PENSIONES

Hoy en día, a pesar de la estructura de beneficios progresivos de la Seguridad Social, más de uno de cada diez mayores vive en la pobreza. La Seguridad Social cuesta demasiado y ofrece muy poco; la tasa de rentabilidad de las cotizaciones desembolsadas a lo largo de toda una vida laboral es lamentable, y magnífica enormemente el coste de oportunidad de participar en dicho programa en lugar de hacerlo en un plan de jubilación privado. Esta situación puede empeorar aún más con la crisis fiscal de la Seguridad Social que se avecina.

Si los trabajadores de bajos ingresos pudieran destinar las contribuciones que realizan al sistema a cuentas individuales de inversión privada, conseguirían ahorrar sumas importantes; en lugar de dejar la seguridad de su jubilación en manos de los políticos, estos trabajadores de salarios bajos dispondrían de unos ahorros tangibles obtenidos a partir de sus ingresos. Un sistema de este tipo ofrecería mayor seguridad financiera y contribuiría enormemente a eliminar la pobreza entre los más mayores.

A parte de esto, los sistemas de contratación no permiten a los empleados de nómina mantenerse en sus cargos sino, pasar a ser contratistas, para así ahorrarse la carga prestacional.

Los trabajadores de bajos ingresos se beneficiarían más de una transformación del sistema actual de la Seguridad Social en un programa basado en ahorros individuales. En la actualidad, las altas cotizaciones a la Seguridad Social sólo sirven para comprar la esperanza del trabajador de que el Gobierno estará en situación de pagarle su pensión establecida por ley a partir de las contribuciones ingresadas de la próxima generación de trabajadores. Esas pensiones prometidas son insignificantes y son fruto de una tasa de rentabilidad inferior a la de mercado. Peor aún, en un futuro no muy lejano, el Gobierno no podrá hacer frente a sus obligaciones y deberá optar por recortar las pensiones en un 25%, por aumentar los impuestos o por incrementar la deuda nacional.

Si permitiera que los trabajadores destinaran sus contribuciones a cuentas individuales de inversión privada, el Estado le estaría ofreciendo a cada individuo en particular la posibilidad de invertir con antelación su pensión de jubilación futura. Gracias al interés compuesto, en el momento de la jubilación todos los trabajadores dispondrían de una importante suma que les ofrecería una pensión significativamente mayor a la que la Seguridad Social promete hoy en día; algo especialmente importante para los trabajadores de renta baja que en sus años de jubilación dependen exclusivamente de estos ingresos.

Todos los trabajadores, y en particular los trabajadores de salarios más bajos, necesitan y se merecen la oportunidad de participar en un sistema de jubilaciones que saque el máximo rendimiento a sus contribuciones y les otorgue la propiedad de sus pensiones de jubilación.

Aquellos que crearon el programa de la Seguridad Social lo hicieron con el propósito de ofrecer a los mayores un remedio contra la pobreza, y por ello, lo primero que hay que preguntarse a la hora de evaluar el sistema es si dicho programa ha conseguido o no cumplir adecuadamente este objetivo.

Los índices de pobreza de las personas mayores demuestran que la Seguridad Social ha fracasado en su intento de proporcionar seguridad económica a todos los jubilados. Lo que ocurre, simplemente, es que las pensiones de la Seguridad Social no son suficientes. La mayor parte de los analistas financieros opinan que para poder mantener el nivel de vida anterior a la jubilación, se necesita entre el 60 y el 85 por ciento de los ingresos anteriores al retiro, y sin embargo, la Seguridad Social ofrece a los trabajadores de salarios más bajos una pensión equivalente a aproximadamente el 58 por ciento de los ingresos anteriores a su jubilación. Aquellas personas mayores que dependen exclusivamente de la Seguridad Social y reciben únicamente el 58% de sus ingresos anteriores caen a menudo por debajo del umbral de pobreza.

Sin embargo, las pensiones que los pobres reciben al jubilarse deberían valorarse con relación al coste del programa que para los trabajadores de salarios bajos supone. Para estos trabajadores, el coste de oportunidad de destinar el 12,4 por ciento de sus ingresos al Gobierno es enorme: se trata del dinero que podrían haber destinado a educación, a una vivienda, a un plan de ahorro privado o a otras necesidades importantes. Por ello, la cuestión principal al evaluar el sistema de la Seguridad Social es si las pensiones que se reciben en la jubilación justifican o no esas contribuciones pagadas para sostener el sistema.

La Seguridad Social deberá enfrentarse muy pronto a una crisis fiscal, a medida que las contribuciones comiencen a resultar insuficientes para pagar las pensiones establecidas. Si no se procede a reformar la Seguridad Social, el Gobierno de la nación se verá obligado a recortar las pensiones, a aumentar los impuestos o a incrementar su deuda.

Cualquiera de esas opciones empeorará aún más la rentabilidad de la Seguridad Social y las consecuencias para los trabajadores de ingresos más bajos.

Pero el Gobierno podría aumentar los impuestos a fin de evitar ese recorte de las pensiones. Para recuperar la situación de solvencia de la Seguridad Social en el año 2032, sería necesario incrementar la cotización actual del 12,4 por ciento en cerca del 50 por ciento, obligando a los trabajadores del mañana a privarse de una quinta parte de sus ingresos sólo para poder pagar a la Seguridad Social. La carga impositiva adicional

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