Licenciatura En Educaciòn

LEY IGLESIAS O DE OBVENCIONES PARROQUIALES

(11 de abril de 1857)

Prohibía el cobro de derechos parroquiales a los pobres, considerando como tales a las personas que no ganarán más de los preciso para vivir. LA CONSTITUCIÓN DE 1857, EN QUE TRIUNFARON LOS LIBERALES MODERADOS.

El clero y una parte importante del pueblo obviamente estuvieron en contra de estas leyes, ya que afirmaban que atacaban a la religión y comenzaron a brotar conspiraciones por parte del clero.

El conservador Félix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacuba ya, el cual demandaba la anulación de la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Cominform, y la convocatoria de un Congreso extraordinario, el cual se encargaría de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, "garantizara los verdaderos intereses del pueblo".

El Presidente Cominform se une al Plan de Tacuba ya y da un golpe de estado y desconoce la constitución, quedando las leyes sin efecto. Surgen problemas por todo el País, y ante su incapacidad, Cominform abandona México. Siendo Juárez el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, asume por derecho la presidencia del País en 1858. Pero los conservadores habían elegido otro Presidente, Félix Zuloaga.

Las Leyes de Reforma o de guerra de contenido radical. Durante la Guerra, Juárez es obligado a trasladar su gobierno a varias ciudades del País. Incluso sale de México hacia Panamá, y regresa por Veracruz en 1859, donde expide las siguientes leyes de reforma:

* Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (1859)

* Matrimonio Civil (1859)

* Registro civil (1859)

* Secularización de Cementerios (1859)

* Días Festivos (1859)

* Libertad de cultos (1860)

Otra amenaza ensombreció a nuestro país, la intervención europea que trajo hasta nuestras tierras los apetitos de dominio de la Francia de Napoleón. En ese momento México era guiado por Benito Juárez, el cual se entregó con pasión a la lucha que culminó con su triunfo en 1867 y con el fusilamiento de Maximiliano de Austria. Con esto Juárez restaura la república y se dio a la tarea de organizar el país. Es a partir de entonces cuando puede hablarse del establecimiento de una educación pública en México.

El presidente Antonio López de Santa Anna y el vicepresidente Valentín Gómez Farías, éste último propuso para la educación la reforma de 1833 en la que se determinan varios aspectos para la misma. Gómez Farías decía “la instrucción del niño es la base de la ciudadanía” los conservadores asestaron la reforma por lo que determinó por un tiempo que la educación decayera y fuera atendida de manera anárquica y fuera atendida por las escuelas lancasterianas y algunos colegios sostenidos por el pueblo. En este mismo gobierno surge un documento conocido con base orgánica, en el que intervenía Manuel Baranda. Se expedía un plan general de enseñanza que creaba la Dirección General de Instrucción Primaria, así como una junta directiva de instrucción superior.

México tuvo que afrontar los conflictos que se presentaron durante la guerra de Estados Unidos y la tarea fundamental de los gobiernos sucesivos que tuvieron que restaurar el orden después de la pérdida de una gran parte del territorio, la cual llevaron a una nueva atapa crítica a nuestra educación, situación que se mantuvo durante los conflictos que siguieron, iniciados en 1854 con la Revolución de Ayatola, y que volvieron a enfrentar a Liberales y Conservadores. En estas condiciones, y ante la inseguridad del país, poco pudo hacerse respecto al control de la educación por parte del Estado.

A pesar de las difíciles condiciones que imperaban en México durante la guerra de Los Tres Años, el 15 de abril de 1861 se hizo un nuevo intento por controlar la educación a través de la Ley expedida por Juárez para ese ramo. Se proponía en esa Ley, la unificación del plan de estudios de Instrucción Elemental y la creación del mayor número posible de escuelas primarias para que, bajo la dirección del gobierno nacional se pusieran a atender las necesidades educativas de nuestro pueblo.

En las primeras ocasiones en que se pidió el establecimiento de la libertad de enseñanza, el objetivo primordial era claro, y buscaba concretamente destruir

El monopolio que las instituciones eclesiásticas habían ejercido durante varios siglos sobre la educación. En ese entonces la tesis que prevaleció fue que si no se protegía la libertad de enseñanza, sería imposible formar hombres respetuosos y conscientes del sistema liberal, único que por aquel entonces era garantía del progreso de la nación. Consideraban nuestros liberales que cualquier intervención en la educación, destruiría la doctrina liberal y, por consiguiente, las instituciones basadas en ella.

No se necesito mucho tiempo para que algunos de los hombres de la Reforma, que en 1856 habían defendido acaloradamente la libertad de la enseñanza, se dieran cuenta del riesgo que implicaba haber incluido ese principio en el texto constitucional, ya que no representaba una garantía para reguardar el régimen de libertades indispensables para nuestro desarrollo, principio que si era aprovechado por los sectores conservadores para instruir en un espíritu retardatario a los niños y jóvenes que asistían a las instituciones educativas que no dependían directamente del Estado. Por esta razón se abandonó el criterio anterior y se buscó establecer el control estatal sobre la educación como único recurso capaz de asegurar una educación progresista, de base científica, con la que se pudiera instruir a las jóvenes generaciones en consonancia con la filosofía del Nuevo Estado Mexicano y los intereses generales de la población nacional.

Dentro del marco de la reforma liberal impulsada por Valentín Gómez Farías, la Ley del 23 de octubre de 1833, dispuso por primera vez la libertad de enseñanza.

En los artículos 23, 24 y 25 tratan precisamente de los establecimientos públicos, el art. 25 establece las condiciones en que deberá instrumentarse ese derecho: “en uso de esta libertad, puede toda persona a quienes las leyes no se lo prohíban abrir una escuela pública del ramo que quisiere dando aviso precisamente a la autoridad legal y sujetándose en la enseñanza de doctrina, en los puntos de política y en el orden moral de la educación a los reglamentos generales que se dieran sobre la materia”.

A partir de 1833 y por más de 20 años no hubo la posibilidad

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