JUSTICIA PROCEDIMENTAL

La justicia procedimental se refiere a la idea de justicia en los procesos para resolver disputas y asignación de recursos. Un aspecto de la justicia procedimental está relacionado con la administración de justicia y los procedimientos legales. Este significado de la justicia procedimental está vinculado al debido proceso (Estados Unidos), justicia fundamental (Canadá), equidad procedimental (Australia) y justicia natural (en otras jurisdicciones del Common Law), pero la idea de la justicia procedimental también puede aplicarse a contextos no-legales, en los cuales se emplee algún proceso para resolver conflictos o repartir beneficios o cargas.

John Borden Rawls argumentó que su teoría de la justicia no es original. Sus ideas son clásicas y bien conocidas; básicamente se apoyó en las teorías del contrato social y en el pensamiento Kantiano. Se trata de una teoría sistemática viable, de modo que la idea de elevar al máximo el bien no mantenga el predominio por omisión, donde la imparcialidad prevalezca como parte de una cooperación social. La teoría de la justicia generaliza y lleva a un más alto nivel de abstracción la concepción tradicional del contrato social con constructivismo Kantiano.

Sin duda alguna, la Constitución de 1999 contiene importantes avances en materia de derechos humanos: en el propio Preámbulo de la Carta Magna se asoma el enfoque de derecho como guía de referencia que debe orientar las actuaciones del Estado y se perfilan como principios fundamentales la universalidad y la equidad:

“Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica (...) en un Estado de Justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, (...) asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna (...)”.

El problema penitenciario es complejo y exige un conjunto de políticas concertadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Se propone una serie de medidas tales como: el diseño de un Plan Nacional para la Reforma Penitenciaria, la profesionalización del personal de prisiones, la descentralización de las prisiones, la evaluación de modalidades de privatización,la aplicación de fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad con preferencia a la reclusión, entre otras.

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Fortalecer el proceso comunitario ha sido la tarea del grupo de investigadores desde el instante en el cual se implemento el proyecto en la comunidad, se establecieron los momentos y estrategias que condujeron a mejorar dichos procesos psicosociales promoviendo y logrando un cambio que ha favorecido el bienestar de la misma; alcanzando de esta forma que las personas que integran la comunidad reconozcan su propio carácter histórico, transformador, activo en su agenciamiento de cambio, siendo contralores de su trabajo y aprendiendo desde lo interno como realizar la contraloría social en ámbitos institucionales y han sido ellos mismos los que se interesaron en trabajar de forma conjunta, comprometida, motivada y critica para alcanzar dicha transformación tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo simultanea y también separadamente. Este proceso se acompaño de valores como autodeterminación, Justicia distributiva, participación democrática, Contraloría Social, colaboración. Así mismo posee tres tipos de componentes: interpersonales, Comporta mentales y relacionales.

El cambio de paradigma penitenciario se consolida con la creación del Programa de tratamiento no institucional, al cual rápidamente se le suma la responsabilidad de administrar el régimen abierto y la libertad condicional ya previstas en la Ley de Régimen Penitenciario de 1961, por ser medidas afines a los objetivos del mismo. El destacamento de trabajo, por su parte, nunca fue concebido como un subprograma del Programa de tratamiento no institucional, básicamente por el grado de vinculación que mantenía el recluso con el medio cerrado.

Si bien es cierto que este programa nace con el estigma de estar inmerso en un sistema penitenciario ineficiente y dentro de una institución altamente burocratizada y centralizada como el extinto Ministerio de Justicia, es importante mencionar que el mismo se abre paso en la macro-estructura de la institución y desarrolla características muy particulares, como su organización en redes expandidas por todo el territorio nacional, que comprendía dos niveles: regional y zonal (Ministerio de Justicia, 1982: 258), implementándose con ello una “regionalización” que permitía su buen funcionamiento a través de instancias que facilitaban la evaluación y supervisión constante del Programa que se ejecutaba en las distintas localidades.

Hoy día, puede ser considerado como una alternativa a la reclusión a través de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y suspensión condicional del proceso y, en otros casos, como una extensión del sistema mediante fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. En ambos sentidos, este tipo de tratamiento constituye un importante componente del sistema penitenciario, que no neutraliza ni criminaliza, y podría incluso ser considerado como el ejercicio del Derecho penal mínimo, si se toma en cuenta que procura reducir los efectos nocivos que produce la privación de libertad, minimizando las lesiones hacia los derechos de los transgresores, a la vez que se maximiza la tutela (Ferrajoli, 2001).

El Programa ha tenido una difícil misión en lo que al tratamiento de penados que se encuentran bajo alguna de las fórmulas de libertad anticipada se refiere, que es corregir los excesos generados por la institucionalización. Es muy grande el reto cuando se intenta brindar tratamiento a individuos que han estado recluidos. Tan grande, como negativo es el proceso de socialización al que han estado expuestos durante el encarcelamiento (Baratta, 1989) y en este sentido, el eje del tratamiento no institucional debe estar encaminado a revertir el deterioro causado por el sistema cerrado, invirtiendo de esta forma el enfoque de la criminología clínica tradicional, quizá para convertirse en lo que Zaffaroni llama “clínica de la vulnerabilidad” (1989: 28).

Son éstas consideraciones necesarias al momento de realizar una valoración del Programa a través del cual se ejecutan las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, sobre todo a partir de la reforma procesal penal iniciada en Venezuela con la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Planteamiento y Definición

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