

Había tanto sol sobre las cabezas

Y no fue tal verdad porque esos juegos al final

Terminaron para otros con laureles y futuros

Y dejaron a mis amigos pateando piedras

Aunque en público califique esta canción como el ejemplo del “resentido”, no podrá dejar de ver, ante sí mismo, que algo hay ahí que debe ser atendido.

Dicho de otro modo, ser privilegiado, particularmente en un país como Chile, es vivir con la angustia de saber que las posibilidades de vida de uno se construyen mediante la negación de esas posibilidades a otros. Cuando la alienación del privilegiado sea total, se encogerá de hombros y será auténticamente indiferente frente a eso. Pero afortunadamente no hemos llegado todavía a ese punto, por lo que todavía podemos mantener alguna dosis de optimismo (esta es la única buena noticia contenida aquí). El privilegiado necesita aliviar su angustia, porque no es fácil saber que la vida que uno lleva se construye sobre la negación de las posibilidades de vida de otros. No es fácil vivir sabiéndose beneficiario de una flagrante injusticia.

Por supuesto la solución para eso sería que el privilegiado luchara contra el sistema que facilita la transmisión del privilegio: pero claro, esto lo obligaría a renunciar al mejor de los mundos posibles, lo que tendría (para él) un costo alto. Es mejor seguir viviendo en el mejor de los mundos posibles, pero tener una respuesta para negar que uno es beneficiario de una flagrante injusticia. El privilegiado, para aliviar su angustia, necesita que lo convenzan de que no es verdad que él es beneficiario de la injusticia, sino al revés: en realidad su privilegio es una carga, y el que carece de privilegio en realidad es el auténtico privilegiado.

Lo que muestra que la referencia a la angustia del privilegiado no es pura imaginación, es la enorme cantidad de recursos económicos y humanos, expresados en centros de estudios, universidades y “think-tanks”; estudios, publicaciones y encuestas; becas, columnas de opinión y grados académicos, que se invierten en el esfuerzo de dar vuelta las cosas de este modo. Esos centros de estudios tienen académicos altamente capacitados que se dedican a jornada completa a buscar maneras de mostrarle al privilegiado que el modelo de desarrollo chileno en general y el sistema educacional en particular están construidos de modo de mejorar todo lo que sea posible al que está peor situado; que el sistema chileno está diseñado para maximizar la libertad de todos, no sólo de los ricos; que el hecho de que el que tiene 1000 pueda gastar 1000 en la educación de sus hijos no es una manera de comprar una ventaja, sino la carga de tener que financiar la educación de sus hijos, porque si no la pagara de su bolsillo tendría que recibir recursos del Estado y eso es “regresivo”. Es el otro, el que asiste a una escuela municipal, el que recibe el beneficio de una educación “gratuita”.

Todas estas observaciones no sólo son falsas, sino evidentemente falsas; pero lo que le prometen al privilegiado es algo demasiado valioso, y por eso cuando cualquiera de ellas aparece, es elevada a la categoría de verdad indiscutible. Quienes las formulan y publicitan son entonces celebrados por quienes tienen poder e influencia, y se transforman en los “expertos” prestigiados, cuya opinión es siempre atendida por los “líderes de opinión”, que son llamados a ocupar las comisiones presidenciales e invitados a reuniones de alto perfil y entonces son nombrados en centros de estudios con presupuestos asegurados lo que les garantiza la relevancia y el éxito académico. Observando esto, quienes comienzan sus carreras los miran como modelos a seguir por lo que deben empezar a hablar en los mismos términos, y a distinguir del mismo modo lo que es “realista” de lo “utópico”, lo que “la evidencia empírica sugiere” de lo que es “ideología”. De ese modo se construyen los lugares comunes que revisaremos en lo que sigue.

Su resultado es sorprendente: un conjunto de falsedades cuya función es convencer al privilegiado que su privilegio es una carga, y convencer al que carece de privilegio de que el modelo actual es el mejor de los mundos posibles para él. Es tan funcional al interés del privilegiado que pareciera ser el resultado de una conspiración de los ricos. Pero pese a las apariencias, la hipótesis de una tal conspiración es innecesaria. Se trata de un proceso que se desarrolla espontáneamente, sin que nadie lo planifique o prevea. Es la gramática del autoengaño: para que haya autoengaño es necesario que yo no sepa que estoy engañado.

Lugar común número 5: “No hay problema con que haya educación con fines de lucro, porque todos lucran (por ejemplo, el profesor cuando cobra su remuneración). El ‘lucro’ es sólo ‘la justa retribución’ por un esfuerzo, y por consiguiente es enteramente legítimo”.

