Ley De La Educacion

LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MEXICO

Toluca de Lerdo, México a 5 de agosto de 1997.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA

H. «LIII» LEGISLATURA DEL ESTADO

P R E S E N T E S

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de la H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de Ley de Educación del Estado de México, la que tiene su fundamento en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La más grande hazaña de México ha sido, sin duda, la educación. Ella ha impuesto el ritmo de nuestro paso por la historia, dándole a cada gran avance un carácter eminentemente social. Cada logro educativo nos redime y nos libra del dogma, cada conquista educativa amplía el horizonte y mejora las condiciones de vida.

La educación es el impulso para el logro de los más altos fines: la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades; es la garantía humana de nuestro futuro como nación. Por ello, una de las responsabilidades públicas con mayor contenido democrático es precisamente la de educar: porque permite a todos mantener nuestros anhelos como nación y, al mismo tiempo, acrecienta la capacidad de cada uno para seguir enfrentando los retos que presenta un contexto internacional cada vez competitivo y globalizante.

Pero educar no es sólo transmitir conocimientos, ni dilatar la perspectiva que se tiene del mundo. Es, sobre todo, transformar desde dentro; es generar frente a la sociedad, frente a la Patria, una nueva manera de ser y una nueva manera de hacer. En el Estado de México, la educación pública es prioritaria porque más que gasto, es inversión que se dirige al futuro y también apuntala el presente; es cimiento para continuar construyendo un estado solidario y corresponsable que promueve el involucramiento de la sociedad en su propio desarrollo.

En México se ha emprendido una profunda transformación en materia educativa. En el ámbito federal, destacan:

La celebración del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito en mayo de 1992, que además de permitir la federalización de los servicios, estableció las condiciones para la actualización de contenidos, planes y programas de estudio, el mejoramiento de los materiales didácticos y libros de texto, la revaloración social del maestro y el fomento a la participación social en la educación.

En el marco de dicho acuerdo y para atender las nuevas necesidades del Sistema Educativo Nacional, el Congreso de la Unión aprobó, en mayo de 1993, reformas a los artículos 3º y 31 constitucionales para reafirmar la obligatoriedad del Estado de impartir la educación básica, incluyendo la secundaria, además de reconocer la corresponsabilidad de los padres en el goce de este derecho para sus hijos.

Asimismo, se expidió en julio de 1993 la Ley General de Educación, que por su carácter nacional impacta a todas las entidades del país. En ella se establecen normas en torno a la equidad en el proceso educativo, a los servicios que imparten los particulares, a la validez oficial de estudios, a la certificación de conocimientos, a la participación social y a las infracciones y sanciones.

De singular importancia resultan las disposiciones generales aplicables a los tres órdenes de gobierno, pues, conforme al espíritu federalista, asignan atribuciones específicas a cada uno, precisan las que son concurrentes y señalan aquéllas en las que tiene cabida la participación de la sociedad, bajo el principio de que la educación es responsabilidad de todos los mexicanos.

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se puso, además en marcha el Programa de Desarrollo Educativo para ese mismo período, que centra sus acciones en los actores del proceso educativo y en las necesidades de desarrollo del país, cumpliendo así con los principios contenidos en la Constitución Federal y en las disposiciones de la Ley General de Educación.

En el ámbito local, la Ley de Educación Pública del Estado de México, en vigor desde 1981, respondió a condiciones sociales y económicas diferentes de las actuales. Basta recordar que se atendía, entonces, a aproximadamente dos millones trescientos mil alumnos; que la obligatoriedad de la educación básica no incluía a la secundaria y que cerca de la mitad de estos servicios, estaban a cargo de la federación. Por su parte, la educación media superior y superior sólo se impartía en instituciones federales o autónomas y a través de establecimientos incorporados a éstas.

Actualmente, la matrícula es de aproximadamente tres millones quinientos mil alumnos y la educación secundaria es obligatoria; los servicios federales de educación básica y normal han sido transferidos al Estado; la educación media superior es requisito para el ingreso a la educación normal y ésta se ubica en el nivel superior; además, se cuenta con nuevos planes y programas de estudio en todos los tipos educativos.

En este tiempo el sistema educativo estatal ha sufrido reformas en todos los órdenes, por lo que ahora es necesario contar con un marco normativo renovado que responda a las condiciones actuales y futuras del quehacer educativo y a los ordenamientos jurídicos federales.

El Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999 define a la educación como medio para alcanzar el progreso del individuo y de la sociedad; como elemento indispensable para evitar la reproducción de los círculos de la pobreza, dignificar la vida urbana, preservar la vida rural y dinamizar la economía como palanca de un desarrollo social más justo.

Para el cabal cumplimiento del compromiso con la sociedad, se han instrumentado políticas, estrategias y acciones que impulsen a la educación en todos sus tipos, niveles

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