Construccion De Una Memoria Crituca

Apuntes para la construcción de una memoria crítica

Secretaría de derechos Humanos, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

(Material distribuido para su trabajo en las Escuelas- 24 de Marzo de 2008)

http://abc.gov.ar/

http://www.sdh.gba.gov.ar/apuntes/index.html

A- Los años previos al golpe

Luego de 18 años en que el sistema político alternó dictaduras y democracias con el peronismo proscripto, el 11 de marzo de 1973 se realizaron elecciones en las que triunfó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). En dichos comicios se impuso la fórmula Cámpora – Solano Lima con el 49 % de los votos.

El nuevo presidente contaba con el apoyo, además de los sectores democráticos de la sociedad, de la juventud peronista. Este era el sector que mayor protagonismo y crecimiento había tenido durante la campaña electoral.

Esto llevó a la formación de un gabinete heterogéneo que expresaba todas las tendencias del peronismo, desde las más progresistas hasta las más conservadoras. Circunstancia que tarde o temprano debía derivar en profundas contradicciones.

Héctor Cámpora asumió el gobierno el 25 de mayo de 1973. Los días subsiguientes tuvieron fuerte contenido movilizador: hechos como el “devotazo” (liberación de presos políticos de la cárcel de Devoto) y las tomas de establecimientos públicos encabezadas por los sectores juveniles de distintas extracciones para evitar las políticas “continuistas” de la dictadura, llevaron a los sectores más conservadores del gobierno a planificar una contraofensiva.

El 20 de junio de 1973 se concreta el regreso de Perón, millones de personas se movilizan a recibir a su líder después de 18 años de exilio y proscripción. En este marco la derecha peronista organiza un ataque sobre las columnas de miles de personas. Se produce un enfrentamiento, cuyas víctimas totales todavía se desconocen. Perón no desciende en Ezeiza.

Cámpora renuncia el 13 de julio de 1973 y asume la presidencia Raúl Lastiri, yerno de López Rega. En octubre se realizan nuevas elecciones y asume la presidencia Juan Domingo Perón, luego de ganar con el 62% de los votos.

A esta altura, el frágil equilibrio interno del gobierno es socavado por la crisis económica internacional que aumenta los niveles de conflictividad laboral. El crecimiento de la inflación y los reclamos obreros daban cuenta de la gravedad de la puja distributiva.

Esta situación derivó en el quiebre del 1 de mayo 1974 cuando la juventud peronista se retira de la Plaza de Mayo, luego de que Perón respondiera con reprimendas los cánticos ofensivos hacia su esposa.

Tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón, ocurrido el 1º de julio de 1974, asumió la presidencia su viuda Isabel Martínez. Al frente del Ministerio de Bienestar ubicó a José López Rega, y como Ministro de Economía designó a Celestino Rodrigo.

López Rega, que acabaría abandonando el país el 19 de julio de 1975, fue el mentor de la “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) organización parapolicial que a partir de 1973 persiguió y asesinó a luchadores sociales que ellos mismos catalogaban como “enemigos de la patria”.

La represión hacia los sectores progresistas aumentaba. La reforma del Código Penal criminaliza a las organizaciones sociales que sostenían reclamos disidentes. Según los organismos de Derechos Humanos de nuestro país, se estiman en 2000 las víctimas del accionar de la "Triple A".

Celestino Rodrigo fue quien impulsó el plan económico que consistió en devaluar el peso llevando la paridad respecto del dólar estadounidense. Como consecuencia el valor de la electricidad trepó entre un 50 y un 75%, la nafta entre el 172 y el 181% y el promedio del incremento de las tarifas públicas fue del 100%.

A estas medidas le siguió una segunda devaluación del peso y un descenso de reservas internacionales que cayeron un 50% entre diciembre de 1974 y junio de 1975.

La recesión que siguió a la aplicación de estas medidas implicó el final de 11 años consecutivos de crecimiento y un fuerte intento de liberalizar el capital extranjero para así licuar deudas del sector privado, idea impulsada fundamentalmente por Ricardo Zinn, banquero y viceministro de economía, quien acuñó la frase utilizada asiduamente luego del golpe de Estado de 1976: "Achicar el Estado es agrandar la Nación"

El plan económico limitó además los incrementos de salarios por paritarias a un 38%, posteriormente se elevó al 40%. La CGT llamó a un paro general de 48 horas y el 21 de julio, tras 49 días al frente del Ministerio de Economía, Rodrigo renunció a su cargo y huyo del país.