FALSO. Los defensores del sistema actual han puesto el grito en el cielo por la sola impugnación de (como le dicen) “el lucro”. Han repetido una y otra vez que la objeción al “lucro” es “ideológica”, que desvía la atención de lo que verdaderamente importa, etc. Armados de un diccionario, apuntan que “lucro” no es sino la “ganancia o provecho que se saca de algo”, y que todos, siempre, obtenemos una ganancia o provecho de nuestras interacciones con los demás. El profesor que enseña lucra, porque le pagan una remuneración; el estudiante que asiste a clases lucra, porque aprende; el diputado lucra, porque recibe una dieta. San Alberto Hurtado lucraba cuando recogía niños de debajo de los puentes, porque está depositando en una cuenta corriente espiritual para después cobrar en bonos de vida eterna. Así, los que defienden el estado de cosas actual preguntan: ¿por qué los profesores pueden “lucrar” y no lo pueden hacer los dueños de los establecimientos?

Todo esto es un error trivial, aunque no inocente. Para despejarlo conviene explicar qué implica que una persona (como las universidades, según la ley) no tengan fines de lucro. Una persona jurídica sin fines de lucro puede, desde luego, pagar las remuneraciones de los medios de producción que utiliza; si pide un crédito hipotecario para comprar un inmueble, puede pagar los intereses de ese crédito; si contrata a un directivo, puede pagar a ese directivo una remuneración de mercado; si arrienda algo, puede pagar el arriendo respectivo. Dicho de otro modo, que una corporación no tenga fines de lucro no quiere decir que sólo pueda recibir donaciones o que no pueda pagar su cuenta de electricidad. La prohibición de los fines de lucro solo significa que la corporación o fundación debe entender que su participación en la actividad respectiva no es un medio para obtener un retorno patrimonial. Que quien tiene una Universidad lo hace porque le importa la educación universitaria, no porque esa sea la manera más productiva de invertir su dinero. Que no ve a la educación como un medio para enriquecerse, de modo que si mañana las condiciones de mercado varían, el dinero pase a estar invertido en servicios higiénicos portátiles o en acciones de un supermercado. El reclamo actual de que no estén a cargo de establecimientos educacionales personas jurídicas con fines de lucro (empresas) implica, en síntesis, que lo que se busca es un sistema donde los sostenedores tengan un compromiso fundamental con la educación y no un compromiso derivado.

No se trata, entonces, de negar a alguien la “justa retribución” por su esfuerzo y trabajo. De lo que se trata es que niños y jóvenes sean educados por personas jurídicas que tienen un compromiso con la educación, no por las ventajas económicas que así puede lograr. Dicho de este modo, la pregunta no es si la prohibición del ánimo de lucro debe mantenerse respecto de las universidades, sino el escándalo de que la educación de niños y jóvenes de enseñanza básica y secundaria, así como de jóvenes de institutos profesionales y centros de formación técnica, esté a cargo de empresas que están dedicadas a la educación no porque les interesa, sino porque de ese modo pueden obtener el mejor retorno para su capital.

Por eso, es importante notar que la discusión, pese a la manera en que suele expresarse, no es sobre el lucro, sino sobre la educación provista con fines de lucro. La distinción es obvia: el Presidente de la República recibe una remuneración, pero eso no quiere decir que la presidencia sea una institución que existe para enriquecer al Presidente. El presidente “lucra” con la presidencia en el sentido de que obtiene una remuneración por desempeñarla, pero su ser presidente no tiene (al menos eso es lo que uno espera) fines de lucro.

La razón por la que una empresa que tiene un establecimiento educacional educa a los estudiantes que están matriculados en ese establecimiento no es que ella esté interesada en la educación de esos jóvenes: es que educándolos puede enriquecerse. La proscripción “del lucro” no es la prohibición de que quienes participan de la tarea educativa reciban una remuneración que compense su participación; de lo que se trata es de prohibir empresas que se ocupan de la educación sin tener compromiso con ella, que sólo se dedican a la educación porque ese es el modo en que puede obtener las más altas utilidades.

