Introducción Al Proceso Penal

ACTUAL DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EN AMERICA LATINA

Las condiciones carcelarias en toda América Latina y el Caribe – donde las personas privadas de libertad se encuentran hacinadas, carecen de alimentación adecuada, servicios sanitarios y atención de salud- constituyen una de las mayores violaciones a los derechos humanos y configuran muchas veces un tratamiento cruel, inhumano y degradante.

La organización Amnistía Internacional, es su Informe Anual 2003, recientemente presentado, expresó que siguieron registrándose casos de tortura y malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad y los guardias penitenciarios en al menos 20 países de la región, entre ellos Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Venezuela. En países como Brasil, Ecuador y México, la tortura a los detenidos y presos siguió siendo una práctica generalizada.

Así mismo se recibieron informes de las duras condiciones penitenciarias en toda la región, por ejemplo en países como Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, Perú y Uruguay, y de casos de muertes bajo custodia en Brasil y Estados Unidos.

Los presos y presas, además de estar privados de libertad por haber cometido un delito, son despojados prácticamente de todos sus derechos básicos y sujetos a condiciones insalubres y con frecuencia decididamente violentas.

Las cárceles lejos de ser lugares donde los infractores e infractoras a la ley reparan el daño causado y se rehabilitan para insertarse en la sociedad, se han convertido en depósitos de seres humanos y escuelas del crimen.

Como sostiene Raúl Zaffaroni el proceso de prisionización produce en la persona recluida en una institución total, un proceso de deterioro casi irreversible. La prisión es una institución que se comporta como una verdadera máquina deteriorante y genera una patología cuya característica más saliente es la regresión. El preso es llevado a condiciones de vida que nada tienen que ver con las del adulto, se le priva de todo lo que usualmente hace el adulto. Por otra parte se le lesiona la autoestima en todas las formas imaginables: pérdida de privacidad y de su propio espacio, sometimiento a requisas degradantes, falta de asistencia médica, etc.

No es novedad que estamos presenciando la crisis de la pena privativa de libertad, y que la pena no cumple con los diferentes fines que se le ha venido otorgando, ya que la misma no intimida, no resocializa, no rehabilita, a lo sumo podemos concluir que la pena tiene un fin meramente retributivo.

Sin embargo, es inviable la eliminación total de la pena privativa de libertad –más allá de los seductores planteos realizados por las teorías abolicionistas- la que constituye "una amarga necesidad" y continúa siendo la “reina de las penas”.

El gran problema es que debido al aumento de la criminalidad en los últimos años, y ante el reclamo de los ciudadanos por una mayor seguridad en sus comunidades, la clase política y el Poder Judicial se han visto presionados para actuar duramente contra el crimen. Esto ha provocado que los tribunales impongan condenas privativas de libertad y penas muy elevadas, hasta para delitos relativamente menores y se resistan a la aplicación de sanciones alternativas a la prisión.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

En el cuadro siguiente podemos apreciar que ha venido dándose un crecimiento generalizado de las tasas de encierro en toda la región.

PERSONAS PRESAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, TASAS CADA CIEN MIL HABITANTES, 1992-2002

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

A. LATINA

Argentina 63 68 74 97 96 99 106

Bolivia 80 86 102 110 97

Brasil 75 82 93 104 115 132 135 137

Colombia 92 96 97 119 128 127 137 145 156

Costa Rica 103 107 118 129 156 158 164 154 178 176

Chile 155 150 155 163 172 181 205 214 216 212

Ecuador 74 81 84 94 80 78 69 61 59

El Salvador 101 109 124 138 157 136 112 119 141 158

Guatemala 62 74 70

Haití 21 37 44 47 51

Honduras 110 138 158 163 150 155 172 174

México 102 98 102 109 117 128 143 153

Nicaragua 83 97 104 116 110 136 146 129 123 137

Panamá 178 224 232 274 288 300 303 305 332 335

Paraguay 69 74 73 76

Perú 77 83 88 96 100 104 108 107 103 103

Rep.Dom. 148 155 164 132 143 169 172

Uruguay 96 100 99 101 106 119 121 128 146 166

Venezuela 102 112 106 98

EL CARIBE

Belice 310 343 293 349 462 448 459

Dominica 387 354 392 427 456 421 420

Guyana 174 169 183 188 206

Jamaica 178 168 171 161 166 162 170

St. Kitts N 295 268 268 288 338

St. Lucía 210 263 263 269 269 216 243

Sn. V Gr. 294 298 323 318 375 390 368

Surinam 308 287 302 327 365 382 437

T. Tobago 269 285 299 324 349 353 351

Notas: Datos de población: Se obtuvieron de CELADE “Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050”.

