Politica Nacional de Discapacidad

Política Nacional de Discapacidad

El objetivo de esta política consiste en garantizar el goce pleno de los derechos y de igual forma, el cumplimiento de los deberes de las personas en situación de discapacidad, de sus familias o cuidadores. Y a su vez estos derechos deben garantizarse desde la comprensión de la diversidad funcional.

¿Cómo surge esta política?

Surge por medio de la agrupación de distintas leyes y artículos que permiten la fundamentación y práctica de esta política.

• Constitución política 1991

• Artículo 13
• Artículo 47
• Artículo 54
• Artículo 68

• Ley 361 de 1997 CLOPATOFSKY
• Ley 1346 de 2009
• Ley CONPES 80 de 2013
• Ley CONPES 166 de 2013
• Ley estatutaria N° 1618 del año 2013

Ejes estratégicos de la Política Nacional de Discapacidad

1. Garantía jurídica

Para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de la población con discapacidad y para garantizar su inclusión social, se establecerán los mecanismos para asegurar que dichas personas tengan los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y para impedir abusos en materia de derechos humanos.

Reconocimiento Legal

Art. 12 Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Todos los Países asegurarán la igualdad de derechos de las personas con discapacidad ante la Ley”. Igualmente, esta convención exige que todos los Países garanticen que las personas con discapacidad:

• Tengan         los mismos derechos a heredar y poseer propiedades.
• Puedan         conocer y controlar sus bienes económicos.
• Puedan         acceder a los servicios financieros, como préstamos bancarios o hipotecas.        

Acceso a la justicia.

• Promover y difundir los derechos de las personas con discapacidad.
• Promover la formación y capacitación en materia de discapacidad, de los funcionarios y magistrados de la administración de justicia.
• Colaborar en el fortalecimiento del modelo de intervención jurídica.
• Incorporar la variable discapacidad en las políticas de seguridad ciudadana.
• Fomentar el desarrollo de conocimiento jurídico en materia de derecho y discapacidad.

1. Accesibilidad Universal

Es un factor indispensable para la igualdad de oportunidades y en un criterio básico en la gestión de la acción pública, haciéndose prioritario tanto el análisis como la disposición de los medios necesarios para cumplir con los principios que inspiran los tratados internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad y nuestra legislación.

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