Libro En Blanco 1
charrisjairo7 de Octubre de 2012
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EL LIBRO BLANCO
posibles. La expresión “hecha la ley, hecha la trampa”, que
conocemos desde tiempos inmemoriales, es una síntesis ingeniosa
de esa corrupción inteligente que se reviste de legalidad. Es aquí
donde aparece otro concepto clave en la lucha contra la
corrupción: la ética. Más allá de la legalidad está la ética, que no
admite fisuras. En resumen la fórmula es sencilla:
transparencia+ética.
El Libro Blanco contiene una parte de lo que encontramos al llegar
a la Gobernación de Antioquia. Es un ejercicio de transparencia y a
la vez una obligación ética. Es punto de arranque de nuestra
gestión. Tratamos de ser equilibrados y no dejarnos llevar por los
malestares acumulados, ni por rencillas personales. Aunque
hemos encontrado muchas cosas, la lista que presentamos es una
muestra, no una enumeración exhaustiva, y sabemos que
encontraremos muchas más. Toda frase que aparece tiene una
sustentación rigurosa. Algunos temas están en manos de los
organismos de control y no los presentamos por respeto a las
investigaciones que están o estarán en curso. Naturalmente
estamos implementando los correctivos para superar, desde
nuestra forma de entender la gestión pública, lo que hemos
encontrado. No sobra agregar que esperamos que al entregar
nuestra administración, quienes nos sucedan escriban su libro
blanco sobre lo que les entregamos.
Sergio Fajardo V.
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La información que se detalla a continuación es una muestra
de los hallazgos encontrados. No es una lista exhaustiva. Se
ha evitado deliberadamente la inclusión de rumores o
denuncias que no puedan sustentarse documentalmente.
Quisimos también evitar hacer una relación dependencia por
dependencia. La agrupación gruesa, que da origen a los
capítulos de este Libro Blanco es como sigue: de lo contractual,
de los presupuestal, de lo administrativo y de lo raro.
Para terminar se exponen algunos de los correctivos que
implementamos.
En varios de los hechos mencionados, el lector encontrará
enlaces que lo llevarán a un sitio web en donde se encuentra
información más detallada.
De la contratación
contratación
NO EXISTE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN
MUCHAS MANOS
CONTRATACIÓN DIRECTA vs LICITACIÓN O CONCURSO
MINAS EN OBRAS Y VIVIENDA
CONTRATOS SIN INFORMES JURÍDICOS NI FINANCIEROS
No se encontró un modelo estructurado para la contratación en el
Departamento. No existe un reglamento o manual de contratación,
tampoco de interventoría, solo procedimientos en sistema de
calidad, con su consecuente debilidad conceptual y manejo.
La delegación para ordenar el gasto estaba repartida en funcionarios
de todos los niveles. Como consecuencia se diluye la responsabilidad,
se incrementan los costos y se presenta mayor desgaste
administrativo.
En 2008 se celebraron 4.820 contratos. El 95% por contratación
directa. Sólo el 5% por licitación o concurso.
En el 2009, de 5.968 celebrados el 90% fue por contratación directa.
En el 2010, de 3.713 el 80% y en el 2011, de 1.564, el 80%.
En la Secretaría de Minas se financiaron contratos de vivienda y
obras públicas con cargo al presupuesto de la dependencia.
En 2010 casi un 80% del presupuesto de esas Secretaría fue
ejecutado mediante contratos interadministrativos y otras
modalidades de contratación directa.
Se contrató al Politécnico Jaime Isaza Cadavid para “realizar interventorías
técnicas y financieras y estructuración de diseños para la
construcción de infraestructura física para la fuerza pública y
organismos de seguridad con jurisdicción en el departamento de
Antioquia”. Se hizo entrega de la totalidad de los recursos en el 2011,
no obstante, al revisar los informes individuales de cada uno de los
contratos se observó que existen contratos pendientes de pago, otros
que se firmaron y se vencieron sin que se haya realizado ninguna
actividad y otros que estando vencidos sin adiciones en tiempo, se
están ejecutando. En el proceso de empalme no se encontraron
informes de la ejecución financiera ni jurídica y por lo anterior se
presentaron casos como el que se describe a continuación.