Argentina: Info de la Dir. Nac. de Pol. Criminal del Min. De Justicia. Las cifras de los años 92-95 no incluyen los presos en policías. Las cifras de los años 96-98 son la sumatoria de las personas presas en el Servicio Penitenciario Federal y un cálculo de las personas presas en las cárceles de provincias y en las policías, realizado a partir de la cifra cierta de dichas personas de 31811 de enero del 2000 (24.188 en provincias y 6.793 en policías).

Otra característica y variable que condiciona negativamente el funcionamiento de los sistemas penitenciarios en todos los países de la región, es la sobrepoblación o hacinamiento carcelario.

En el cuadro siguiente se muestra el grado de hacinamiento en los países de América Latina y el Caribe:

HACINAMIENTO PENITENCIARIO EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

CAPACIDAD POBLACIÓN EXCESO DENSIDAD

AMERICA LATINA

Bolivia (1999) 4.959 8.057 3.098 162

Brasil (2002) 181.865 240.107 58.242 132

Colombia (2001) 39.591 54.034 14.443 136

Costa Rica (2002) 6.032 6.613 581 110

Chile (2001) 23.855 33.635 9.780 141

Ecuador (2001) 6.831 7.859 1.028 115

El Salvador (2002) 6.137 10.278 4.141 167

Guatemala (1999) 7.233 8.169 936 113

Haití (1999) 2.000 3.694 1.694 185

Honduras (1999) 5.235 10.938 5.703 209

México (2000) 119.972 151.662 31.690 126

Nicaragua (2002) 5.348 5.555 207 104

Panamá (2002) 7.036 9.607 2.571 137

Paraguay (1999) 2.707 4.088 1.381 151

Perú (2002) 19.949 27.493 7.544 138

Rep. Dom. (1999) 4.460 11.416 6.956 256

Uruguay (2001) 3.386 5.107 1.721 151

Venezuela (2000) 20.449 23.147 2.698 113

EL CARIBE

Belice (1999) 500 1.097 597 219

Dominica (1999) 208 207 -1 100

Jamaica (1999) 2.816 3.488 672 124

St. K. & Nevis (1999) 105 135 30 129

Santa Lucía (1999) 134 373 239 278

San Vicente y las Granadinas (1999) 300 405 105 135

Surinam ( 1999) 1.188 1.933 745 163

Trinidad y Tobago (1999) 4.348 4.864 516 112

E. CARRANZA, ILANUD. 2002.

Notas: En el caso de algunos países las cifras de este cuadro no coinciden con las de los cuadros de las tasas y de los totales de las poblaciones penitenciarias por cuanto las unidades de análisis tomadas por las autoridades en uno y otro caso fueron distintas.

Bolivia: Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno. Datos

Definimos como sobrepoblación penitenciaria el exceso de personas privadas de libertad por sobre la capacidad de alojamiento oficialmente prevista, midiendo dicha sobrepoblación por medio de la densidad carcelaria por cien plazas (esto es, número de personas privadas de libertad dividido el número de plazas previstas, por cien).

El cuadro proporciona información de casi todos los países de América Latina y el Caribe, todos los cuales, como puede apreciarse, a la fecha de la información tienen sus sistemas penitenciarios sobrepoblados, con cantidades de presos y presas que exceden su capacidad instalada.

Hay un punto importante de señalar y es que de los veintiséis países, diecisiete se encuentran funcionando en situación de hacinamiento crítico, esto es, con densidades iguales o superiores al 120 %, según el parámetro utilizado por el Consejo de Europa. (Carranza, 1999).

También debemos hacer otra puntualización: lo que estamos viendo en el cuadro son promedios nacionales de hacinamiento. Por lo que al particularizar en los casos de determinadas provincias o estados dentro de países, o de determinadas unidades penitenciarias, podemos encontrar situaciones de mucha mayor gravedad que las indicadas en los promedios. Se han comprobado situaciones de hacinamiento del 300, 400 y hasta el 900 %. (Carranza, 2003).

El hacinamiento dificulta la capacidad de las autoridades de gestionar los centros penales, agrava la violencia intracarcelaria, propicia el contagio de enfermedades, y la infraestructura se deteriora rápidamente.

El hacinamiento a su vez, dificulta el

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