Desigualdades en la educacion desde la antropologia

La inequidad de ingresos entre establecimientos públicos y privados, en principio está fundamentada en que sólo el Estado proporciona financiamiento a los colegios municipalizados, dependiendo de la cantidad de alumnos en cada establecimiento, en cuanto que, con la privatización, los colegios particulares subvencionados reciben ingresos de las familias tanto como del estado, y los colegios particulares pagados adecúan los montos a cobrar en cuanto a sus requerimientos. Sin embargo, hay una base mucho más sólida que acoge lo antes mencionado, y es el DECRETO 327 de 2020 que establece que los padres tienen el derecho y deber de educar a sus hijos, junto con escoger el establecimiento de enseñanza que estimen conveniente para ellos. En dicho sentido, la cantidad de recursos destinados a educación se distribuirán según las preferencias y posibilidades de los estudiantes y sus familias a la hora de elegir. En base a esto, es notable que las actuales preferencias van en descenso de los establecimientos públicos, y esto lo evidencia Huidobro al señalar que:

“El peso de la matrícula municipal en la matrícula total viene bajando desde el inicio de la municipalización. En 1982 la matrícula de las escuelas municipales representaba el 75.3% de la matricula total del sistema escolar. Con la instauración del sistema de pago por subvención a la demanda, se produce en los años ochenta un aumento importante de la educación particular subvencionada y, en 1990, la ponderación de la matrícula municipal ya representaba el 58.4 % de la matrícula escolar. Durante los noventa pierde peso en forma constante, pero lenta y en el 2000 equivale al 54.2% de la matrícula.” (2011, p. 6).

De tal información se desprende que efectivamente, las familias están optando por dejar la educación pública, y, por tanto, los recursos para educación están dejando de concentrarse en ella. De hecho, con respecto a la diferencia de ingresos, Kremerman evidencia que:

“A pesar de ser Chile uno de los países con mayor gasto total en educación, un 48% de ese gasto proviene del sector privado (familias chilenas), siendo el país que tiene un mayor nivel de gasto privado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB^[1]) y uno de los países con menor gasto público en educación. El gasto privado en educación como % del PIB sería casi cinco veces más alto que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (2009, p. 76).        

En este sentido, al estar los recursos en mayor cantidad en colegios particulares subvencionados y particulares pagados, tienen mejor oportunidad de ofrecer una mejor entrega de contenidos, debido a que pueden invertir más en sus propuestas educativas. Directamente relacionado a esto, la base empírica que fomenta la desigualdad de entrega de contenidos entre públicos y privados se encuentra en el Decreto con Fuerza de Ley, DFL N.º 4002 de 1980 (actual DECRETO 40 de 1996), que autoriza la eliminación de alguna asignatura en los establecimientos por imposibilidad de cobertura debido a causas económicas, esto bajo la premisa de considerar los diversos contextos sociales y diferentes recursos económicos presentes en las variadas zonas del país en la educación general básica. La última modificación a este decreto fue en 2015, y plantea los contenidos mínimos obligatorios para la enseñanza de 7º año básico a 2º año medio (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile). Así, se establece una diferencia importante de la entrega de contenidos dependiendo de la cantidad de ingresos de los establecimientos, ya que los particulares pagados y particulares subvencionados al tener mayores ingresos que los municipalizados, tienen la capacidad de invertir más en sus propuestas educativas, volviéndose así el currículo y los contenidos mínimos obligatorios sólo un mínimo para ellos, mientras que los públicos deben hacer lo posible para abarcarlo a su totalidad, afectando así a la visión social que tenemos de la calidad de los colegios, y los resultados globales de pruebas estandarizadas de medición de contenidos.                                

Esta situación de diferencia de ingresos entre los distintos establecimientos, y por tanto de inequidad en la entrega de contenidos, genera lo que para Bourdieu sería la diferencia entre capitales culturales, ya que, el sistema educativo privado ofrece una formación más completa que el sistema de educación pública, y que, dependiendo de la capacidad de las familias para elegir el tipo de establecimiento, generará la diferencia de capitales culturales que impedirá o favorecerá a los alumnos ingresar a la educación superior y la profesionalización, generando una cultura para los estudiantes de colegios privados, y otra para los de colegios públicos. (Feito, 2001).

En base a esto, se vuelve visible que se vive una situación de segregación en la educación chilena, que refleja las desigualdades del país, generando escuelas para pobres y ricos que, dependiendo de la situación socioeconómica para el ingreso a ellos, afectará a las oportunidades de los niños y niñas en su futuro.

Esta segregación de la educación se refleja en que, en general, los estudiantes más vulnerables asisten a establecimientos municipales, mientras que los establecimientos pagados acogen casi exclusivamente a estudiantes de altos ingresos, lo que se logra desprender de los datos de la Agencia de Calidad de la Educación, recuperados por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, y que pasamos a mostrar a continuación:

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Como se observa en la tabla n°1, la concentración en porcentaje de estudiantes de los grupos socioeconómicos bajo y medio bajo es en establecimientos municipales, aquellos ubicados en los sectores medios asisten a colegios particulares subvencionados y los estudiantes de grupos socioeconómicos altos van mayoritariamente a establecimientos particulares pagados. Es decir, la estructura social chilena tiende a reproducirse al interior del sistema escolar, rectificando la segregación educacional en Chile.

Tal desigualdad también se agrava y se hace más notoria en el hecho de que los mejores resultados académicos se vinculan a establecimientos de carácter privado, generando una suerte de diferencia de calidad educativa que se refleja en evaluaciones de medición aprobadas por el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC^[2]), como el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE^[3]). Esta evaluación, mide los contenidos dentro del currículum escolar, propuestos por el Ministerio de Educación y, gracias a esta herramienta, se evalúa si los estudiantes han asimilado las distintas temáticas según su nivel escolar y si han desarrollado las habilidades necesarias para responder adecuadamente el examen.

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