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Conduciendo El Transporte público: La Licitación De Recorridos En Santiago*


Enviado por   •  14 de Octubre de 2013  •  5.275 Palabras (22 Páginas)  •  309 Visitas

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recorridos en Santiago*

Ricardo Sanhueza y Rodrigo Castro

Ricardo Sanhueza, profesor asistente del Departamento de Economía de la

Universidad de Chile. Diagonal Paraguay 257, piso 15, Santiago.

Fax: (56-2) 678 3413. Correo electrónico: rsanhuez@decon.facea.uchile.cl

Rodrigo Castro, alumno graduado del Programa de Doctorado de Georgetown

University.

Fax: (1-202) 687 6102. Correo electrónico: castrosr@gusun.georgetown.edu

* Este trabajo fue desarrollado por los autores en el marco del estudio “Private

Participation in Infraestructure Projects: Determinants of the Observed Contractual

Arrangements” de la Red de Centros del Banco Interamericano de Desarrollo.

Las opiniones contenidas en este estudio son de exclusiva responsabilidad de

los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de esta institución.

Los autores agradecen los comentarios de José Miguel Sánchez, Ricardo Paredes,

los participantes de la Red de Centros y del editor de la revista.

-Sanhueza y Castro: Conduciendo el transporte público: la licitación de recorridos en Santiago

Perspectivas 218

1 Decreto N° 320 de noviembre de 1979.

2 Decreto N° 100 del 29 de septiembre de 1982.

l transporte público urbano es una actividad relevante por su importancia

económica y su impacto en el nivel de bienestar de la población. Además, es una

función esencial para el desarrollo de las actividades. La población destina parte

importante de su tiempo a viajar dentro de las áreas urbanas y percibe en forma muy

directa los impactos asociados al funcionamiento del sistema, como la accesibilidad,

costo, seguridad y contaminación (Gómez–Ibáñez y Meyer, 1993).

Hasta 1975, el transporte público estaba completamente regulado. El Estado

tenía un control total en la determinación de recorridos, tarifas, frecuencias y demás

servicios. A partir de ese año comenzó un proceso de liberalización del mercado,

caracterizado por malos servicios, una red insuficiente y tarifas relativamente altas

(Figueroa, 1990). Las medidas de liberalización se manifestaron en una mayor libertad

de acceso a los recorridos, a pesar de mantenerse el requisito de una autorización

estatal para operar. El Estado fijaba la tarifa máxima.

Entre 1979 y 1982 se profundizó la desregulación del sector. Esta se caracterizó

por la liberalización de tarifas, el libre acceso a recorridos y frecuencias y, en general,

una amplia libertad para que los privados determinaran la forma de operación de la

industria1 . Durante este período, el parque de vehículos se expandió en forma

considerable, lo que repercutió en el deterioro de los niveles de congestión en el

servicio de transporte, junto con comenzar a evidenciarse un grave daño ambiental.

Esto condujo a interrumpir el proceso de desregulación entre 1982 y 1988. El

Ministerio de Transportes volvió a tener una mayor discrecionalidad en las

autorizaciones de recorridos y en la reglamentación para la utilización de las calles

céntricas, junto con dictar normas acerca de la antigüedad de los equipos que se

podían operar2 (Fernández, 1994).

E

INTRODUCCIÓN

-Sanhueza y Castro: Conduciendo el transporte público: la licitación de recorridos en Santiago

Perspectivas 219

El proceso de desregulación se retomó en marzo de 1988, fecha en que se

decretó la total libertad de recorridos y se eliminaron las autorizaciones del Ministerio

de Transportes para operar. Sólo se mantuvo el límite de antigüedad para los vehículos.

Por lo tanto, cualquier operador podía desempeñarse sin restricción sobre tarifas ni

recorridos, siempre que su vehículo cumpliera con la revisión técnica y las normas

de emisión.

No obstante, hacia comienzos de los años ‘90, las condiciones de operación del

sector se deterioraron. Durante la última década se duplicó el parque de vehículos de

la locomoción colectiva y se agudizaron los efectos externos asociados a la congestión

de las vías y a la contaminación. A pesar de liberalizar la entrada a la industria, las

tarifas aumentaron más del doble en términos reales, producto de que el cartel de

operadores logró fijarlas en un nivel que aseguraba una alta rentabilidad. Esto, a su

vez, incentivaba la entrada de nuevos operadores y ejercía una mayor presión por

tarifas más altas3 (Fernández, 1994).

En este escenario, se propuso un cambio de política para el sector. Se seleccionó

el instrumento de la licitación de recorridos para establecer un marco reglamentario

que definiera las reglas del juego que deberían cumplir los operadores privados para

ofrecer servicios de transporte

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