“Pero”, podría decirse, “no hay razón para pensar que por tener fines de lucro una institución deja de tener un compromiso con la educación”. Sin embargo eso yerra el blanco. Un establecimiento sin fines de lucro es una institución en la que estudiantes, profesores y autoridades pueden asumir que a todos les interesa el desarrollo de la institución en tanto establecimiento educacional, porque aunque tengan visiones distintas sobre el proceso educativo el establecimiento existe para realizarlo del modo más pleno posible, dadas sus limitaciones. Pero en un establecimiento con fines de lucro no hay esta comunidad de propósitos, o si la hay es sólo contingente: lo que mueve a los dueños es obtener la tasa más alta posible de retorno para su capital, no desarrollar el mejor proyecto educacional posible. Si para obtener la tasa más alta de retorno es útil desarrollar el mejor proyecto educacional posible, entonces lo harán. Pero en caso contrario no. Habrá instituciones cuyo “nicho de mercado” sea el de las instituciones de excelencia, y entonces habrá esa comunidad de propósitos. Pero otras decidirán que lo más conveniente para ellas es ocupar un nicho “medio” de mercado, y en ese caso los que están involucrados en el proceso educativo querrán que sea el mejor proyecto posible mientras los dueños estarán preocupados de contener esas demandas para no afectar sus retornos.

Uno de los aspectos más notables de la discusión actual tratándose de este lugar común respecto de la educación universitaria es el consenso que ha surgido sorpresivamente acerca de que una universidad con fines de lucro tenderá a ser una peor universidad que una universidad sin fines de lucro. Como esto ha sido concedido incluso por quienes siempre han sido partidarios del mercado, es importante preguntarse por qué. Y la respuesta es la que está en el párrafo anterior: los dueños de una universidad con fines de lucro tomarán las decisiones que maximicen su retorno, no las que hagan de esa universidad la mejor que pueda ser. Por supuesto, es posible que ambas cosas coincidan. Pero es también posible que no. Que un establecimiento educacional tenga fines de lucro es una manera de anunciar qué decidirá el dueño en los casos en que esas dos cosas no coincidan.

Ahora bien, puede ser en principio razonable que haya universidades de calidades distintas, unas enfocadas especialmente en la docencia y otras en la investigación, etc. Pero eso no es aceptable tratándose de establecimientos de educación básica y media, porque la imparcialidad con que los intereses de cada uno cuentan debe transformarse en una tendencia a la igualdad (ya está dicho, pero valga la repetición, que esta “igualdad” no es igualdad de contenidos, sino en cuanto a las oportunidades de vida que abre). Por eso, hay que aprovechar el paso adelante que representa el hecho de que hoy nadie alegue que las universidades con fines de lucro serán de tan buena calidad como las que no tienen esos fines, y preguntar: ¿si eso es así, por qué es aceptable que haya colegios con fines de lucro?

Lugar común N° 7. “El hecho de que la matrícula de la educación pública esté cayendo sistemáticamente muestra que la particular es mejor, porque la gente vota “con los pies”.

Este lugar común pretende mostrar que el problema de la educación pública es, por así decirlo, interno a ella, es decir, es una consecuencia de alguna cosa que la educación pública hace mal, cuando en realidad el problema de la educación pública es la educación privada.

Para entender esto es conveniente partir notando que la educación se comporta como un bien extraño, algo que los economistas no han reparado. Normalmente, cuando un bien aumenta de precio la demanda por él tiende a bajar, y viceversa. Cuando es gratis, hay sobreconsumo. Por supuesto, el efecto que en la demanda tiene el precio puede ser más o menos “elástico”, pero lo importante es la dirección opuesta que ellos siguen: a mayor precio, menor demanda y viceversa. No ocurre lo mismo con la educación. Mientras más alto es su precio, más demandada es. Cuando es gratis, no sólo no hay sobreconsumo, sino sub-consumo. Es lo que ha estado pasando con la educación municipal notoriamente desde la introducción del financiamiento compartido, en 1993.

Lo que explica este hecho es que la educación que uno recibe está mediada, en buena parte, por el ambiente en que uno la recibe, como fue discutido en el Lugar Común N° 3. Esto es lo que suele llamarse el “efecto de pares”, y alcanza no sólo a los resultados de la educación formal (los buenos alumnos contribuyen a mejorar el desempeño del grupo completo), sino también a lo que podría llamarse el “contexto social” en el que la educación se desenvuelve. Desde el punto de vista de un estudiante, es mejor que sus compañeros no sean “vulnerables”, porque en la medida en que lo sean las disfuncionalidades propias de la “vulnerabilidad” se filtrarán dentro de la sala de clases, por la sencilla razón de que en la educación en general, y en la básica y secundaria en particular, es difícil dejar fuera de la sala la humanidad del estudiante. Como los padres quieren lo mejor para sus hijos, van a querer un contexto social lo mejor posible, lo que quiere decir: purgado todo lo que sea posible de la disfuncionalidad de lo vulnerable. Por eso el que puede pagar 5 mil pesos de financiamiento compartido los paga. Al pagarlos se asegura mejor educación, porque al pagar 5 mil pesos garantiza para su hijo un espacio en el cual se encontrará sólo con niños que provengan de familias que pueden pagar al menos eso; lo que no asegura demasiado, pero excluye algún grado de “vulnerabilidad”.

