TUTELA VIVIENDA DIGNA

Señor

JUEZ MUNCIPAL – REPARTO

E.                S.                D.

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PEPITO PEREZ, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de …, identificado con Cédula de Ciudadanía No. … ,  con respeto acudimos ante ese Despacho en ejercicio de los derechos Constitucionales y legales contemplados en el Artículo 86 de la Carta Magna, y el Decreto 2591 de 1991, para instaurar ACCIÓN DE TUTELA, para solicitar la protección de nuestros derechos fundamentales en contra de la SECRETARIA DE GOBIERNO representada legalmente por el Doctor Andrés Felipe Aguirre Osorio o quien haga sus veces, por cuanto considero que se me está vulnerando el derecho fundamental DEBIDO PROCESO Y VIVIENDA DIGNA.

• RESPONSABLES DEL HECHO U OMISIÓN QUE MOTIVA LA ACCIÓN:

SECRETARIA DE GOBIERNO representada legalmente por su representante o quien haga sus veces.

HECHOS – ACCIONES Y OMISIONES

QUE MOTIVAN LA ACCIÓN

PRIMERO: En el mes de septiembre del 2016 empezamos a organizar y realizar mejoras a un lote ubicado …, toda vez que nos vimos en la obligación de construir una casa en material liviano para vivir; debido a nuestra situación económica que nos imposibilita adquirir una vivienda en condiciones dignas, por ser personas de escasos recursos.

SEGUNDO: A inicios del mes de diciembre del 2016 construimos dos casas en material liviano, con el fin de irnos a vivir junto a nuestras familias, toda vez que no teníamos en donde vivir.

TERCERO: El vienes 8 de marzo del 2017 fueron 2 funcionarios de la secretaria de gobierno acompañado de dos policías solicitando el desalojo de ambas viviendas argumentando que estábamos invadiendo.

CUARTO:  Me citaron a la secretaria de gobierno el día 13 de marzo del 2014 para exponer el por qué me encontraba allá, y ordenándome que tenía un término de 20 días calendario para evacuar y o desalojar con el fin de demoler y restituir el espacio.

QUINTO: A mi hermana …. la citaron a la secretaria de gobierno el día 19 de marzo del 2017 para exponer el por qué me encontraba allá.

SEXTO: Somos personas de escasos recursos, no tenemos los medios económicos para irnos a vivir en una casa arrendada, ni mucho menos adquirir

una; si me hacen desalojar nuestras viviendas nos quedamos sin en donde vivir con nuestros hijos y nuestras familias.

SEPTIMO:  La secretaria de Gobierno Municipal sin iniciar algún tipo de proceso, programó operativo para tumbar nuestras viviendas y por intervención de la personería se suspendió el operativo hasta tanto no se tuvieran los actos administrativos que ordenaran estos desalojos.

OCTAVO:  Para el día 13 del mes de marzo de 2017, ante la dirección operativa de la Secretaria de Gobierno Municipal, presenté los descargos y me     concedieron 20 días para evacuar o desalojar la vivienda amparados en la ley 1801 de 2016.

NOVENO:  Que el artículo 206 de la ley 1801 de 2016, atribuye competencias a los señores inspectores de policía y en el numeral 2, establece:

“Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación”.

DECIMO: Que el artículo 207 de la misma ley dispone:

“Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de Policía, según la materia”.

DECIMO PRIMERO: Que el artículo 29 de la constitución política, dice:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

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