Monografia

Seguridad humana

La seguridad humana se desarrolla como concepto integral de seguridad. Mientras la noción seguridad nacional apunta a la seguridad y defensa de un Estado o nación, la seguridad humana se centra en el usuario final de la seguridad, el ser humano. Por tanto, incorporar resguardos que protejan al ser humano de abusos por parte del Estado. Uno de los puntos de partida en la consideración de la seguridad humana fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su Informe sobre el Desarrollo humano de 1994 (que entre otras cosas estableció el índice de desarrollo humano o IDH); en él se introdujo el argumento de que la mejor forma de luchar contra la inseguridad global es garantizar las libertades o ausencias de necesidad y miedo("freedom from want" y "freedom from fear"). Actualmente el concepto de seguridad humana ha alcanzado el nivel de estudios universitarios, asociado a los estudios sobre globalización, relaciones internacionales y derechos humanos.

Las críticas al concepto suelen poner de manifiesto su vaguedad y falta de efectividad

SEGURIDAD PÚBLICA EN ARGENTINA:

UNA PRIORIDAD PARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

La seguridad pública debe ser entendida como parte constitutiva de la calidad de vida de los habitantes de cualquier sociedad. El estado de la cuestión y sus causas se comprenden más adecuadamente cuando se analiza el impacto tanto del incremento de la desigualdad social como de problemas institucionales ligados a la (des)articulación entre fuerzas de seguridad y poder político en términos de grados de autonomía y conducción.

Los intentos de reforma realizados en Argentina, su dinámica y sus resultados, que son analizados sistemática y críticamente, son seguidos por un conjunto de propuestas centradas, entre otros elementos, en dar efectivo cumplimiento a la legislación existente, en el aprovechamiento de lo realizado adecuadamente y en la corrección de los errores cometidos.

1. LA SITUACIÓN Y SUS CAUSAS.

A partir de 1994, la seguridad pública comenzó a formar parte cotidiana de las preocupaciones de los argentinos.

Resulta revelador advertir que de 560.240 hechos delictuosos denunciados en 1990 en todo el país[1] se pasó a 489.290 al año siguiente, una sensible reducción. Pero ya en 1994 la cifra era de 627.212, y en 1999 se llegaba a 1.062.241.En sólo ocho años, la cifra de hechos delictuosos denunciados se había duplicado.

En el año 2000, la cifra ascendió a 1.129.900. El año 2001 arrojó un total de 1.178.530. Explicablemente, el año 2002, de agudización de la crisis, derivó e 1.340.529. El año 2003 nos brindó 1.270.725, cifra que aunque representa una leve mejoría respecto de 2002, tampoco deja lugar a mayores optimismos; advirtamos que virtualmente triplica los guarismos de 1991…

Resultan de particular interés por la gravitación de los mayores centros poblados que concentran el grueso de la actividad económica del país, las cifras de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

La Provincia de Buenos Aires, de 123.537 hechos denunciados en 1990 y 109.903 en 1991, pasó a 159.290 en 1994, 170.726 en 1996, 207.821 en 1997, 243.680 en 1998, 312.292 en 1999, 301.910 en 2000, 300.470 en 2001, 360.482 en 2002, y 328.027 en 2003.[2]

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, de 61.203 hechos denunciados en 1990 y 42.796 en 1991, pasó a 64.086 en 1994, 120.394 en 1995, 126.920 en 1996, 144.080 en 1997, 172.047 en 1998, 191.755 en 1999, 199.587 en 2000, 202.083 en 2001, 202.315 en 2002, y 192.458 en 2003.[3].

Aunque las estadísticas precedentemente citadas no tienen valor absoluto, por no considerar los delitos no denunciados -la cifra negra del delito-, constituyen un índice razonablemente demostrativo del agravamiento de la situación imperante en el país en materia de seguridad pública.

Examinemos otros índices diversos. La tasa de desempleo en el país, que a octubre de 1990 alcanzaba un valor algo superior al 6%[4] y que se mantuvo en un nivel similar en 1991, ya alcanzaba el 12% en Octubre de de 1994, y el 18% en Octubre de 1995. En octubre de 1998 había descendido a algo más del 13% , llegando a un nivel superior al 14% a Octubre de 1999. En Octubre de 2000 se encontraba en un 15% y comenzó un rápido ascenso que la llevó en Mayo del 2002 a un nivel superior al 21%, descendiendo luego a algo más del 15% en Mayo de 2003.

El cercano paralelismo que muestran ambos datos permite poner de manifiesto algo que no es novedoso: la cercana relación entre las condiciones económico-sociales y particularmente el desempleo en un país caracterizado por una deficiente cobertura de los riesgos sociales, y la desigualdad social, y el incremento del delito.

En un difundido estudio del Banco Mundial[5], se concluyó en base al análisis cruzado de estadísticas, que una mayor desigualdad (económico-social) está vinculada con tasas más altas de homicidios intencionales y robos…la tasa de homicidios crece durante períodos de baja actividad económica…_También, que existe un fenómeno de persistencia (criminal inertia) del delito, aún después de que se actúe sobre los factores que lo favorecen. Se advirtió, asimismo, una relación entre el incremento del tráfico de drogas y del delito.

Sin pretender asignar un valor absoluto a tales conclusiones, parece evidente en el caso argentino la existencia de una relación entre los factores descriptos. En realidad, especialmente en el caso de la Provincia de Buenos Aires, la tasa de denuncia de delitos parece reaccionar favorablemente en mayor grado a la reducción de tasas de desocupación, que a la sucesiva implementación de planes de reforma policial de amplia difusión.

Entendemos no obstante que los factores descriptos no agotan las causas de la actual situación imperante en seguridad pública en Argentina.

En un artículo que publicáramos en 1997[6] se advertía que la desaparición de la antigua dependencia de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad respecto de las fuerzas armadas, que rigiera durante el Conflicto Este Oeste, que condujera a la militarización de la seguridad interior, si bien imprescindible para la vigencia de los derechos individuales y beneficiosa para la eficacia en el accionar policial, debía ser acompañada por la sustitución del viejo control militar, por la conducción y control a cargo del poder político.

Pero…Ello no sucedió y las policías quedaron en muchos casos en situación de beneficiarias de una autonomía casi absoluta,

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