Por consiguiente, aunque dos establecimientos fueran exactamente iguales en todas sus características, el hecho de que uno pueda cobrar o establecer condiciones de ingreso y el otro no, tenderá a hacer que lo haga, y si lo hace, lo que ha de esperarse es que los que pueden pagar asistan al primero y los más “vulnerables” vayan al segundo. Este ordenamiento por ingreso se produciría incluso si el sostenedor quema los billetes (o, más plausiblemente, los retira como utilidad) a medida que los recibe. Por el solo hecho de cobrar 5 mil pesos adicionales, aun cuando ese dinero no sea reinvertido en el proceso educativo, el primer establecimiento mejorará sobre el segundo, fundamentalmente porque sus alumnos son menos vulnerables. Evidentemente, en la medida en que una parte de esos 5 mil sean reinvertidos el efecto será más agudo. 5 mil pesos por estudiante no es mucho, pero es algo. Cobrar es asegurar que los estudiantes tenderán a provenir de familias que pueden asumir el compromiso de pagar 5 mil pesos mensuales. Por esto escuelas subvencionadas con fines de lucro puedan obtener utilidades y al mismo tiempo obtener mejores resultados que las escuelas públicas equivalentes.

Permítaseme repetir algo que se ha dicho varias veces, pero que (como lo muestran algunos comentarios) no ha quedado suficientemente claro: lo anterior no implica que los padres actúen de modo “egoísta” o “moralmente” objetable. Tampoco implica que lo que guíe a los padres sea excluir a otros. Lo que guía a los padres es proveer la mejor educación para su hijo. La segregación que resulta no es estrictamente lo que los padres quieren, sino una consecuencia a nivel agregado de sus elecciones.

Ahora bien, como en Chile todos tienen derecho a la educación, debe haber establecimientos para todos. Por consiguiente, debe haber establecimientos que no pongan condiciones de ingreso alguno, porque si todos los establecimientos pudieran fijar condiciones de ingreso sería posible, en principio, que un estudiante no fuera seleccionado por nadie y quedara entonces sin educación. La educación municipal (con la exclusión de los denominados “liceos emblemáticos”) cumple esa función. Y frente a ella la educación particular subvencionada ofrece un bien invaluable: selección. Por eso la educación como un “bien de consumo” tiene el comportamiento extraño notado al principio, que es más demandada mientras más cara es. Lo que se paga no es educación, sino exclusión. Recuérdese el comentario del lector discutido en el lugar común N° 3: “ningún padre está tranquilo si su hijo se relaciona con jóvenes que tienen problemas de drogas u otros vicios que son muy generalizados”. El hecho de que esa afirmación sea obviamente verdadera muestra lo extraordinariamente valioso que es el bien que la educación particular puede ofrecer, y por el cual todo el que puede pagar está dispuesto a hacerlo: la posibilidad de controlar con quiénes mis hijos se educan, qué tipo de niños o jóvenes serán, con qué problemas y disfuncionalidades, etc. Como esas escuelas pueden seleccionar, los padres que eligen un establecimiento particular en realidad eligen un criterio de exclusión: eligen un establecimiento que sólo dejará que sus hijos se eduquen con niños que satisfagan cualquiera que sea el criterio que el establecimiento ha decidido imponer.

Así las cosas, ¿qué se puede esperar que ocurra? La respuesta es clara. Es, de hecho, tan evidente y obvia que la pregunta principal ha de ser por qué no se ha notado: todo aquel que se beneficie de separarse de otros que estén peor que él asistirá a un establecimiento educacional que seleccione e impida el ingreso de los que están peor. ¿Y quién quedará en la educación pública? Como la educación pública es la educación que no puede seleccionar, en ella quedarán todos aquellos que no pueden separarse de los que están peor que ellos porque SON los que están peor.

Y una vez que el sistema esté segregado de este modo, por supuesto, los resultados de los establecimientos municipales tenderán a ser considerablemente peores que los resultados de los establecimientos particulares. Entonces aparecerán los “expertos” que empezarán a repetir el lugar común que ahora se comenta: que el hecho de que los resultados del sistema municipal en general sean considerablemente peores que los del sistema particular muestra que el primero es peor, y que las personas “han votado con los pies”.

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