Principio de presunción de inocencia

ENSAYO.

Autor. Rommel Amores Velasco

Introducción

La aplicación del Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado propende a que los funcionarios y servidores públicos rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones y la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, cumpliendo sus funciones a cabalidad, dentro de un adecuado sistema de control interno que permita el logro de los objetivos institucionales. En base a los informes aprobados, la Contraloría determina las responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.

Desarrollo.

El articulo 38 de la ley orgánica de la contraloría general del estado, se basa en un principio fundamental de derecho constitucional que hace referencia a la presunción de la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, la presunción de inocencia, es un principio que se desarrolla a base del principio de legalidad y de ponderación, que dispone entre otras circunstancias, que nadie puede ser sancionado sin juicio previo, y que tampoco puede ser condenado ni privado de su libertad a quien todavía no ha sido hallado culpable del delito por el que se le acusa, en ese sentido se da por entendido que no es responsabilidad del imputado demostrar su inocencia si no que será en este caso el responsable y ejecutor de la auditoria realizada a un funcionario quien mediante un debido proceso y hallazgos arrojados de un proceso de auditoría determine si se cometieron o encontraron actividades de carácter culposo.

Referencia: Art. 38.- Presunción de legitimidad. - Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus servidores, sujetos a esta Ley, son legítimas, a menos que la Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare en contrario.

El articulo 39 de la ley orgánica de la contraloría general del estado, determina a la Contraloría y las unidades de auditoría, como base para la adecuada y oportuna formulación, presentación y aprobación de los informes que sustentan la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas, e indicios de responsabilidad penal, potestad exclusiva del Organismo Superior de Control. Para la determinación de responsabilidades de carácter culposo previamente deberá haberse sustentado en hallazgos o el incumplimiento a normas aplicables lo que deberá realizarse de forma motivada, En todos los casos, la evidencia que sustente la determinación de responsabilidades, a más de suficiente, competente y pertinente, reunirá los requisitos formales para fundamentar la defensa en juicio.

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