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A. La corrupción y los conflictos de interés estructural

México se encuentra en crisis. Por encima y más allá de la pobreza escandalosa, la desigualdad y la exclusión social que han caracterizado al país durante décadas, ahora estamos se enfrentan a un nuevo reto: una profunda decadencia de

la fe en las instituciones de gobierno. A pesar de su falta de progreso en el ámbito de la justicia social, México tenía dado grandes pasos hacia adelante en la construcción de instituciones democráticas. El nuevo y el Instituto de Auditoría y Federal Supremo Federal de Acceso a la independencia Información son ejemplos brillantes de esto. La nueva Ley de Servicio Civil de Carrera (Código de la Función Pública) y la reciente aprobación en el Congreso de un reforma constitucional que institucionaliza el acceso a la información también son importantes pasos adelante.

Por desgracia, hay un agujero entre el diseño y el desempeño institucional.

No basta simplemente crear una nueva agencia gubernamental. También debe ser atendido con los líderes eficaces que tienen la visión y la capacidad suficientes para atacar los problemas en sus raíces. De lo contrario, la inercia de las estructuras operativas del antiguo régimen inevitablemente se cuela por la puerta de atrás y nos quedamos con elefantes blancos que, si se deja suelto, pisotear fácilmente las plántulas de la democracia.

En el panel anterior mis colegas examinaron y debatieron la problemática desempeño de las autoridades electorales durante las elecciones pasadas. Me dirijo mi atención a un área tan importante de la gobernabilidad democrática: el control de la corrupción.

El fenómeno de la corrupción sigue siendo un peso pesado en el país en casi todos niveles de gobierno. El último informe de Transparencia Internacional indica que casi la mitad de los mexicanos (43%) profunda desconfianza del gobierno anti- estrategias de corrupción. Estos ciudadanos no sólo creen que las estrategias oficiales son ineficaz, sino también están convencidos de que el gobierno y las autoridades públicas incitar directamente a las actividades corruptas. Soborno ha alcanzado niveles alarmantes. En 2006 más de una cuarta parte de todos los mexicanos (28%) se vieron obligados a pagar algún tipo de soborno.

Este número es muy superior al número equivalente para países como Perú, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Indonesia, Kenia y Sudáfrica.

Sin embargo, estos informes apenas arañan la superficie del problema. El verdadero problema no es tanto el soborno bajo nivel de los ciudadanos inocentes por policías, recolectores de basura y burócratas, sino la corrupción estructural que invade las funciones centrales del Estado. Los conflictos de interés abundan en los más altos niveles de gobierno. Superior los funcionarios no están obligados a retirar sus inversiones de inversiones problemáticas ni son

necesario para hacer pública su declaración de bienes. La ley no prohíbe pública

siervos de ser contratado directamente por los intereses que se supone deben regular hasta a través de un año después de dejar el servicio público, pero esto rara vez se hace cumplir y violación se considera una infracción administrativa leve. El reciente caso de la el ex secretario del Tesoro, Francisco Gil Díaz, nuevo trabajo de HSBC es un ejemplo de cómo la impunidad sigue gobernando en esta área brillante

En México, todo el sistema de educación pública se basa en una red de pagos

y el retorno de su dinero entre el sindicato de maestros, maestros, autoridades escolares y los padres. Según Calderón, el Subsecretario de Educación Primaria, Fernando González, es el hijo-en-ley del líder del sindicato de maestros corruptos. Conforme a la ley, respecto de la familia debe prohibirle la participación en las decisiones en relación con el sindicato. Pero en la práctica que opera libremente y sin restricciones.

El nuevo presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, es un militante del PAN y ha aceptado públicamente que él es un buen amigo de el presidente Calderón. Llegó con claridad en su puesto para asegurar una relación cordial entre el acceso a la agencia de información y el gobierno federal. Sin embargo, se ha negado rotundamente a excusarse de casos en los que su compromisos personales puedan entrar en conflicto con sus decisiones públicas. Un trate de uno de los otros comisionados del IFAI, Juan Pablo Guerrero, para promover un conflicto formal de código de interés dentro del IFAI se reunió con la derrota en la final de el año pasado.

Numerosas agencias regulatorias de México "independientes" son en su mayoría atendidos por nombramientos políticos o comisarios que tienen largas carreras dentro de la misma sectores que se supone deben regular. Es casi imposible encontrar a la sociedad civil líderes o expertos independientes en estos puestos.

La reciente conformación de la nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) es un ejemplo de ello. La nuevo presidente, Héctor Osuna, antes era un senador del PAN, casi sin experiencia en el área de las telecomunicaciones, pero que trabajó estrechamente con el gigante de medios Televisa para obtener la nueva ley de telecomunicaciones altamente problemática pasado. Los otros nuevos nombramientos incluyeron un Senador PRI que también tenía trabajaron en la reforma y otros relacionados tanto con Televisa y el otro gigante de los medios, TV Azteca.

B. La Secretaría de la Función Pública

El Secretario de la Función Pública (SFP), el organismo encargado de la prevención y la lucha contra la corrupción en el gobierno federal, no es en absoluto independiente de la rama ejecutiva y ha sido muy ineficaz. El Secretario, ahora Germán Martínez Cázares, es nombrado directamente por e informa al presidente, un

hecho que limita en gran medida su capacidad para luchar contra la malversación. El presupuesto de la SFP ha crecido significativamente en los últimos diez años. En el 2006, alcanzó 1,412,397,100.00 pesos (aproximadamente 141 millones de dólares). La SFP desempeña un papel absolutamente central en la profesionalización de los servidores públicos y la mejora de la prestación de servicios públicos. Es a la vez el encargado de dirigir y hacer cumplir el nuevo código de la función pública y la auditoría del desempeño del gobierno agencias.

Sin embargo, la SFP es un laberinto de diferentes áreas cada uno llevando a cabo similares actividades en un menos de manera totalmente coordinada. La Unidad de Auditoría Gubernamental es el lugar de las auditorías realizadas

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