La Educación Frente A Las Leyes Centralizadas

LA EDUCACIÓN RURAL FRENTE A LAS LEYES CENTRALIZADAS

La política educativa del actual Gobierno pretende mejorar la calidad de la educación y disminuir significativamente las brechas que se presentan entre la educación oficial y no oficial así como también entre las zonas urbana y rural del país (DNP, 2012). El diagnóstico de la situación actual de la población educativa en el área rural, presenta un panorama bastante complejo si se analizan las leyes educativas colombianas, leyes que deberían tener en cuenta las características que presenta el sector rural del país. (Pérez y Pérez, 2002).

En relación con estas características, estudios demuestran que la cobertura en la educación rural ha aumentado, pero su participación se reduce considerablemente después de los 15 años, toda vez que es la edad propicia para dedicarse a las labores del campo, bien para contribuir con el sustento familiar o para sufragar sus propios gastos. Es importante destacar que según el censo realizado por Profamilia en el 200, la diferencia entre los niños que exclusivamente estudiaban con respecto a los que combinaban estudio y trabajo era de cinco puntos porcentuales en 1997 y subió a siete puntos porcentuales en el 2000 (Sarmiento y otros, 2001). El ambiente empeora en lo referente a la educación superior, en donde el número de estudiantes que ingresan a la universidad, es mínimo. (Pérez y Pérez, 2002)

Desde esta perspectiva, los fines de la educación consagrados en la Ley 115 de 1994, deberían apuntar también hacia esa meta ideal de una educación de calidad, pero destinada a toda la población, analizando todo el contexto que rodea tanto al sector urbano como al rural.

Sin ir más allá, el legislador ha establecido que los estudiantes deben adquirir y generar conocimientos científicos y técnicos, ya que este mundo globalizado así lo exige para poder ser competitivos. (MEN, 1994). Sin embargo, la realidad de las instituciones educativas ubicadas en el campo, es otra. En muchas de ellas, no se cuenta ni siquiera con computadores. Si los hay, la distribución no es la adecuada porque el número de estudiantes puede llegar a superar considerablemente el número de equipos. En el peor de los casos, no hay internet. Entonces, es difícil permitir que estos niños y jóvenes puedan acceder a ese tipo de conocimientos.

En cuanto a la formación en el principio de equidad, (MEN, 1994), la realidad nacional aporta significados distintos al mismo. Hacerle entender a estos estudiantes que a pesar de los fuertes cambios climáticos y el pésimo estado de las carreteras, es su deber asistir a las escuelas y colegios, para hacer valer su derecho a la educación. Basta con observar noticias en periódicos y la televisión en donde muestran niños atravesando puentes improvisados o caminando por largas horas, para llegar extenuados a cumplir con sus obligaciones. Entonces, nuevamente se contradice la ley porque la facilidad de acceso debería ir paralela con la calidad de vida.

Si los estudios han demostrado que el número de estudiantes del sector rural que ingresa a las universidades es mínimo, su participación en las decisiones políticas, económicas, administrativas y culturales del país (MEN, 1994) también lo son. Para nadie es un secreto que los cargos públicos y privados exigen una formación acorde con la función a desempeñar, lo que impediría que la parte de la población que no tiene esta formación profesional, pueda acceder a uno de ellos.

En relación con la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre (MEN, 1994), quienes trabajan en el campo aseguran que el único día que pueden

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