La Tortura

La tortura

La palabra tortura tiene múltiples definiciones, tal es el caso de la definición del jurista romano Ulpiano quien declaró que la quaestio (como se llamaba la tortura en la Antigua Roma) es “el tormento del cuerpo para obtener la verdad”. En el siglo XIII un jurisconsulto dio una definición casi idéntica: “La tortura es la indagación de la verdad por medio del tormento”. Lo mismo sucede con otro jurisconsulto del siglo XVII: “La tortura es el interrogatorio mediante el tormento del cuerpo... legítimamente ordenado por un juez con el fin de obtener la verdad”. Todas estas definiciones se refieren a la tortura judicial y son notablemente similares.

En la actualidad la definición más aceptada es la propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año de 1975. En su artículo 1, de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes. La la cual prevé:

Se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras .

En México, la tortura está prevista y sancionada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su Código Penal para el Distrito Federal.

Artículo 20 constitucional, apartado B, segunda fracción:

“De los derechos de toda persona imputada:

A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio…”

Artículo 22 constitucional:

“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Artículo 206 BIS, del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF):

“Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público del distrito federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, incluida la violencia sexual, con fines de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otro fin.

Se entenderá también como tortura y se sancionara con las penas previstas en el presente artículo, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes

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