Infancia Y Adolescencia En Uruguay

La Infancia y adolescencia en Uruguay es un tema que en la actualidad está en el tapete, y es centro de debate en muchas esferas. Éste trabajo centrará su atención en la situación de la Infancia y adolescencia en nuestro país, en los principales problemas que enfrentan en la actualidad, y en los distintos programas y proyectos dirigidos a los mismos. Con el fin de acotar el estudio y profundizar en el análisis situacional se ha focalizado la investigación en una institución en particular: INAU.

Se busca a través de éste análisis hacer visible una situación a la interna de éste organismo, que pone en evidencia la necesidad de una reorganización institucional para poder cumplir con su misión en el actual contexto nacional, es decir, lograr “garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía a todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho”.

A sabiendas de la problemática que hoy día supone catalogar a los niños, niñas y adolescentes como menores, debe aclararse que se hará referencia al menor siguiendo el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo Nº1 que establece que: “se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescentes a los mayores de trece años y menores de dieciocho años de edad”.

Las motivaciones y los intereses por los que se eligió este tema son la infancia y la adolescencia misma, es decir, la convicción de la importancia que estas etapas tienen en la vida de todos nosotros, y que cualquier vulneración en los derechos que sufra un niño/a o adolescente, devendrá en una disminución de las oportunidades para desarrollar plenamente su personalidad, condicionando así, quizás irremediablemente, su destino.

Análisis Contextual

En los últimos veinte años aproximadamente, nuestro país ha experimentado importantes y profundas transformaciones de tipo económico, social, cultural y demográfico: la emergencia

de nuevos arreglos familiares, nuevas pautas reproductivas, procesos de segregación territorial, y diversas y nuevas expresiones de exclusión social, entre otras. En ese contexto, es posible observar una tendencia a la concentración de la pobreza en las generaciones más jóvenes (fenómeno que hoy día es conocido como la “infantilización de la pobreza”). Si bien, el crecimiento económico experimentado por el país en los últimos 8 años ha beneficiado a toda la población (reduciendo considerablemente la pobreza y la indigencia), no se ha logrado reducir la desigualdad.

Pese a la preferencia que en estos últimos años la infancia ha tenido en el diseño de políticas públicas; aún así es necesario, acorde con lo expuesto anteriormente, seguir priorizando en este sector. Uno de los indicadores que permiten captar la prioridad que una sociedad asigna a la infancia es el porcentaje del gasto público destinado a las políticas sociales que benefician, de forma directa o indirecta, a niños y adolescentes. Este indicador mide la “prioridad fiscal” del gasto publico social dirigido a la infancia (GPSI). Por otro lado, la participación del GPSI en el PBI expresa la “prioridad macroeconómica” que los gobiernos asignan a las políticas de infancia, y por tanto, la centralidad que la niñez y la adolescencia tienen para los contribuyentes. Si bien la asignación de una porción significativa de los recursos públicos a las políticas de infancia no garantiza por sí sola la protección de los derechos de niños/as y adolescentes, si constituyen una base fundamental para implementar políticas públicas que contribuyan a dicho objetivo. (UNICEF a través de Arroyo, A. et al)

En el año 2004 el GPSI representaba el 4% del PBI, y al término del año 2009 ese valor subió a 5,5% del PBI (gráfico 1)

La prioridad asignada a la infancia en la distribución de los recursos públicos también puede ser observada al examinar el peso del GPSI en el gasto público social (GPS). Mientras que en la década de los ´90 los recursos dirigidos a la infancia representaban menos del 20% del GPS, al término del 2009 llegaron al 30,2% del GPS. (UNICEF a través de Arroyo, A. et al)

A su vez, como consecuencia de las altas tasas de crecimiento que la economía uruguaya ha registrado entre 2004-2008, el aumento del GPSI medido como porcentaje del PBI implica un incremento significativo de la inversión social por niño y adolescente (gráfico 2)

El incremento del GPSI se debe a factores tales como: la implementación del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) entre 2004-2008; el crecimiento constante del gasto público en servicios educativos dirigidos a niños y adolescentes (ANEP, MEC, y otros); la reforma de la salud a partir de 2008 (incorporación de niños y adolescentes al Sistema Nacional Integrado de Salud); la implementación del nuevo régimen de Asignaciones Familiares (transferencia de una masa considerable de recursos fiscales hacia las familias con niños y adolescentes) con la Ley 18.227 desde 2008, y otros programas y proyectos dirigidos total o parcialmente a la infancia y adolescencia llevados adelante por instituciones como INAU, ANEP, MIDES-PANES Y BPS.

Como hemos visto, la infancia y la adolescencia han sido protagonistas en cuanto a destino de recursos; pero esto no es suficiente. El marco legal, el diseño de las instituciones, la capacidad de quienes diseñan las políticas y las prácticas de quienes las implementan constituyen aspectos tan (o más) importantes como el aumento de los recursos destinados a políticas destinadas a la infancia y adolescencia.

Siguiendo la idea antes planteada es que abordaremos la situación problema que al principio del trabajo mencionamos: algunos aspectos institucionales de la trayectoria de niños/as y adolescentes que han sido internados en INAU. Buscamos al exponer esta situación, hacer evidente las contradicciones que se observan a la interna de la institución, la compartimentación existente entre divisiones (y programas), y aún entre la capital y el interior.

Diagnóstico de situación

El INAU es el organismo rector en materia de políticas de infancia y adolescencia en Uruguay.

Una vez que, sea por disposición judicial o del mismo INAU, se decide internar niños/as o adolescentes (por disposición judicial, por protección, sacas

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