Acceso a Servicios de Salud de Calidad

Ámbito

Estado de la cuestión

Solución 1 - Propia

Solución 2 - Externa

Socioeconómico.

Realiza una

valoración

económica y social de los costos y beneficios

de la política pública:

En el municipio de San Simón de Zahuatlán sólo existe un hospital pero no se encuentra en funcionamiento, además de que no está en condiciones de ser trabajado y no hay nada de personal para administrarlo y brindar los servicios necesarios.

Si se aplicaran nuestras propuestas, la población del municipio de San Simón de Zahuatlán tendrían una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo, no sólo a nivel físico pero también a nivel personal, porque al hacer que el hospital funcione y haya personal atendiendo, personas que no tienen muchos recursos o posibilidades podrían acceder a servicios de salud de manera fácil y efectiva, que tal vez no podrían tener de otra forma.

Se aplicaron 2 principios para guiar las reformas contenida en la Ley 100 de 1993 y para  generar competitividad entre las aseguradoras y entre las instituciones prestadoras de salud (IPS) para que los servicios que se ofrecían a la población fueran de mejor calidad y mucho más eficientes de lo que eran antes de esta propuesta. Y el presupuesto para los hospitales seguiría entregándose además de que podrían cobrar por los servicios que ofrezcan.

Ambiental.

Evalúa el impacto que

las propuestas generarán en el medio

ambiente

El municipio de San Simón de Zahuatlán se encuentra muy deteriorado debido a el manejo inadecuado de los recursos y el crecimiento desordenado de las zonas urbanas, según el plan municipal de desarrollo. (Sin autor, 2011).

Si se implementan las propuestas, y la población se distribuye de mejor manera y ocupan los recursos que se tienen de manera asertiva, habrá menos desechos y mucho más orden para el funcionamiento del municipio (mayor disciplina y claridad sobre qué hacer).

En el documento consultado no se especifica el costo ambiental que hubo en el país (Colombia) al implementar su propuesta.

Político.

Permite conocer los intereses y

el poder que tienen las personas, grupos u

organizaciones que estarían en contra o

a favor de las

propuestas de política

pública.

Después del 2010, ya no existen registros de los servicios de salud en el municipio de San Simón de Zahuatlán, además de que no se le ha dado la atención que se necesita y el gobierno e IMSS no se han encargado de mantener y hacer funcionar el hospital (IMSS) para brindarles el servicio necesario a los pacientes.

Si se implementan las propuestas, el gobierno y el IMSS quedarían muy bien al ojo público, no sólo de nuestro país pero también ante otros. Por lo que el IMSS tendría que ayudar a implementar la propuesta.

El costo político que hubo fue que los costos de nómina de los trabajadores se incrementó, aunque el país quedó mejor ante la población de Colombia en general.

Legal.

Verifica si las soluciones propuestas contravienen a la Constitución, la normatividad o reglamentos específicos

Evaluando la ley general de salud pública y su ámbito de acción en nuestro país, determinamos que a pesar de que la clínica que existe es del IMSS, quien debería tener una infraestructura de salud es la Secretaría de Salud Pública en conjunto con las secretarías de salud locales, por lo que se detecta que no se cumplen las normatividades ya existentes ni en intención para cubrir las necesidades de salud en general y en específico en la población del municipio de San Simón de Zahuatlán.

Si se implementa nuestra propuesta, no estaría rompiendo ninguna ley o haciendo algo ilegal, al contrario, sería fortalecer la ejecución de las leyes ya existentes para brindar el mejor mejor servicio posible a la ciudadanía, ya que, como se menciona en el artículo 1º de la Ley General de Salud “La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.” (Gobierno de México, SF).

El costo de esto podría ser negativo para algunos malos servidores públicos en donde se les apercibe de alguna acción con alguna sanción en contra de ellos, pero al mismo tiempo el gobierno tendría una mejor imagen ante la ciudadanía, y sobre todo ante las personas más desprotegidas. Por lo que, el gobierno debería de implementar nuestra propuesta.

En Colombia se han implementado dos leyes importantes para apoyar nuestra política pública desde hace dos años (2018) que son la ley 1929 que se “modifica temporal y parcialmente la destinación de un porcentaje de los recursos del fondo de solidaridad al fomento de empleo y protección… y el cumplimiento de condiciones financieras” (Minsalud, 2018).

Y la segunda ley (1917) Donde se reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones (Minsalud, 2018).

Estas leyes nos apoyarían en que algún porcentaje del presupuesto destinado a la salud pública pueda ir a los financiamientos de las residencias de los estudiantes de medicina que hagan las prácticas que les corresponden de acuerdo a su carrera, para que ambos se beneficien. Teniendo en cuenta que los estudiantes tendrán más experiencia en ese campo, y el municipio tendría más ayuda de la que tiene ahora.