ANALISIS DE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN LOS CASOS: SENTENCIAS DE LAS SALAS CONSTITUCIONAL Y ELECTORAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD JOSE MARIA VARGAS

FACULTAD DE DERECHO

NUCLEO CARACAS

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DECLINACION DEL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA

ANALISIS DE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN LOS CASOS: SENTENCIAS DE LAS SALAS CONSTITUCIONAL Y ELECTORAL

CARACAS, PRIMER SEMESTRE DEL 2016

ASESORES:                                                        REALIZADO POR:

Profesora ROSA LA MAIDA                                JOSE ENRIQUE VIVAS GONZALEZ                                                        C.I. 12507387

Profesor ALEJANDRO GALINDO

CASTRO

CARACAS, JUNIO 2016

INDICE

INTRODUCCION………………………………………………… 1

CAPITULO I…………………………………………………….....4

        Delimitación……………………………………………….. 6

        Justificación………………………………………………... 6

        Objetivos………………………………………………….....7

CAPITULO II…………………………………………………….....8

Marco Referencial

        Antecedente de la Investigación……………………………..8

        Bases Teóricas Sobre el Problema de Investigación………...10

        Base Legal…………………………………………………...13        

CAPITULO III………………………………………………………22

Marco Metodológico

        Tipo de Investigación………………………………………...22

        Nivel de la Investigación……………………………………..22

        Teorías e Instrumentos de Recolección de Datos…………….23

        Revisión Bibliográfica………………………………………..23

CAPITULO IV

REFERENCIAS…………………………………………………........24

INTRODUCCION

     La justicia en el transcurrir del tiempo se ha constituido una necesidad fundamental, ya que a través de esta los gobernantes han podido proteger los derechos de los ciudadanos, logrando así el desarrollo de las sociedades, tal ha sido el caso que dio cabida al nacimiento del Derecho como ciencia.

     En Venezuela la Administración de  la Justicia ha sido uno de los deberes fundamentales del Estado desde su nacimiento como República Independiente en 1811, para el cumplimiento de este deber el Estado ha tutelado la administración de justicia en uno de los poderes que lo constituye, el Poder Judicial, el cual ha establecido una organización jerárquica, la cual está precedida por lo que en un principio se llamó Corte suprema de Justicia, pero que con el transcurrir del tiempo fue objeto de varias transformaciones, dadas por las necesidades presentes en los periodos en que se dieron esos cambios, siendo la última de ellas la ejecutada con la reforma Constitucional del año 1999, donde se transformó en el Tribunal Supremo de Justicia.

     Esta institución se encuentra sometida a los lineamientos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), donde se establecen sus competencias y atribuciones, así como los procedimientos que debe seguir,  su norte es la resolución de conflictos que le han sido imposible de solucionar a los tribunales ordinarios y superiores, basados en sus competencias, en la Constitución, las leyes y la aplicación de los principios generales del Derecho, incluso en sus propias sentencias las cuales constituyen una de las fuentes del derecho en nuestro país, en pro de la salvaguarda de los derechos de los justiciables.

     Venezuela actualmente vive un fenómeno de trastorno social, donde una de sus peores causas ha sido la declinación del Estado en su responsabilidad de mantener el imperio de la Ley, siendo esto una consecuencia del control político que ha ejercido el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, cercenando así su autonomía, lo que ha derivado en una pérdida de la democracia en nuestro país.

     Toda acción antijurídica genera un perjuicio, por lo que la ley le impone un castigo a quien cometa dicha acción, pero cuando quien comete la acción antijurídica es el encargado de hacer cumplir la ley, produce un perjuicio más grave, hasta se podría decir que incurre en doble perjuicio, uno directo y uno indirecto,   pero más grave aún es que los autores de tal acto sean los funcionarios que ejercen los cargos jerárquicos más altos del Poder Judicial, porque esto trae como consecuencia la indefensión de los justiciables, violando así los derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

     Siendo las sentencias emanadas de las  Salas del Tribunal Supremo de Justicia, una fuente del derecho en nuestro país, incluso en el caso de la Sala Constitucional, se convierten en normas  de carácter sub-legal por ser vinculantes a todo el ámbito jurídico venezolano y de obligatorio cumplimiento, se convierten en instrumentos jurídicos de control poblacional y  cuando se comete una acción antijurídica en estas, se procura un perjuicio no solo al justiciable de la causa, sino a los futuros justiciables que busquen en este mismo tribunal la salvaguarda de sus derechos, tales son los casos de las sentencias 260-2015 de fecha 30 de diciembre del 2015; la sentencia 01-2016 de fecha 11 de enero del 2016 y la sentencia 09-2016 de fecha 01 de marzo del 2016.  

     Considerando que El Estado es el garante de la protección de los derechos de los ciudadanos y velar por la armonía y estabilidad jurídica del país y tomando en cuenta los aspectos antes mencionados se realizó la investigación.  Para abordar el tema se procederá bajo el siguiente esquema:

     Capítulo I. Incluye el planteamiento del problema, justificación, los objetivos a logra, definición de términos.

     Capitulo II.  Consta del marco teórico referencial, dentro del cual se encuentra los antecedentes y los fundamentos teóricos que la fundamentan.

     Capitulo III. Se especifica la metodología a aplicar así como el tipo de investigación.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

     Los Ordenamientos Jurídicos de los países de primer mundo han sido la calve para el desarrollo de los mismos, y para el cumplimiento de sus metas como sociedad. Metas económicas, sociales y de orden público, creando una cultura de respeto a la ley y a las autoridades, pero se preguntaran  ¿cómo se ha logrado esto?, cuando hay personas no pueden ceñirse a la legalidad y al orden que establecen los gobiernos a sus habitantes, la respuesta ésta en el ejercicio pleno del imperio de la ley, no solo para reprimir a la sociedad, o para limitar derechos motivados por el interés colectivo, sino también demostrando por medio de sus instituciones que los derechos de esos habitantes están garantizados y que pueden obtener verdadera justicia, al momento que acudan a sus instancias.   Que sin importar la condición social, económica, jurídica o  religiosa que detente la persona que haya cometido la acción antijurídica, esta recibirá el castigo que dicte la ley, que los Órganos de Administración de Justicia actuarán en estricto apego a la ley y a los principios que los rigen, a fin de obtener los veredictos y acciones más justas que reparen el perjuicio que produzca la acción antijurídica y que en momentos en que los funcionarios de los Órganos de Administración de Justicia sean quienes cometan la acción antijurídica y perjudicial, el estado por medio de los mecanismos que posea, reconozca su responsabilidad, castigue al o los responsables y repare el daño causado.  

     En Venezuela su Ordenamiento Jurídico es de carácter jerárquico y se encuentra encabezado por la Constitución, siendo este contrato social, el contentivo de todo lo concerniente a la creación, organización y funcionamiento del Estado; como también establece los derechos y deberes de los ciudadanos y los responsables de la protección de los mismos.   Así lo establece la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 7 el cual reza “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del Ordenamiento Jurídico.   Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”

        En este sentido, el Poder Público está compuesto por  los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral siendo el Tribunal Supremo de Justicia la más alta jerarquía del Poder Judicial.  Estos Poderes están compuestos por funcionarios públicos, que deben por ley obrar bajo principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010), en el Decreto con Valor, Rango y Fuerza de ley Contra la Corrupción (2014) y el Código Penal (2008), siendo parte de estos principios la honestidad, la participación, la celeridad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la ética, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, debiendo cumplir estos principios con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

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