El regreso de la violencia institucional

El regreso de la violencia institucional.

Tras las explosivas y masivas manifestaciones sociales en Chile, hemos visto que la respuesta por parte del Estado ha sido altamente represiva desde aquel 18 de octubre, generando una profunda preocupación en los ciudadanos, instituciones de salud, como también, en los diversos organismos encargados de monitorear aquellos casos graves de abusos a los Derechos Humanos, los cuales han puestos sus esfuerzos por tratar de establecer la veracidad de las denuncias hechas por los afectados, con el fin de poder realizar recomendaciones al Estado respecto de su actuar.

De aquella preocupación, se han publicado categóricos informes no solamente de los observadores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también lo realizó Amnistía Internacional y el último informe publicado recientemente  fue el realizado por la organización Human Rights Watch, el cual señala que miembros de la policía nacional de Chile cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detenciones”. Este informe cuenta en detalle que hubo uso indiscriminado de armas de fuego, lesiones graves causadas en las detenciones, abuso sexual, tortura y falta de información clara respecto de los procedimientos.

A todas luces, estamos frente a una exagerada violencia institucional, entendiendo a esta de acuerdo a la definición entregada por Amnistía Internacional, como:

“la acción u omisión de organismos del Estado en cuanto a proteger y garantizar a los ciudadanos, el ejercicio pleno de sus derechos humanos. De conformidad con nociones aceptadas internacionalmente, este tipo de violencia supone la existencia de tres componentes:

1.- Prácticas tales como el asesinato, aislamiento, tortura, etc.;

2- Perpetradas por funcionarios públicos  (que actúen o “se hagan los locos”);  y

3.-Contextos  donde persisten restricciones a la autonomía y la libertad de los ciudadanos.

Desde sus componentes, podemos definir la violencia institucional como “prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención,  encierro, custodia, guarda, internación, etc.)”.

Al parecer nos enfrentamos nuevamente a una crisis inédita de violación a los Derechos Humanos en Chile, pero aún más inadmisible es ver que la lección que dejaron los delitos de lesa humanidad perpetrados en la dictadura de Augusto Pinochet, no fueron aprendidas y hoy han revivido al fantasma de la violencia de Estado, la cual tiene como consecuencia años de dolor sin reparo, ni justicia hacia millones de familias chilenas. Hoy nuevamente nos encontramos con ciudadanos fuertemente agredidos, otros que ya no están para contarnos su historia, y muchos casos de personas mutiladas, sin discriminación de edad, ni grupo social, con efectos traumáticos que quedaran como un negro legado a las futuras generaciones, debilitando además la legitimidad de la democracia e instaurando el terror y odio hacia las fuerzas públicas e incluso entre los propios ciudadanos.

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