La huída de Celestino Rodrigo no consiguió evitar que pasara 4 años en prisión por irregularidades en su gestión. Zinn en cambio se convirtió en funcionario del gobierno militar primero y del gobierno de Menem después.

La situación de violencia política y descontento económico reinante favoreció a los sectores que concentraban la riqueza y cuyos intereses eran opuestos a los de la mayoría. En este contexto los militares irrumpieron el orden democrático en nuestro país.

B- La Dictadura Militar

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se levantaron contra el orden constitucional, derrocando a la entonces Presidente: María Estela Martínez de Perón.

El golpe de Estado contó con el apoyo de diferentes sectores civiles. Especialmente con el de aquellos grupos que necesitaban eliminar las fuerzas sociales desarrolladas durante las últimas décadas para llevar adelante un determinado proyecto económico y político.

De este modo asumió las funciones de gobierno una Junta Militar compuesta por los comandantes de las tres fuerzas armadas: el General Jorge Rafael Videla, por el Ejército, el Almirante Eduardo Emilio Massera por la Armada, y el Brigadier Orlando Ramón Agosti, por la Fuerza Aérea.

Videla pasó a ejercer las funciones de presidente de la Nación. Por sobre la Constitución y las leyes la Junta promulgó el Estatuto de lo que llamaron Proceso de Reorganización Nacional.

La Junta Militar se erigió en órgano supremo del Estado y declaró que no tendría “plazos, sino objetivos”: reestructurar el Estado y la sociedad.

Atendiendo a este objetivo prohibieron el funcionamiento de los partidos políticos, intervinieron los sindicatos de los trabajadores, negaron el derecho de huelga, disolvieron la central que agrupaba a los empresarios nacionales, la Confederación General Económica (CGE), y declararon el “estado de sitio permanente”. Los medios de comunicación fueron puestos bajo control militar, y el gobierno emitía periódicamente “comunicados” a través de los que se daba a conocer sus decisiones y posicionamientos.

Los militares anunciaron que venían a “salvar la patria”, argumentando que estaban en crisis los cimientos de una sociedad “occidental y cristiana”.

En la lógica de la dictadura, la lucha social y la movilización popular eran entendidas como manifestaciones del avance mundial del comunismo que se filtraba desde el exterior. Este modo de pensar respondía a la lógica que imperó durante la “Guerra Fría” dividiendo al mundo en dos bloques -el occidental liberal y el soviético comunista- y sirvió de apoyo a la “Doctrina de Seguridad Nacional”, impulsada por los Estados Unidos para impedir en América Latina cualquier manifestación que pudiera ser entendida como pro-soviética.

Bajo estos argumentos se impuso el “Terrorismo de Estado”, que significó un plan sistemático, clandestino e ilegítimo de represión para "neutralizar y aniquilar" a los considerados "subversivos". Este plan fue diseñado y ejecutado desde el propio Estado. La desaparición forzada de personas como metodología del terror, no sólo buscó eliminar a quienes estaban más comprometidos con las luchas populares, sino imponer pánico a la población en general.

El discurso ideológico que sostuvo este plan fue la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”, de influencia francesa y norteamericana. Desde 1946 la Escuela de la Américas fue un centro de formación de dictadores encargado de difundir esta doctrina.

La imposición violenta de esta doctrina en la mayoría de los países latinoamericanos sirvió como apoyo a una política de “cooperación del terror” que luego fue conocida como “Plan Cóndor”. De este modo las dictaduras del Cono Sur se apoyaron mutuamente en sus políticas de persecución, desaparición y asesinato de miles de personas.

La reorganización pretendida por la alianza civil y militar consistía en la instauración de un nuevo modelo de país. Para su consolidación debían ser silenciados los reclamos populares formulados ante la pérdida de los derechos conquistados a través de los años. Fue así que las acciones del “Proceso de Reorganización Nacional” entendían a cualquier opositor a este proyecto político y económico como “subversivo" o "marxista", argumento sobre el cual se sostuvo la política de exterminio.

Con el propósito de combatir toda forma de organización política y social, y con el pretexto de que se libraba una “guerra sucia”, el gobierno militar secuestró a miles de personas y las condujo a más de 500 centros clandestinos de detención donde fueron torturados

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