De la contratación
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EN RIONEGRO, UN TERRENO NO ESTÁ DONDE DEBÍA ESTAR
CASA DE JUSTICIA EN LOTE OCUPADO
CASA DE LA JUVENTUD PAGADA SIN TERMINAR
En el contrato interadministrativo para “brindar apoyo económico
para la realización de las obras del Distrito Militar del municipio
de Rionegro” la Gobernación se comprometió a suministrar el
diseño y los recursos para la construcción, y el municipio a aportar
el lote de terreno. Se detectó que los estudios y diseños contratados
y pagados por la Gobernación se hicieron para un lote, actualmente
en litigio, diferente al que había ofrecido el municipio para la
construcción.
En el 2011 el Departamento y el municipio de Yondó firmaron un
convenio y se entregaron recursos para ejecutar las obras de
construcción e interventoría de la Casa de Justicia del municipio
de conformidad con los diseños previamente elaborados por el
Departamento. Esto a pesar de que era claro que el lote para el cual
se habían realizado los diseños y estudios previos estaba ya
ocupado por otro inmueble, propiedad del municipio.
El contrato para la adecuación y ampliación de la Casa de la Juventud
del municipio de San Carlos se encuentra vencido desde el 30 de
diciembre de 2011 y no se han terminado las obras, no se realizó
adición en tiempo y se hizo entrega de la totalidad de los recursos.
De la contratación
CONTRATOS PARA MITIGAR RIESGOS SIN TERMINAR
En el informe de empalme se enuncia el listado de contratos
aseverando que todos los correspondientes al 2010 estaban
ejecutados a la fecha de entrega del mismo; sin embargo, se puede
observar que en realidad existen 17 contratos en ejecución o
terminados pero en proceso de liquidación y del año 2011 fueron
entregados 26 contratos en ejecución, dentro de los cuales se
presentan las siguientes anomalías:
El contrato celebrado con el municipio de Amagá en el 2011, cuyo
objeto es la reubicación en la Urbanización Portal de Oro de 30
viviendas asentadas en la zona de alto riesgo del barrio La
Esmeralda, se viabilizó con base en unos diseños y estudios previos
erróneos, dando lugar a un contrato desfinanciado, que en la
actualidad presenta dificultades para el cumplimiento de su objeto.
Y se advierte que el convenio suscrito con el municipio de San Juan de
Urabá para construir obras de protección costera en los corregimientos
de Damaquiel y Uveros, no ha podido ser liquidado a causa del
incumplimiento en los pagos por parte de la administración municipal,
a pesar de que la obra está terminada y recibida a satisfacción.
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ANTÓJATE
GASTOS SIN CONTRATO EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR
El proyecto más grande en la Secretaría de Productividad fue
Antójate de Antioquia, operado por el Centro de Tecnología de
Antioquia, con un presupuesto para el cuatrienio de $8.500 millones.
Para la última versión del concurso Antójate de Antioquia, en el
2011, cuyo valor fue de $4.360 millones, el rubro de material de
promoción y difusión alcanzó el 8% del total del presupuesto
($348.682.920) y se destinó a fortalecer la marca del proyecto, no a
las empresas, como anunciaba el objetivo. El 34% del valor de este
rubro de promoción hasta diciembre de 2011 ($119.972.800) fue
pagado a través de la vinculación a sus eventos a la Comisión
Colombiana de Ciclomontañismo por concepto de promoción,
divulgación, servicios y posicionamiento de imagen.
Se publicó la sistematización de los resultados de Antójate de
Antioquia entre 2009-2011. El costo del tiraje de 1.000 libros fue de
$122.481.777 (valor por libro $122.500).
En el convenio cuyo objetivo era “elaborar la prefactibilidad de los
proyectos productivos para los negocios en torno a la cerámica y el
turismo del municipio del Carmen de Viboral” se destinaron
$1.105.950.312 para estudios de prefactibilidad, cuyo entregable
fueron 4 libros.
La Dirección de Turismo ejecutó un convenio en el 2009 por valor
de $48.900.000, para la realización de un paquete de 30 Inventarios
Turísticos: 23 de municipios del Suroeste y 7 de Oriente. Estos
inventarios nunca se entregaron a los municipios ni se publicaron.
El 5 de enero de 2012, la actual Dirección de Turismo remitió los
inventarios a las respectivas alcaldías.
De acuerdo a la normatividad, el Estado requiere de un acto
administrativo o contrato para hacer un gasto. En el 2008, en el
Despacho del Gobernador se reportaron contratos que explicaron
el 80% del presupuesto de funcionamiento, no se sustentó cómo se
gastó el restante 20%. En el
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