Historia de Cataluña

Cataluña

Historia

El origen del problema se remota al Tratado de Génova (20 de junio de 1705) mediante el cual Inglaterra se había comprometido a garantizar la conservación de las constituciones de Cataluña si ésta se sumaba a la causa del duque Carlos de Austria, en pugna por el trono español,  incluso en caso de victoria de Felipe V.

El  advenimiento al poder del partido “Tory” en Inglaterra en 1790, favorable a lograr una paz con Francia y Felipe V, alteró la política diplomática inglesa. La muerte en 1711 del emperador José II, hermano de Carlos de Austria y la elección de este como su sucesor, dio argumentos al partido Tory para iniciar las reuniones que consiguieran la paz en Europa (Utrecht, 1712). El duque de Austria, nombrado ya emperador Carlos VI envió a su embajador Hoffman con la propuesta que la Corona de Aragón quedara bajo el dominio de la Casa de Austria siendo segregada del resto de España, que quedaría en manos de Felipe V. dicho proyecto fue rechazado por Felipe V, ante lo cual se propuso una nueva solución que pasaba por la Republica Catalana bajo la protección de una tercera potencia, Inglaterra, solución que fue rechazada por el embajador Bolingbroke. Cataluña no fue autorizada a actuar  como potencia en las reuniones de Utrecht y las gestiones de los embajadores catalanes en Londres, fueron en vano. Finalmente el emperador Carlos VI quedó excluido del Tratado de Utrecht, llegándose a una paz por separado entre Francia, Inglaterra, Holanda y Felipe V (España). Este se comprometió a decretar un perdón y amnistía general a todos los catalanes por lo sucedido en la anterior guerra, pero se negó al mantenimiento del ordenamiento constitucional catalán. Se declaró un amnistío y mediante el convenio del Hospitalet (1713) se estableció un tratado de evacuación de las últimas tropas aliadas en Cataluña. Para el 30 de junio de ese año, se convocó a una Junta General de Brazos que debía dirimir si Cataluña se sometía a incondicionalmente a Felipe V o  continuaba la guerra en solitario. El emperador ordenó a Starhemberg que intercediera por los catalanes y retrasara la evacuación. Por la parte inglesa, el embajador Bolingbroke renunció a sostener las libertades catalanas. El resultado fue el Artículo 13 del tratado de paz entre Inglaterra y España firmado el 13 de Julio de 1713 por el cual, ante los ruegos de la reina Ana de Inglaterra, Felipe V garantizaba vida y bienes a los catalanes y les concedía todos los privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas. Un último intento del embajador catalán Felipe de Fernando con el rey ingles Jorge I, se produjo cuando Barcelona acababa de capitular ante el duque de Berwick en 1714.  

El caso de los catalanes volvió a la actualidad en 1719 durante la Guerra de la Cuádruple Alianza, cuando la política contraria a la paz de Utrecht lanzada por el ministro de Felipe V, Alberoni, provocó que España se quedara sola ante toda Europa; durante la invasión francesa al norte de Cataluña, el ministro francés Dubois, presionado por Lord Stanhope, anunció que la necesidad de restaurar las constituciones de Cataluña seria si los catalanes se unían a su causa. Ante el escenario adverso, Felipe V destituyó a Alberoni y la cuestión no progresó. Finalmente, en 1725, tuvo lugar el Tratado de Viena, que puso fin definitivo a la guerra de sucesión española al llegarse el acuerdo de paz entre Felipe V y el emperador Carlos VI por el que este ultimo renunciaba a sus derechos al trono español y Felipe V se comprometía a liberar a los oficiales del ejército de Cataluña presos desde 1714. Años después el caso de los catalanes volvía a resurgir a raíz de la guerra de Sucesión Polaca, así como en 1976, cuando se publicó un recuerdo de la alianza de Inglaterra con Cataluña  y el compromiso de esta para con las instituciones de Cataluña.

En Cataluña la idea de secesión no ha tenido una plasmación real en la política práctica  hasta muy reciente cuando, con ocasión del proceso de aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía en 2006, los partidos nacionalistas dieron un giro a sus reclamaciones de autogobierno para exigir la independencia. Fruto de ello han sido los referéndum informales convocados en 167 municipios catalanes para solicitar el pronunciamiento directo acerca de este asunto aunque con resultados mediocres, a pesar de su manipulación al haberse admitido el voto de menores y extranjeros residentes.

Consecuencias de la independización

Los nacionalistas catalanes fían la viabilidad de su proyecto independista a la estabilidad que proporcionaría la permanencia de las regiones independientes de España dentro de la Unión Europea, pues en tal caso no existiría ningún cambio institucional que pudiera afectarlas. Pero este presupuesto es muy poco realista debido a que la UE está integrada por los Estados que se han ido adhiriendo a ella y que han sido aceptados unánimemente por todos sus miembros.

Además, sus tratados constitutivos no contemplan la posibilidad de que cualquiera de los territorios que forman parte de los Estados miembros pueda separarse de ellos, con lo que el estado que surgiera de una operación de este tipo quedaría apartado de la UE.

Por consiguiente, si Cataluña se constituyera en un estado independiente y quisiera formar parte de la UE, tendría que negociar su adhesión y cumplir con los requisitos que la Unión exige a sus miembros. Y lo mismo pasaría con la Unión Monetaria Europea. Esto significa que Cataluña tendría que asumir un largo proceso de negociación que podría durar, como mínimo, entre 5 y 10 años.

En estas condiciones, la parición de fronteras sería inevitable y, con ellas, surgirían las trabas de comercio de bienes  y servicios, a la movilidad de los capitales y también a la de las personas, con los costos que todo eso conlleva para la economía. De tales costos, los más relevantes son los referidos a las transacciones comerciales.

En el euro y la UE

"Queremos una estructura de Estado dentro del euro y la UE", dijo el presidente Mas el 12 de septiembre, al día siguiente de la gran manifestación de la Diada. Pues bien, para ello necesitaría del voto unánime de todos los socios comunitarios, incluido España. Pero es que para haber llegado a ese punto hay que tomar una serie de pasos que no se encuentran recogidos en ningún texto legal: el de la secesión pactada, toda vez que no se prevé el uso de la fuerza por ninguna de las dos partes.

La constitución española prohíbe la secesión en su artículo 2, cuando habla de la "indisoluble unidad de la Nación", y para sortearlo, la ley hace imprescindible decisión del pueblo español en su conjunto, pues es en el que reside la soberanía. En principio, no valdría solo con lo que se votara en Cataluña. Baste recordar cómo el Plan Ibarretxe fue tumbado en el Congreso en 2005.

Desde el punto de vista formal, el único cauce posible es cambiar la Constitución, con convocatoria electoral, mayorías cualificadas en las Cortes Generales y referéndum. Serían en definitiva todos los españoles, de modo directo y además a través de sus representantes, quienes habrían de tomar esa determinación.

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