Digitalización del sector público; uno de los efectos de la pandemia de la COVID-19

Digitalización del sector público; uno de los efectos de la pandemia de la COVID-19

Durante el último lustro, la administración pública en México llevó con escepticismo la digitalización de su trámites y servicios, este panorama cambio y se vio acelerado en el 2020 por la necesidad de anteponerse a la nueva normalidad ocasionada por la COVID -19 (Tamayo, 2021).

En este sentido, durante la pandemia resaltaron un sinfín de áreas de oportunidad en la gestión de trámites de las dependencias públicas, que limitaban a los habitantes a dar continuidad a los trámites iniciados previo a que fuera declarada la pandemia, evidenciando el rezago digital de las dependencias, empresas y  gran parte de la población que derivó en la vulnerabilidad digital causada por el escaso apoyo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (CEPAL, Datos y hechos sobre la, 2021).

Con respecto a lo anterior, la administración pública se vio en la necesidad de revolucionar sus trámites y procesos a través de herramientas digitales para continuar con el desarrollo de sus actividades, varias de ellas de carácter económico y no detener del todo al país, impactando en la continuidad del progreso social, crecimiento económico, mayor confianza y un evidente avance en lo que a tecnología concierne en la administración pública (Gaido, 2020).

En este sentido, se entiende que la transformación digital es un proceso gradual y de esfuerzo continuo del cual derivan mejoras a los servicios públicos para la promoción de la participación de los ciudadanos, la transparencia de la gestión y la construcción de mecanismos que eviten actos corruptos (Aguirre, 2021).

Sin embargo, considerando ese salto en la era digital que le ha quitado 10 años al rezago que tenía el país, es importante no vanagloriar esta importante recuperación e implementar políticas y de ser necesario reformas que permitan el contante avance en las áreas de Innovación y Desarrollo trayendo consigo avances tecnológicos, las economías digitales son más dinámicas y ascendentes y traen consigo mejores condiciones de vida a la ciudadanía (Cabral & Rodríguez, 2020).

Los términos “digitalización” y “transformación digital”, se han utilizado como sinónimos, sin embargo, también se ha concebido como resultado de estos dos, el de “tecnologías digitales”, siendo su principal característica que es un factor relevante como impulsor del desarrollo social y el progreso económico de las naciones, asegurando beneficios en los tiempos de gestión a los ciudadanos. Con respecto a esto se resalta la conveniencia de digitalizar los servicios también en beneficio desde el punto de vista de eficiencia y reducción de costos para la administración pública, así mismo, se redefine la forma de interactuar y comunicarse con los ciudadanos (Merguel, Eddelman, & Haug, 2019).

Tomando como base que los países avanzados económicamente, también lo son en cuestiones digitales, las expectativas sobre una evolución digital para los países emergentes como lo es México van más allá de digitalizarse, la expectativa debe estar en función a innovar la gestión y lograr desarrollo, sin embargo, a pesar de este entusiasmo, aun es complicado poder  medir los beneficios que ha traído, lo que imposibilita evaluar oportunamente sus resultados e impacto (Zavala, 2021).

Como lo hemos abordado, la evolución tecnológica ha llegado tarde a muchas áreas del sector público: los servidores, en su mayoría, han desarrollado sus habilidades fuera de él, por lo que la transformación digital en el ecosistema público se ha facilitado gracias a la capacidades y conocimientos que se adquirieron en el sector privado, así que si los organismos públicos contaran con lo necesario para que los empleados se adapten al entorno tecnológico, es muy probable que la transición sea amigable, pues gran parte de sus integrantes, cuentan con lo necesarios para la migración digital (SOLÉ, 2021).

Algunos retos a los que se enfrenta el sector público ante el proceso de digitalización son (e-Administración, 2019):

• La vulnerabilidad existente de los servidores que puede convertirse en robo o mal uso de los datos de los ciudadanos. No podemos olvidar que el sector público maneja datos sensibles y bastos de la población. Ante este hecho, la administración debe estar preparada para blindar sus sistemas informáticos para que, ni desde dentro, ni tampoco desde fuera, se pueda llegar a hacer un uso fraudulento de los datos que todos los ciudadanos ponen a su disposición.
• Los empleados operativos en la administración pública suelen pasar mucho tiempo en el mismo cargo, realizando tareas rutinarias, esto es un arma de doble filo: por un lado, se vuelven expertos en sus funciones trayendo consigo pocos errores, pero también les vuelve renuentes al cambio, al dominar la actividad que realizan, consideran innecesario modificar los procesos, lo cual no es apto para el contexto digital.
• La renuencia es uno de los principales retos, pues el sacar a los empleados de la zona confort que han logrado una vez que dominan sus actividades limita que tengan una actitud abierta y receptiva, factor primordial para la utilización de las nuevas tecnologías.
• La implementación de avances tecnológicos, como el de cualquier modificación en los procesos implica recursos económicos y humanos. Una de las principales limitantes, sobre todo en épocas de crisis como la que atravesamos, es evidente que el sector público no ve como una prioridad este tema. Esto puede suponer un freno a las propuestas más ambiciosas e innovadoras, y no solo de transformación digital.
• Los responsables de liderar los proyectos no siempre son los más adecuados. Es común observar carencia de competencias y de experiencia para poner en marcha proyectos innovadores. Para implementar este tipo de proyectos es necesaria la colaboración entre empresas del ramo y profesionales del sector público, con el fin de crear sinergias que permitan un aprendizaje y colaboración bidireccional.

Además, logra que estos estigmas sean eliminados y una transición de forma progresiva y estable, no garantizará la protección de los datos de la ciudadanía ni la eficacia en las gestiones, sin dejar de lado la necesidad de formar e informar debidamente a los que serán los usuarios de estas tecnologías en sus múltiples opciones.

Para reducir el impacto de la brecha digital, al inicio de la pandemia, se presenta un decálogo de recomendaciones a las naciones (CEPAL, Las oportuidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19, 2020):

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