Legislacion Tributaria

Capítulo I

La interpretación de las normas tributarias y el

concepto de fraude a la ley tributaria

1. INTRODUCCIÓN: EL FRAUDE A LA LEY Y LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA

TRIBUTARIA

La normativa anti-fraude, y en general, cualquier doctrina judicial o modalidad

de lucha contra el fraude a la ley tributaria, tienen como finalidad primaria garantizar

la capacidad económica en su vertiente de igualdad (Lastengerechtigkeit) en la

imposición1. Forma así parte del conjunto de normas tributarias cuya finalidad es

hacer efectivo el principio de capacidad económica. Por ello, no es controvertido

que la lucha contra esta clase de prácticas constituya una exigencia constitucional.

La razón principal radica en que se provoca un sustancial menoscabo de la capacidad

económica en su vertiente horizontal o de igualdad, expresión de la igualdad

material. Como afirmara Tribunal Constitucional (en adelante, TC) en la Sentencia

76/1990, de 26 de abril (RTC 1990, 76) «esta recepción constitucional del deber de

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada

contribuyente configura un mandato que vincula tanto a los poderes públicos como a los

ciudadanos e incide en la naturaleza misma de la relación tributaria:... lo que unos no

paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos

posibilidades de defraudar» (FJ 3º)2. La desigualdad generada por las maniobras en

fraude de ley comienza en realidad desde el momento en que se planifica la operación,

pues por un lado los contribuyentes con rentas más elevadas se encuentran

1. Véase: BARQUERO ESTEVAN, J. M.: La función del tributo en el Estado Social y Democrático de Derecho.

Madrid, CEC, 2002, pgs. 81 y ss. En la doctrina alemana, inter alia: TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung.

Band III. Ko¨ln: Verlag Dr. Otto Schmidt. 1993, pgs. 1330 y ss.; BIRK, D.: Steuerrecht I.

Allgemeines Steuerrecht. München: Verlag C. H. Beck, 1994, pgs. 106, 107; PASCHEN, U.: Steuerumgehung

im nationalen und internationalen Steuerrecht, cit. pg. 55. En la jurisprudencia constitucional

véase también la sentencia alemana BVerfG de 02.10.1968 – 1 BvF 3/65, BVerfGE 24, 174, y las

españolas: SSTC 76/1990, 46/2000 y 194/2000.

2. En la doctrina canadiense, donde la discusión en torno al establecimiento de una norma general

anti-abuso ha sido especialmente intensa en los últimos años, véase: CRERAR, D.: «Interpretations

of GAAR: Before and Beyond McNichol and RMM». Queen’s Law Journal, núm. 23/1998,

pgs. 239 a 241; CANADA, Department of Finance: «Income Tax Reform 1987» (publicado en:

Special Report: White Paper on Tax Reform. Don Mills: CCH Canadian Publishing, 1987, conocido

por «White Paper on Tax Reform», en pgs. 211 y ss.). Con referencias al ordenamiento jurídico

estadounidense, véase: APRILL, E. P.: «Tax Shelters, Tax Law and Morality: Codifying Judicial

Doctrines». SMU L. Rev., vol. 54/2001, pg. 35.

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V. RUIZ ALMENDRAL: El fraude a la ley tributaria a examen

en mejor posición para planificar estrategias de fraude, y por otro, determinadas

clases de renta se prestan más a éstas por estar menos controladas3. De manera

que «la capacidad de pago a menudo conlleva la capacidad de evitar el impuesto»4.

Lo que a su vez implica la infracción del principio de generalidad en materia

tributaria (Allgemeinheitsprinzips der Besteuerung), que como es sabido exige que por

un lado, todas las personas (físicas y jurídicas) que demuestren capacidad económica

susceptible de gravamen sean sujetas a imposición sin atender a criterios

como la nacionalidad, estado civil, clase social, religión, raza, etc. y que las excepciones

obedezcan a objetivos de política general, sociales o culturales que se consideren

de ineludible cumplimiento5.

Aunque pueda admitirse el carácter en ocasiones relativo de los principios

constitucionales en materia tributaria, y en particular del de capacidad económica,

en la medida en que no agotan la problemática de la justicia tributaria6, es preciso

que la referencia a los mismos ocupe el frontispicio del análisis de los problemas

de fraude, pues siguen siendo el fundamento último de la generalización de las

normas anti-abuso, cualquiera que sea su tipo y ámbito de aplicación. Pero la vertiente

meramente cuantitativa a que hace referencia el juego de suma cero en los

gastos públicos, al que se refería el Tribunal Constitucional, no agota la incidencia

del principio de capacidad económica en las normas o doctrinas anti-fraude, pues

este principio representa además un papel central en la interpretación de la propia

norma tributaria, como veremos, no por lo tanto únicamente en la necesidad del

3. DANZER, J.: Die Steuerumgehung.

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