Violencia De Las Instituciones Judiciales

Introducción

“El buen funcionamiento de la justicia en cualquier lugar, no solamente es garantía de tranquilidad sino indudable factor de progreso. Cuando sus servicios acusan lentitud, desorganización y fallas operatorias, los intereses de la comunidad se sienten amenazados y se desestimula el impulso creador de la comunidad entera”.

El sistema judicial necesita un cambio social donde se necesita la participación de los habitantes de un país que muestren disposición para denunciar negligencias y colaborar en la formulación de soluciones. Sin embargo, las personas han perdido la confianza en la rama judicial de tal manera que han dejado de usarlo, resignándose a la impunidad o tomando la justicia por sus propias manos.

En este Documento, se pretende hacer un acercamiento al flagelo de la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por parte de las Instituciones Judiciales en Colombia.

Marco Histórico

La Constitución Política de Colombia, dispone:

“ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.”

La ONU adoptó el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1.991).

La Constitución Política de Colombia, expedida en 1991, adoptó los lineamientos de la Convención incluyendo un catálogo de derechos de los niños y otorgándoles un status superior frente a los derechos de los demás.

El 8 de noviembre de 2006, se dicta en Colombia la Ley 1098 de 2006 (Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia), en el que, para interés de este documento, se nombra de forma taxativa quienes son los competentes para las diversas situaciones a los que nuestros niños, niñas y adolescentes se ven involucrados, por ejemplo, los defensores de familia y comisarios de familia como las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos , y el juez de familia como el principal actor en los procesos en los que, de igual forma resulten involucrados los menores.

Definición

Se define al maltrato institucional o maltrato social como: “cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión de los poderes públicos o derivada de la actuación individual del profesional o funcionario de las mismas que comete abuso o negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño o de la infancia, con lo que se convierte en dobles víctimas primero de golpes, negligencia y humillaciones directas, después por las acciones u omisiones de las instituciones o los profesionales en estas”.

El concepto IURA NOVIT CURIA (es una aforismo latino, que significa literalmente “el juez conoce el derecho”), se traduce entonces: cuando los derechos de los Niños son ignorados en todo pleito judicial, es deber del juez reconducir al proceso para que los mismos no sean evadidos, procurar su inclusión y como acatamiento en forma fehaciente.

Los niños y niñas constituyen un grupo de población especialmente vulnerable ante las agresiones, provocadas generalmente por adultos. Por ser niños, son más vulnerables, física y psíquicamente ante la violencia. El problema fundamental es la ausencia de protección frente a estas agresiones de las que son víctimas y el hecho, de que los círculos que deberían proporcionarles esa protección son justamente los que provocan la violencia, (la familia, la comunidad, la escuela y lo más preocupante el propio ESTADO).

El artículo primero de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho. Con base en ello, se le debe dar un trato preferencial a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad o están impedidos para participar en igualdad de condiciones, de conformidad con el artículo 13 de la misma Constitución. Es claro que en el caso de los niños y de las niñas se presentan las dos condiciones, hecho que los hace acreedores a especial protección por parte de su mismo núcleo familiar, de la comunidad y finalmente del Estado representado en las autoridades públicas.

Los principios de protección especial y de superior interés del menor, así como los derechos, ya reconocidos en el plano legal y en los convenios internacionales, se Elevan a nivel constitucional y se los dota de prevalencia "sobre los derechos de los demás". La consideración del niño como sujeto privilegiado de la sociedad produce efectos en distintos planos. La condición física y mental del menor convoca la protección especial del Estado y le concede validez a las acciones y medidas ordenadas a mitigar su situación de debilidad que, de otro modo, serían violatorias del principio de igualdad.

"La coordinación de derechos y la regulación de los conflictos que entre éstos se presenten en el caso de que se vea comprometido el de un menor, debe resolverse según la regla pro infans (Constitución Política art.44). Se observa que el trato especial que se dispensa al niño, lejos de ser un intento de conferirle protagonismo, no es otra cosa que un ensayo de igualación que realiza el mismo Constituyente: como el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que pidan por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando entren en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente su prevalencia.

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